Familiares de Freddy Superlano, Roland Carreño, Américo de Grazia, Biagio Pilieri, Williams Dávila y el abogado Perkins Rocha denuncian que no les han permitido ver o comunicarse con ellos tras sus detenciones.
Caracas. Entre los casi 2000 detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado hay varios dirigentes políticos nacionales que fueron detenidos en circunstancias tachadas de ilegales, y se encuentran aislados e impedidos de defensa privada o de recibir visitas.
Los familiares de Freddy Superlano, Roland Carreño, Américo de Grazia, Biagio Pilieri, Williams Dávila y el abogado Perkins Rocha, conocidos por sus perfiles políticos en el seno de partidos de oposición y todos detenidos en el contexto poselectoral, denuncian que sus detenciones configuran una “desaparición forzada”, pues no han podido verlos o hablarles siquiera desde que están en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
Las esposas, madres e hijas de los “políticos presos” se muestran contentas por las liberaciones de más de un centenar de detenidos luego del 28 de julio, pero aseguran que en sus casos cada vez es más difícil tener esperanza.
Trato discriminatorio
Joel García, abogado penalista y defensor de varios de los detenidos con perfiles políticos, explicó a Crónica.Uno que a los “políticos presos” se les da un trato “completamente discriminatorio y diferenciado”.
El jurista señaló, a propósito de las recientes excarcelaciones, que no hay criterio sobre a quienes elegieron para ser susceptibles de estas medidas cautelares, pero consideró que no hay coherencia jurídica en los hechos que se registraron.
“¿Cuál es el criterio que ellos establecieron para dictar la excarcelación a estas personas?, no lo sabemos porque si los acusan es porque según la ley hay suficientes elementos para ello”, dijo García.
A su juicio, «no hay incoherencia entre lo que se dice y se hace» en cuanto a la administración de Justicia. Según ella, las liberaciones de más de un centenar de presos se deben a que los familiares lucharon por visibilizar los abusos de los que estas personas fueron víctimas.
“Todo obedece a la presión que los familiares han ejercido, a la presión de organismos internacionales, pero no obedece a una revisión, a una autocrítica, a una verdadera intención de querer reparar los errores cometidos”, explicó.
“Todos estamos presos”
Aurora Silva, esposa del dirigente de Voluntad Popular Freddy Superlano, aseguró que las familias de los dirigentes políticos presos son testigos de «las atrocidades y las violaciones» que, considera, los líderes han vivido en la sede del Servicio de Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como el Helicoide.
En declaraciones a los medios explicó que tiene 112 días sin ver a su esposo o escuchar su voz. Que ni ella ni su abogado han podido tener acceso a él para constatar su estado o condiciones de reclusión.
Una situación idéntica reporta la hija del exdiputado opositor Américo de Grazia, Raiceida, quien aseguró este martes, en la rueda de prensa ofrecida por varios familiares de presos políticos, que ni siquiera tiene certeza del sitio en el que su padre está privado de libertad.
“Tiene 104 días aislado, presuntamente detenido en el Helicoide. No hemos confirmado que está ahí, no nos dan acceso a la visita”, dijo la mujer, que denunció que el exdiputado tiene 104 días en aislamiento.
Al respecto, la señora Constanza, esposa del asesor jurídico de Vente Venezuela Perkins Rocha, puntualizó que saben que los motivos de estas detenciones son políticos y obedecen a que alzaron la voz en contra del Gobierno.
“Nuestros parientes están absolutamente en aislamiento, la información que tenemos de ellos nos la dan los mismos que se los llevaron (…) Perkins tiene 84 días hoy sin visita, sin contacto físico ni telefónico”, sentenció.
Las mujeres, madres, esposas, hijas, que claman por la liberación de estos dirigentes políticos acuden todos los días al Helicoide para entregar comida, ropa, medicinas e implementos de aseo personal que les solicitan los custodios en el sitio.
Aseguran que la única información que manejan sobre los casos es la que les ofrecen los propios militares que vigilan la entrada del Helicoide, pero que no tienen certeza sobre las condiciones de los presos o si reciben los insumos que ellas llevan a diario.
“Estamos muy felices (por las liberaciones) sobre todo por los adolescentes y los niños (…) Pero queremos que sean muchos más, quisiera que fueran no los 1800 de ahora, sino los más de 2000 presos políticos que hay en este país”, dijo Cipriani.
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