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El Ministerio Público de España formalizó este 10 de marzo una denuncia contra el FC Barcelona por corrupción, fraude deportivo y falsificación de documento mercantil.

La Fiscalía acusa en específico al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira; a los expresidentes del FC Barcelona, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu; y a los directivos del club catalan, Óscar Grau y Albert Soler. 

En la denuncia la entidad sostiene que el FC Barcelona, bajo el mandato Bartomeu,“alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial” con Negreira para favorecer al equipo “en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputó el club”.

Según la Fiscalía, Negreira recibió 7,3 millones de euros del Barcelona desde 2001 y hasta julio de 2018. Los pagos fueron realizados a través de las empresas Nilsat y Dasnil y cesaron poco después que Negreira dejó su puesto en mayo de 2018.

Según los informes, la Asamblea General del club no aprobó estas transacciones y no tienen soporte legal. Al investigar las facturas en la Agencia Tributaria la Fiscalía determinó que estas “no se corresponden con prestaciones de servicios por parte de las empresas”.

Negreira, en sus únicas declaraciones hasta el momento, dijo que su vínculo con el Barcelona se debía al interés del equipo de asegurarse que hubiera arbitrajes “neutrales” que no le perjudicarán. 

El Ministerio ha pedido que Joan Gaspart, presidente del Barcelona del 2000 al 2003, y Joan Laporta, actual mandatario del club, sirvan como testigos durante la investigación. 

En caso de comprobarse el delito, los involucrados tendrán que cumplir penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel, además de multas e inhabilitación para cumplir cualquier otro cargo como directivos.

Bartomeo y Roseau pueden ser condenados por dos crímenes más:  administración desleal, por usar dinero de socios con fin de delinquir) y falsedad en documento mercantil.

Las consecuencias de esta denuncia pueden afectar al FC Barcelona tanto como institución como a nivel deportivo. 

El club podría no poder volver a participar en las competiciones europeas, debido a que la normativa de la Union of European Football Associations (UEFA) tiene como condición a sus participantes “no haber estado implicado en ninguna actividad destinada a organizar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional”.