Los gastos de los parientes que tienen a personas privadas de libertad tras las manifestaciones poselectorales, en el Internado Judicial de Carabobo, van desde alquiler vivienda y transporte hasta alimentación y medicinas. La cuenta suma en la medida que pasa el tiempo.
Tocuyito. Verónica* corre desesperada, mira su reloj, con una bolsa tejida de mercado en las manos. Tiene que llegar a la autopista del Sur en Carabobo a tiempo para tomar el autobús a San Diego en donde reside. Al día siguiente vuelve temprano al Internado Judicial de Carabobo, en Tocuyito, será día de visita.
No camina sola, va en compañía de otras mujeres. Verónica dejó temporalmente San Cristóbal, en el estado Táchira, y ahora vive en casa de unos familiares en San Diego, con quienes no tuvo trato anteriormente. «Ellos dejaron Táchira hace 30 años».
Ante la contingencia de tener a su esposo encarcelado, tras las manifestaciones poselectorales, estos familiares le abrieron las puertas de su hogar, a ella y a otras dos compañeras que pasan por el mismo trance.
Ese apoyo es un ahorro para Verónica, porque uno de los gastos más fuertes que les toca vivir a quienes no residen en el estado Carabobo, donde están detenidos sus seres queridos, es el pago diario de una habitación.
Desde hace cuatro meses, cuando se registraron las detenciones en el contexto de las manifestaciones poselectorales, que dejaron más de 2000 detenidos de acuerdo con las cifras del gobierno de Maduro, la vida de estos familiares dio un giro drástico. Muchos se mudaron temporalmente de estados, ya que sus seres queridos no se encuentran privados de libertad en la jurisdicción donde fueron detenidos.
Hospedaje de quinta
En un principio estipuló la idea de alquilar un espacio en una casa que tiene vista al penal, pero al entrar y ver el panorama desistió.
«Eran cinco dólares por día y las condiciones del lugar eran de lo peor. No había una cama para dormir y prácticamente me iba a tocar dormir en el patio, prefería algo mejor, por suerte mi familia me apoyó», contó Verónica.
Pero Teresa* sí aceptó y paga desde hace cuatro meses los cinco dólares por día. Exceptuando la única semana al mes que regresa a su hogar, en el estado Lara. Por lo tanto, Teresa ha gastado solo en hospedaje 420 dólares.
Teresa coincide en que las condiciones de la casa no son las más óptimas. No había cama, tampoco cuarto, ella en su lugar tiene una colchoneta y la pone en un rincón, le ofrecieron incluso un sofá pero tampoco quiso.
No es la única que vive ahí además de la dueña y los nietos de la casera, hay familiares de otros privados de libertad en el contexto de las protestas poselectorales. Son ocho en total.
Verónica en otras oportunidades piensa irse a otro lugar porque no quiere molestar a sus parientes, pero los precios de habitaciones son elevados para que asuma ese gasto.
Hay familiares que se quedan en Valencia, Naguanagua, San Diego y Los Guayos, parte del Área Metropolitana de Valencia, que están entre 17 y 25 kilómetros de distancia del penal de Tocuyito.
Dólares y dólares
Y esa variedad hace que los precios suban. En Los Guayos hay quienes cobran 30 dólares por el alquiler de una habitación, en el mismo Tocuyito cobran 25 y en San Diego hay los que piden hasta 50 dólares el día. Esta última tarifa es superior que incluso precios de Airbnb en zonas de clase media alta en Valencia.
Por tanto, los que pagan 30 dólares por día se someten a un gasto en estos últimos cuatro meses de 3720 dólares. Costos así se hacen cuesta arriba cuando un venezolano promedio gana entre 150 y 200 dólares por mes en empresa privada y con un salario mínimo de Bs. 130.
Verónica comenta que hay un grupo que se queda en un hotel cercano al penal y pagan $20 la noche. Otro tuvo la suerte de ser recibidos en las instalaciones de un culto religioso. «Ahí les dan todo lo que necesitan».
Ella llegó a Tocuyito con 500 dólares en efectivo y a los 15 días ya se le habían agotado. Dice que el dinero dura poco porque gastar en comida y transporte es igual de costoso.
Entre medicinas y gastos
Desde entonces Verónica tiene que pedir dinero a amigos y parientes fuera del país porque su esposo, quien era el sostén de la familia, es quien está preso en el penal. Ambos son de San Cristóbal y tuvieron que cerrar el local familiar, por lo que perdieron la principal entrada de dinero.
Es así como le llegan a cuenta gotas entre 20 y 40 dólares o transferencias de 200 o 1200 bolívares. Nunca son grandes cifras, pero tiene que extender el dinero, sino no cubre las necesidades de su marido quien padece de condromalacia rotuliana, la cual afecta a sus rótulas como resultado del desgaste del cartílago que produce la articulación.
Verónica lleva las medicinas para que él pueda calmar sus dolores pero en el centro penitenciario le piden récipe médico. Esto incluye fuertes calmantes, pero también medicamentos usados para la artritis como: Artrovit ($7.50), Ibuprofeno de 30 tabletas ($13.75).
Pero, por el tiempo que pasó, la enfermedad empeoró, así que el hombre tiene fuertes dolores en su cuerpo de manera recurrente; le cuesta caminar, por lo que ella le ha pedido a los funcionarios del penal que le permitan ingresar medicamentos inyectados.
Medicinas como la Triamcinolona ($17) o Hyaloide ($47) son costosos y necesitan récipe, pero su médico tratante está en San Cristóbal y se niega a proporcionar los recipes.
«Es que ha recibido llamadas de funcionarios del Gobierno que le dicen que lo pueden meter preso si lo hace», dijo.
Con la salud no se juega
Entonces Verónica debe recorrer médicos en Carabobo a ver quien está dispuesto a ayudarla.
La falta de atención médica ha hecho que las dolencias de los privados de libertad empeoren, por ejemplo al hijo de Luis Chacín de 18 años le duele mucho el abdomen.
«Le duele desde que lo agarraron en la calle y lo golpearon, para mí tiene una costilla fracturada», dijo.
Tenía pendiente una cirugía y esta no pudo realizarse, se trataba de una hernia umbilical.
Chacín denuncia que dentro del penal se registraron privados de libertad a quienes presuntamente le dieron ataques epilépticos y un accidente cerebro vascular y la respuesta de las autoridades no solo ha sido nula, si no que la comunicación de lo sucedido con los padres ocurre hasta una semana después.
El transporte es otro gasto fijo, Teresa cuando viaja hasta su estado una vez cada tres semanas gasta 20 dólares en carrito por puesto, es lo más rápido y seguro tomando en cuenta que cuando regresa a Carabobo lo hace cargada de cosas para ver qué le permiten que reciba su hijo.
El bus en la autopista
Entre Tocuyito y San Diego Verónica hace un gasto exacto de ida y vuelta de cuatro dólares por día, por lo que durante los cuatro meses de estadía en Carabobo gasta 336 dólares en un autobús en malas condiciones, atestado de gente y que espera a pie de autopista.
Cuando los familiares están en Tocuyito deben resolver las comidas a veces no hay tiempo para cocinar, porque hay que estar atento a cualquier movimiento.
Teresa suele desayunar empandas con un jugo que le cuesta tres dólares, para el almuerzo le dan arroz y pollo guisado por Bs 100 «pero no es mucho y a veces si tengo que montarme en autobús o viajar a mi ciudad no como porque todo cuenta cuando se habla de dinero».
Para la noche quedan las hamburguesas o perros calientes de un dólar no hay para más.
Ambas madres quisieran poder darles esas comidas a sus familiares pero en el penal no le permite el ingreso de alimentos. A partir de la tercera visita les dejaron pasar chucherías. Así que Teresa invierte cada vez que va a la cárcel a ver a su hijo 10 dólares en galletas y papitas. «Es al menos un respiro para ellos».
Este presidio se ha transformado en una ruina económica para muchos porque se han endeudado, otros sienten que su dignidad cayó porque se han transformados en mendigos.
«Le pedimos con vergüenza a cualquier persona cercana, la mayoría son regalos, pero hay otros que nos hacen préstamos. Nos dicen págalo como puedas y es un alivio pero esa deuda está ahí», contaron.
Según el Foro Penal Venezolano todavía hay 1903 personas detenidas, tras las manifestaciones poselectorales, 42 de ellos son adolescentes.
(*) Los nombres fueron modificados por medidas de protección a la fuente.
Lea también:
Los “papás de Tocuyito” son la voz de los familiares de detenidos que no viven en Valencia