Mabel Calderín, esposa del director de Espacio Público, detalló que en ocho días desconoce el sitio de reclusión de Carlos Correa a pesar de que acude a los centros de detención diariamente. Le preocupa el estado de salud del periodista y las diversas patologías que padece.
Caracas. A Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, lo presentaron ante el Tribunal 4to. de Control con Competencia en Terrorismo el jueves, 9 de enero, dos días después de su desaparición. Esta información la confirmó Alirio Mendoza, fiscal 52 Nacional en Delitos Económicos, a Mabel Calderín, esposa de Correa.
Este miércoles, 15 de enero, Calderín acudió a la sede del Ministerio Público a solicitar información sobre el defensor de derechos humanos, a quien detuvieron el 7 de enero. Desde entonces se desconoce su paradero.
Mendoza no informó a Calderín sobre los supuestos delitos por los que imputaron a Correa. Tampoco dio a conocer cuál es su sitio de reclusión, a pesar de que ella ha acudido a distintos cuerpos de seguridad a pedir información. El fiscal solo confirmó la detención.
“Nos dijo que la información que podía ofrecer era puntual”,
explicó Calderín.
Organizaciones defensoras de derechos humanos junto con Espacio Público denunciaron la desaparición forzada del periodista.
De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se trata del arresto, la detención o cualquier forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado, o de grupos de personas que actúan con apoyo del Estado, seguido de la negativa de reconocer dicho arresto.
El artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) incluye la desaparición forzada entre la lista de crímenes de lesa humanidad.
Preocupación por su estado de salud
“Cada día que pasa se agrava la preocupación por la salud, por su vida, por su integridad personal”, declaró Calderín sobre la condición de salud su esposo.
Carlos Correa sufre de obesidad mórbida, condición médica de la que derivan otros diagnósticos “igualmente graves”, como es la hipertensión arterial. También recibe tratamiento endocrinológico, orientado a un padecimiento en la tiroides.

Otras condiciones médicas importantes son la deficiencia en el funcionamiento de su próstata, problemas respiratorios y alto riesgo de aneurisma. Además, está bajo atención dermatológica y odontológica.
“Tiene pendiente una evaluación con un especialista en neumonología. Por todo esto, exijo a las autoridades que por favor den información del paradero de Carlos, que le den acceso a sus medicamentos y a supervisión médica y que le otorguen la libertad plena”, añadió Calderín.
Defensoría del Pueblo
El lunes, 13 de enero, Calderín, en compañía de un grupo de activistas y defensores de derechos humanos, acudió a la Defensoría del Pueblo, donde presentó un documento en el que exigen a Alfredo Ruiz, titular de esa institución, que responda por la integridad de Correa.
Amnistía Internacional
Amnistía Internacional (AI) América emitió una acción urgente, el 14 de enero, a ocho días de la detención de Correa. En el documento expresan su preocupación y catalogan de “suma gravedad” que hasta el momento se desconozca su paradero.
“Exigimos que se comparta de inmediato su suerte y paradero a sus familiares y representantes”, exclama el texto.
Desde AI Américas recuerdan que la labor de Correa en defensa de los derechos humanos en Venezuela “es conocida y valorada en todo el mundo”.
El comunicado también hace mención a otras detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela, como son los casos de Javier Tarazona (julio, 2021), Rocío San Miguel (febrero de 2024), Carlos Julio Rojas (abril, 2024) y Kennedy Tejada (agosto, 2024).

Pronunciamiento de la Ucab
El 14 de enero también el Consejo Universitario de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) exigió la liberación inmediata de Correa, quien también es profesor universitario e investigador adscrito al Centro de Derechos Humanos de esta casa de estudios.
En el texto rechazaron la detención arbitraria y desaparición forzada a la cual se encuentra sometido. Además, la universidad se hizo solidaria con Mabel Calderín, esposa de Correa, y profesora y directora de la Biblioteca de esta universidad.
Desde la UCAB solicitan el cese de la privación de libertad y de cualquier forma de persecución violatoria de derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas.
“El llamado de esta universidad es a construir un clima de paz basado en el respeto de los derechos humanos, del ordenamiento jurídico y el rechazo a todo exceso de poder o desmesura”.
Sin información
Desde el 8 de enero Calderín junto con el equipo legal de Espacio Público visitan a diario la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide; la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Maripérez y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Boleíta. Pero los funcionarios insisten en que Correa no se encuentra allí.

Tras la detención el único pronunciamiento oficial sobre Correa provino de Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, quien lo acusó de estar involucrado en un “plan de conspiración”, sin presentar pruebas que sustenten estas acusaciones.
Correa fue detenido el 7 de enero a las 5:00 p. m., en la avenida Bolívar del centro de Caracas, luego de salir de su oficina.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio del director de Espacio Público, tras considerar que sus derechos a la integridad y la vida están en grave riesgo.
Exrelatores de Libertad de Expresión de la CIDH y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigieron la liberación inmediata de Correa y consideran de gravedad que el Estado venezolano no reconozca la detención y niegue información de su paradero.