La ley para controlar a las ONG está en Gaceta Oficial desde el 3 de diciembre, y tras casi dos meses de su aprobación en la Asamblea Nacional. Las organizaciones no gubernamentales han alertado de los riesgos que trae consigo esta herramienta legal.
Caracas. Durmió casi 50 días en el gavetero después de que la Asamblea Nacional la aprobara el 15 de agosto, pero la ley anti-ONG fue publicada en Gaceta Oficial, por cuanto la herramienta legal oficialmente entró en vigor.
La gaceta tiene fecha del 15 de noviembre, una nueva zancadilla a la sociedad civil que ve esfumarse de un plumazo 18 días del plazo de 90 que tenían las ONG para registrar de nuevo sus iniciativas ante la “Oficina de Registro Público correspondiente a su domicilio”, según reza la propia ley en la primera disposición transitoria de su artículo 39.
Esta “costumbre” de retrasar o no divulgar las gacetas ha ocurrido al menos 50 veces en los últimos años, de acuerdo con el codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
“De hecho, hay gacetas que nunca han aparecido, como las gacetas de la ley de presupuesto”, agregó Daniels sobre este fenómeno de la administración chavista.
La ley anti-ONG, de gaveta en gaveta
La herramienta, que tiene por título Ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fue una amenaza desde mayo pasado, cuando comenzó en el pleno la segunda discusión, que luego quedó relegada ante otras prioridades del chavismo.
Pero en agosto la Asamblea Nacional la aprobó con celeridad, tras los comicios del 28 de julio, que según los cómputos oficiales del Consejo Nacional Electoral ganó Nicolás Maduro con 51 % de los votos.
Pese a los retrasos, la aprobación de este proyecto era esperada desde que Diosdado Cabello, actual ministro de Interior, Justicia y Paz, lo presentara a inicios de 2023. Entonces, el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aseguró que al menos 62 ONG que actúan en el país son “apéndices del imperialismo” que buscan desestabilizar Venezuela.
Sin embargo, la ley tiene el rechazo de funcionarios y organismos internacionales como el alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
En especial porque las disposiciones de la ley anti-ONG deja en manos de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro la potestad de suspender y hasta disolver a las organizaciones no gubernamentales, en medio de los renovados episodios de represión en el país que han denunciado las propias ONG y formaciones políticas de oposición.
Además, la herramienta obligará a las organizaciones no gubernamentales a entregar mucha de su información, incluidos datos de sus financistas, un extremo que podría amenazar su funcionamiento en un país con graves precedentes de persecución a la disidencia.
Riesgo para las organizaciones no gubernamentales
Aunque la ley asegura, en su tercer artículo, que tiene como objetivo “facilitar el ejercicio del derecho a la asociación como derecho humano y expresión del modelo de democracia participativa y protagónica establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, las ONG temen que su entrada en vigor suponga un riesgo a sus labores en defensa de los derechos humanos en Venezuela.
De igual forma, preocupa a las organizaciones no gubernamentales los montos establecidos para multas por cualquier ilícito en el cumplimiento de la ley, y que quedaron establecidos en “100 y 1000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela”.
En caso de reincidencia, prosigue la ley, “el monto de la multa será el equivalente en bolívares entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela”.
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