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La remoción de vegetación forestal en el Proyecto Malecón Turístico Tajamar Cancún se realizó dentro de la legalidad gracias a la autorización en materia de impacto ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así lo concluyó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El organismo afirma que analizó exhaustivamente los 16 términos y 3 condicionantes señalados en dicha autorización, así como las 65 medidas de prevención y mitigación establecidas en la Manifestación de Impacto Ambiental, cuyo cumplimiento fue acreditado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Aseguró que también tomó en cuenta pruebas ofrecidas dentro de las mil 188 denuncias interpuestas ante la delegación de la Profepa en Quintana Roo por ciudadanos denunciantes en relación a la presencia de fauna silvestre en el lugar previo al desmonte.

Estas denuncias sirvieron para robustecer el análisis del organismo, tras lo cual ordenó a Fonatur realizar el rescate total de fauna, mismo que no pudo concluir por la oposición de algunos grupos de personas apostados en el lugar manifestándose contra el proyecto.

La Profepa indicó que la autorización del Fonatur para dichas obras quedó sin efecto, sin embargo, los nuevos propietarios de los terrenos podrán tramitar nuevas autorizaciones ante la Semarnat, para continuar con el retiro de vegetación y realizar actividades inmobiliarias en la zona.

Tras los trabajos de desmonte realizados la madrugada del 16 de enero pasado, la Semarnat defendió las obras asegurando que desde julio de 2005 otorgó autorización en materia de Impacto Ambiental, es decir en la administración de Felipe Calderón.

Aseguró que siete meses después, en febrero de 2006, la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos otorgó una autorización para realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Asimismo Manuel Mercado Bejar, director Juridico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), aseguró que el 83.7% de lotes fueron vendidos a privados, por lo que cualquier acción de la actual administración para frenar las obras hubiera resultado en una demanda.

Aseguró que la no realización del desmonte habría provocado una contingencia que hubiera costado al gobierno federal más del presupuesto destinado a turismo para 2016.