A Freddy Superlano lo detuvieron el 30 de julio de 2024 y desde entonces ni la defensa pública que le impusieron ha podido verlo. Su esposa, Aurora Silva de Superlano, no ha podido constatar su estado de salud.
Caracas. Desde casi siete meses “por una orden de presidencia” Aurora Silva no puede ver a su esposo Freddy Superlano, detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sede de El Helicoide.
“El caso de su esposo es un caso pesado y tiene que esperar a que autoricen la visita”, le dicen a Aurora los funcionarios que se limitan a recibir la paquetería, dos veces por semana, para el dirigente político y coordinador del partido Voluntad Popular.
Cree que los artículos, el agua potable y los medicamentos que le lleva a su esposo los entregan porque ella mantiene un control. Lo mismo sucede con el almuerzo que lleva a Superlano, quien padece de una enfermedad que afecta su colon.
La única certeza sobre si su esposo sigue con vida es la información que Aurora recibe de personas que tienen visita y lo ven “de lejos”.
Preguntarle a la defensa pública, que fue impuesta, tampoco es una opción porque ni ellos tienen comunicación con él.
“Es información que escucho, más no oficial porque lastimosamente nunca nos dan información sobre ello”,
dice Aurora Silva.
Derecho establecido
A pesar de las amenazas recibidas vía telefónica, redes sociales y sugerencias de conocidos que le dicen quienes “por su bien” no denuncie, Aurora no se detiene y viaja desde Barinas, donde vive, hasta Caracas para acudir a todos los organismos públicos.
“Yo sigo haciendo las denuncias porque está siendo torturado psicológicamente debido al aislamiento prolongado en el que se encuentra desde hace más de seis meses”, explica.
La visita es parte de los derechos de los privados de libertad, establecida en el artículo 109 de la Gaceta Oficial del Código Orgánico Penitenciario.
“Las personas privadas de libertad podrán ser visitadas por los familiares de su círculo de relacionados, amistades”, dice el escrito, el cual agrega que la defensa, ya sea pública o privada, son parte de los autorizados.
Apoyo familiar
A Freddy Superlano lo detuvieron el 30 de julio de 2024 en Caracas, dos días después de las elecciones presidenciales. Hombres vestidos de negro y armados lo obligaron a meterse a un vehículo.
Desde entonces Aurora Silva se mantiene entre Caracas para no abandonar a su esposo y en Barinas, donde estudian sus hijas de siete y tres años de edad. Afirma que, aunque implica un gasto económico, el desgaste emocional es mucho mayor.
“Es un tema difícil. Gracias a Dios cuento con mi mamá y mi papá que están duros allí y me apoyan 100 % con eso. Mi suegra también, pero en este momento se encuentra en un proceso de recuperación porque estuvo en un tratamiento fuerte”,
agrega.
Desde la detención de Superlano la suegra de Aurora se ha visto afectada emocionalmente. “Días antes de la detención también murió su mamá, la abuela de Freddy. Son dos golpes duros para la familia y más para ella”.
Los de alto nivel
Al igual que Aurora, otra lista de personas detenidas por razones políticas no tienen derecho a las visitas, a los que llaman “políticos de alto nivel”, que son los que no tienen este derecho.
“Usted tiene que esperar que el que lo mandó a meter preso dé permiso para las visitas”, reiteran los funcionarios al grupo de familiares que se da a la tarea de denunciar la negativa que implica una violación de sus derechos fundamentales.
Muchos de ellos fueron amenazados, por lo que en cada aparición piden que no criminalicen su lucha.
“Es muy difícil para todos nosotros y es lo único que podemos hacer por ellos, que es elevar nuestra voz por ellos, por lo que están viviendo allí dentro y nosotros afuera como familia. También somos víctimas que queremos que esta pesadilla termine pronto”, expone Aurora, quien se aferra a Dios para no desfallecer.
Lamenta lo que viven familiares de detenidos por razones políticas y en el contexto electoral, que viven situaciones como comer comida en mal estado, o no les permiten pasar sus alimentos, así como denuncias de torturas.
De acuerdo con cifras de la organización Foro Penal1194 personas se mantienen detenidas en el marco de las protestas poselectorales, hasta el 10 de febrero. De ese número se desconoce el paradero de 59.