La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó este martes la muerte de al menos 17 personas en las protestas antigubernamentales del lunes en Juliaca (sur de Perú), que forma parte del departamento de Puno (fronterizo con Bolivia).
«La CIDH condena la muerte de al menos 17 personas en las inmediaciones del aeropuerto en Juliaca, el 9 de enero, en donde también se registraron decenas de personas heridas», publicó la Cidh en su cuenta de Twitter.
En el mismo mensaje, la comisión urgió al Estado peruano a «tomar medidas inmediatas para prevenir y sancionar el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales».
También a «seguir generando mecanismos efectivos de diálogo para atender el conflicto social y prevenir la confianza».
#Perú 🇵🇪 #CIDH condena la muerte de al menos 17 personas en las inmediaciones del aeropuerto en #Juliaca, el #9Enero, en donde también se registraron decenas de personas heridas. #DerechosHumanos pic.twitter.com/tJhSYqEDEc
— CIDH – IACHR (@CIDH) January 10, 2023
Según los datos difundidos por la Fiscalía, 39 personas han muerto en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden desde el pasado 11 de diciembre, además de otros 7 civiles «por accidente de tránsito y hechos vinculados al bloqueo» de carreteras.
El fiscal superior peruano Jorge Chávez Cotrina también informó este martes que un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) murió tras el ataque de una turba que quemó el vehículo patrulla en el que se encontraba en Puno, horas después de los sucesos que dejaron los 17 fallecidos.
«El policía ha sido asesinado, esa es la palabra, por una turba que ha incendiado el patrullero y quedó atrapado dentro y ha fallecido calcinado», declaró Chávez, quien es coordinador de las Fiscalías especializadas contra el crimen organizado, en el Canal N de televisión.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales a 2023 y la convocatoria de una asamblea constituyente.
Comenzaron tímidamente el 7 de diciembre, tras el fallido autogolpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, y se extendieron a partir del 11 del mismo mes.
En Navidad, comenzó una tregua que se prolongó hasta el pasado miércoles, cuando retomaron las protestas concentradas en el sur del país, especialmente en Puno y su vecino departamento de Cuzco.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó este martes la muerte de al menos 17 personas en las protestas antigubernamentales del lunes en Juliaca (sur de Perú), que forma parte del departamento de Puno (fronterizo con Bolivia).
«La CIDH condena la muerte de al menos 17 personas en las inmediaciones del aeropuerto en Juliaca, el 9 de enero, en donde también se registraron decenas de personas heridas», publicó la Cidh en su cuenta de Twitter.
En el mismo mensaje, la comisión urgió al Estado peruano a «tomar medidas inmediatas para prevenir y sancionar el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales».
También a «seguir generando mecanismos efectivos de diálogo para atender el conflicto social y prevenir la confianza».
#Perú 🇵🇪 #CIDH condena la muerte de al menos 17 personas en las inmediaciones del aeropuerto en #Juliaca, el #9Enero, en donde también se registraron decenas de personas heridas. #DerechosHumanos pic.twitter.com/tJhSYqEDEc
— CIDH – IACHR (@CIDH) January 10, 2023
Según los datos difundidos por la Fiscalía, 39 personas han muerto en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden desde el pasado 11 de diciembre, además de otros 7 civiles «por accidente de tránsito y hechos vinculados al bloqueo» de carreteras.
El fiscal superior peruano Jorge Chávez Cotrina también informó este martes que un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) murió tras el ataque de una turba que quemó el vehículo patrulla en el que se encontraba en Puno, horas después de los sucesos que dejaron los 17 fallecidos.
«El policía ha sido asesinado, esa es la palabra, por una turba que ha incendiado el patrullero y quedó atrapado dentro y ha fallecido calcinado», declaró Chávez, quien es coordinador de las Fiscalías especializadas contra el crimen organizado, en el Canal N de televisión.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales a 2023 y la convocatoria de una asamblea constituyente.
Comenzaron tímidamente el 7 de diciembre, tras el fallido autogolpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, y se extendieron a partir del 11 del mismo mes.
En Navidad, comenzó una tregua que se prolongó hasta el pasado miércoles, cuando retomaron las protestas concentradas en el sur del país, especialmente en Puno y su vecino departamento de Cuzco.