Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Rafael Sarría y Fidel Ramírez, señalados como parte de intrincadas redes que medraban de Pdvsa mientras recibían decenas de millones de dólares en sobornos y comisiones. Como todo el mundo tiene derecho a la defensa, aquello no sería una rareza a no ser porque comparte con los susodichos la dirección o representación de varias empresas, recibió pagos desde cuentas tenidas por sospechosas y dirige una compañía con lazos necesariamente buenos con el Estado.

A través de una empresa registrada en México, Consorcio Panamericano de Exportación, sin trayectoria o experiencia conocida, Joaquín Leal hizo una atrevida propuesta a la Corporación Venezolana de Guayana para “reactivar” la industria del aluminio, paralizada tras el apagón de marzo de 2019. El negocio planteaba pagar el suministro de electricidad a las empresas estatales a cambio de pagos en especie con el metal.

Vástagos de estirpes distintas de magnates en Venezuela, Francisco D'Agostino y Eduardo Cisneros son parientes no consanguíneos. También fueron socios por breve tiempo en Elemento Oil & Gas Ltd, una empresa con sede en Malta de la que, a la larga, el joven Cisneros se adueñó por completo. Elemento fue protagonista en la red secreta de comercialización de crudo venezolano que desde México activó Joaquín Leal. Pero a la hora de imponer sanciones, Washington penalizó solo a D'Agostino, ¿por qué?

Como parte de su red de negocios con base en México y un pie en Dubai, ambos comerciantes diseñaron una manera de suplantar el funcionamiento de las grandes franquicias internacionales de tarjetas de crédito, si estas llegaban a abandonar el mercado venezolano por causa de las sanciones de Washington. El planeado sistema de pagos electrónicos, Paquete Alcance, se proponía capturar cientos de millones de dólares en remesas enviadas por expatriados y financiar con ellas las compras en las Tiendas CLAP.

La estructura empresarial que Alex Saab hizo registrar en Turquía, dada a conocer en 2018 por un reportaje de Armando.info, apenas sirvió como una partida en falso para sus planes de exportación del carbón venezolano. Casi en simultáneo, el mercader colombiano hacía contacto con su par mexicano Joaquín Leal para urdir una red que no solo comercializaría crudo de la petrolera estatal venezolana PDVSA como parte de una maniobra evasiva de las sanciones impuestas por Washington, sino que se haría cargo de un esquema para exportar el carbón extraído de las minas del Zulia, al occidente de Venezuela. Con la jugada, miles de toneladas, valoradas en millones de dólares, terminaron en puertos de México y Centroamérica.

Los documentos filtrados sobre Libre Abordo y el resto de la red opaca que Joaquín Leal manejaba desde México, con tentáculos en 30 países, para comercializar crudo de PDVSA y otras materias primas que el régimen de Caracas necesitaba colocar en mercados internacionales al margen de las sanciones, muestran que el empresario aseguraba contar con el visto bueno del gobierno mexicano y suministros de Segalmex, un ente oficial. Más allá de esos indicios, hay evidencias de que Leal tenía acceso privilegiado al vicecanciller para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.

Cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez acudió a un grupo de amigos y socios mexicanos para aliviar la nueva emergencia eléctrica en Venezuela, puso la piedra fundacional para un atajo por el que chavismo y sus aliados comerciales han esquivado las sanciones impuestas por Washington a las exportaciones de crudo de PDVSA. Desde entonces, con Alex Saab, Joaquín Leal y Alessandro Bazzoni como figuras prominentes, el circuito se ha extendido por una treintena de países para comerciar con otras materias primas venezolanas. Es parte de lo que revela esta serie de investigación conjunta entre el diario El País y Armando.info, desarrollada a partir de una filtración de miles de documentos.

Aunque públicamente no tienen cargos formales, diez venezolanos conforman un círculo de poder en el gobierno de Nayib Bukele, solo por debajo del propio presidente, los hermanos de este y otros parientes. Por lo general provienen de las filas del partido Voluntad Popular de la oposición venezolana, mandan más que los ministros oficiales y manejan los programas más determinantes del peculiar mandatario.

Con su patriarca, Alfredo René, al frente, los Ducharne montaban canales de TV que no terminaron de mantenerse al aire y al mismo tiempo dejaban en el aire a los militares que hacían negocios con ellos. Prosperaron en Venezuela antes de abandonarla, presentándose como perseguidos por el oficialismo, y fueron a dar a Miami, baluarte de la contrarrevolución continental, donde izaron la bandera de la libertad de expresión. Pero mientras se hacían con el control de una televisora del exilio cubano -y antes de volver a su Puerto La Cruz originario una vez más- prometían hacer llegar a la Fuerza Aérea bolivariana repuestos para los aviones Tucano, que nunca entregaron.

Tras el fracaso de las estatizaciones de los ingenios agroindustriales, desde 2019 el chavismo ideó una fórmula que mezcla gerencia privada y pública en las diez plantas que siguen bajo su control. Pero los nuevos operadores privados -empresarios cercanos al chavismo, con historia de gerencias fallidas- resultan tan indolentes e ineficaces como sus pares públicos y apenas cosechan una amarga mezcla de promesas, irregularidades y desempleo. Los ingenios siguen paralizados y algunos solo funcionan como refinadores y empaquetadores de azúcar importada.

Mucho se sabe del paso huracanado del antiguo coloso brasileño por América Latina, de su práctica característica de presupuestar bajo para aumentar precios en plena obra, y de su generosa disposición a recompensar a políticos y funcionarios por los contratos. Pero en Venezuela esos abusos se hipertrofiaron. Si acaparó asignaciones de proyectos de infraestructura por 34.000 millones de dólares, esa factura nominal se multiplicó con otros métodos que incluían la especulación con la paridad cambiaria, la ampliación del pago inicial para obras que ni se habían empezado -ni se completarían-, la incorporación de nuevas partidas presupuestarias, y otros que ahora se dan a conocer por nuevos documentos a los que tuvo acceso Armando.info

Van sin pausas pero, contrariamente a lo que establece el refrán, con mucha prisa. La familia Mussa, en el estado Bolívar ha logrado desde finales de 2020 y en plena pandemia de coronavirus multiplicar una red de farmacias tras una fulgurante carrera empresarial a la sombra del antiguo gobernador y críticas por llevar a cabo prácticas reñidas con la ética empresarial y farmacéutica

Mientras su suerte se juega en un tosco edificio de oficinas color naranja, sede del Tribunal Constitucional de Praia, en la isla de Santiago, el empresario colombiano pasa las horas en un lujoso townhouse en la isla de Sal, meca del turismo del archipiélago, que cumple el papel de hogar para la medida de prisión domiciliaria concedida al contratista preferido de Nicolás Maduro. Al resort playero Vila Verde, con villas, centro comercial y caminerías, llegó tras meses de reclusión en el penitenciario de Terra Boa.

Víctor Vargas, después de tantear la opción del Banco de Venezuela, adquirió CorpBanca en 2006 y, dos años después, quiso unirlo a su marca matriz, el BOD. Pero los reguladores le pusieron como condición para aprobar la fusión que se deshiciera de un valioso activo, sus acciones en el Banco del Orinoco de Curazao. Así que el magnate superó el obstáculo con creatividad, audacia y una maniobra de ingeniería legal-financiera que solo hoy se conoce por una filtración: buscó una empresa de papel en Luxemburgo con la que fingió una compraventa que terminaba en el mismo Vargas.

Entre picos nevados, volcanes y salares, el árido altiplano andino sirve de prueba máxima para los caminantes venezolanos que intentan llegar desde Bolivia a la soñada prosperidad chilena. El campo traviesa lo hacen casi a solas, más a merced que con ayuda de unos 'coyotes' desalmados. Para quienes logran la meta y entran al pueblito de Colchane, después de completar la hazaña de atravesar América del Sur, no cesan las dificultades: además de una hosca recepción y el sometimiento a trámites a veces vejatorios, una ley amenaza ahora con deportarlos. Sus testimonios de valentía y horror merecen ser conocidos.

Cuando en 2019 cayó el Banco del Orinoco NV en Curazao, lo demás fue cuestión de tiempo. El imperio del llamado 'banquero de Chávez' se tambaleó y arrastró las cuentas pendientes de un país a otro del Caribe. En medio del colapso, casi 1.500 ahorristas, registrados en una nómina que Armando.info ha consultado, quedaron con sus fondos cautivos. Pero no todos los afectados, casi siempre venezolanos, eran víctimas con el mismo perfil: en realidad muchos de ellos o pertenecen al círculo de empresas y socios del banquero, o son organismos del Estado chavista que colocaban dinero allí.

Cobró mucho y ejecutó menos. Más de la mitad de los contratos suscritos por Odebrecht con el Estado venezolano no se llevaron a cabo. Ese país rutilante que en mapas el comandante Chávez dibujaba durante sus transmisiones en cadena, sembrado de puentes ultramodernos, vías férreas y represas, cuya construcción confió sin concurso a la compañía favorita de su aliado Lula da Silva, quedó para el ensueño. Aunque sus costos sí fueron reales. Un inventario de los 32 proyectos que la corporación líder del esquema de Lava Jato tomó en Venezuela, de los que 17 quedaron en deuda, permite comprobar el colosal incumplimiento.

La historia del que iba a ser el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo no es una oda a la ingeniería, sino una trama de sobreprecios, pagos fingidos y malabares cambiarios que desembocó en una obra inconclusa: solo quedan un terraplén y escasos pilotes después de 15 años desde su inicio y de cientos de millones de dólares invertidos. El documento de un contrato entre Odebrecht y uno de sus proveedores, una dudosa compañía en los Países Bajos, recientemente filtrado, permite echar un vistazo a una muestra en pequeño de las prácticas que a la larga conformaron un fraude monumental y otra promesa incumplida del chavismo.

A finales del año pasado, los rumores en las redes insistían en que "unos iraníes" habían tomado control de Lácteos Los Andes, la productora expropiada por Chávez en 2008. Pero la realidad tenía sus matices: sí eran musulmanes y con presuntas conexiones en Teherán, pero venezolanos de origen libanés, quienes a través de terceros se apoderaron de la compañía en 2020, como parte de la ola de reprivatizaciones camuflada por la figura de la "alianza estratégica". Se trata de los hermanos Khalil, viejos aliados oficialistas como tempranos sancionados por Washington. Aunque con fines de convertirse en proveedores de los Clap, esta es la segunda incursión en mercados de consumo masivo que se les conoce desde la compra de Eveba en 2003.

Es la segunda isla más grande de Venezuela, casi inhabitada, con una riqueza biológica única. Pasó inadvertida hasta que el régimen de Nicolás Maduro reflotó los planes de expansión turística y permitió la construcción de un primer hotel, asignado a dedo a un contratista petrolero que no tenía nada que ver con el sector. La tragedia se ensañó con el empresario y dejó abandonado el proyecto.

Si los caraqueños alzan la mirada podrán ver en la cima del cerro El Ávila las evidencias de un proceso de conquista: la familia Ceballos, uno de los grupos contratistas favorecidos por la Revolución Bolivariana, empezó en 2014 a construir la extensión del teleférico al litoral, pero cinco años después amplió su control a la operación de la lujosa torre cilíndrica que corona la montaña. Ahora la apuesta es seguir privatizando allí más bienes para explotarlos, incluyendo todo el sistema teleférico, la pista de patinaje sobre hielo y los pequeños comercios de la caminería que culmina en el hotel construido en la década de los años 50.

Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el sector petrolero y eléctrico del país para adjudicarlas a proveedores que les pagaban comisiones disfrazadas como "asesorías". El colapso y posterior intervención de la Banca Privada de Andorra en 2015 revelaron los mecanismos que utilizaban estos para blanquear hasta 2.000 millones de dólares, pero hasta hoy nadie ha sido ni enjuiciado ni condenado, el proceso judicial está paralizado desde hace más de un año y, lo peor, hasta podría quedar anulado.

Los nuevos dueños del central azucarero Pío Tamayo no son, ni de lejos, unos novatos para la Revolución Bolivariana ni para el “zar agrícola” Wilmar Castro Soteldo, quien, junto a su sobrino Luis Fernando Soteldo, ha guiado la transferencia de muchas otras propiedades a la pareja de Edward Gudiño y Yorjuaniris Ojeda. Silos, trilladoras de arroz, hatos, mataderos industriales, contratos privilegiados como proveedores de la Corporación Venezolana de Guayana, son algunas de las prebendas recibidas.

Pierden la libertad apenas pisan cualquier playa trinitense y su “pecado original” es una supuesta deuda que estas mujeres solo pueden pagar convirtiéndose en una mercancía sexual. Las amansan con un proceso previo de tortura, rotación y terror hasta que pierden el impulso de escapar. El crecimiento de estas redes de trata es tan evidente que informes regionales y parlamentarios reconocen que en esa maquinaria de engaño y violencia, la complicidad del aparato de justicia de la isla multiplica el número de víctimas.

En el quinto aniversario del lanzamiento de los 'Panama Papers' se puede decir que la discusión sobre los flujos ilícitos de dinero y los paraísos fiscales ha cambiado gracias a la filtración; también la práctica del periodismo colaborativo transnacional. Los documentos y comunicaciones del bufete panameño Mossack Fonseca arrojaron luz sobre el ambiente de cinismo e hipocresía donde líderes políticos, capos del crimen organizado y magnates de la esfera corporativa ocultan fortunas malhabidas. Entre los hallazgos había alcancías de personalidades de la Revolución Bolivariana. Pero, a pesar de estos logros, expertos sostienen que hace falta hacer mucho más.

Los electores de ese país balcánico van hoy a las urnas para escoger un nuevo parlamento pero, independientemente de los resultados, de antemano se conoce un ganador: la compañía de tecnología electoral de origen venezolano, que lleva allá cinco eventos comiciales, incluyendo el actual, procesando los votos, hasta ahora sin inconvenientes. Pero en esta ocasión no pudo evitar la controversia que ya la siguió en otros países como Filipinas, Argentina y su natal Venezuela. La prensa local se puso suspicaz tras conocer que las dos empresas locales precalificadas para organizar el proceso presentaron propuestas idénticas y con el mismo socio tecnológico: Smartmatic y nadie más. La polémica no cesa.

Febrero de 2020: representantes del ELN y de las disidencias de las Farc -la misma facción de (a) 'Gentil Duarte' que ahora Nicolás Maduro hace bombardear en Apure- reúnen en asamblea a los pobladores indígenas de Pendare, un rincón selvático del Amazonas venezolano, a medio camino entre la margen derecha del río Orinoco y el famoso cerro Autana. ¿La ocasión? El anuncio a los locales de que los irregulares se proponen instalarse allí y hacerse ley, con el permiso de Caracas, según aseguran. Los aborígenes se resisten; los guerrilleros tratan de convencerlos. Pero se olvidan de que los piaroas también saben grabar. Así quedó un testimonio en audio de la historia y planes que las bandas armadas colombianas relatan de sí mismas en el Sur de Venezuela. Armando.info tuvo acceso acceso y lo da a conocer.

Pasaría por el barista de moda gracias al auge de su marca Café Páramo y cadena de tiendas gourmet. Pero es mucho más que eso. A la sombra de decenas de contratos con el Estado venezolano y divisas preferenciales, Camilo Ibrahim Issa ha expandido un emporio que nació con tiendas al detal y no deja de sumar toda clase de nuevos negocios: aerolíneas, empresas petroleras y prestadoras de servicios en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, entre otros. Si bien cultiva el bajo perfil, el reciente escándalo de Plus Ultra en España lo puso bajo los focos. Todavía así, para reconocer su figura en medio de una enmarañada estructura corporativa hace falta seguirle la pista a un grupo de allegados y familiares.  

La intensa historia del veto digital en Cuba se consuma con rastreos y cortes de líneas telefónicas celulares, bloqueos de websites y hasta la suspensión total del servicio de acceso a Internet según las apetencias políticas de la dictadura de La Habana. En Venezuela, los aprendices revolucionarios liderados ahora por Nicolás Maduro copian la censura directa de acceso a sitios web de medios de comunicación y han llegado a la suspensión de actividad de redes sociales en momentos de tensión política, pero tienen la llave para apagar los teléfonos y ordenar el blackout total

Hasta el Ministerio Público chavista sospechó del comerciante colombiano y de su socio, Álvaro Pulido. Mucho antes de ser detenido en Cabo Verde a solicitud de los Estados Unidos, Saab también estuvo en la mira de los investigadores venezolanos. Su oficina en Caracas fue allanada en 2016 por funcionarios del Cicpc. Para entonces se habían acumulado denuncias en su contra sobre posibles irregularidades en negocios con los Abastos Bicentenario y en la importación de suministros desde Ecuador. Pero a la postre nada evitó que se transformara en el principal contratista de Nicolás Maduro, quien lo designó como su enviado personal.