La Corte Penal Internacional (CPI) reiteró, en una actualización de información a las víctimas, que “pueden transcurrir meses” antes de que la Sala de Cuestiones Preliminares I, que lleva el caso sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, decida si se continúa la investigación que adelanta el fiscal Karim Khan o se detiene.
La actualización de información se hizo luego de la publicación del informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés), cuestión que solicitó la sala para ampliar la información disponible y escuchar directamente a los afectados por graves violaciones de derechos humanos.
Esto tras la petición expresa del fiscal Khan de continuar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano, al menos desde 2017.
La CPI reiteró que le corresponde a la Sala de Cuestiones Preliminares I (conformada por los jueces Péter Kovács, quien preside la SCP, Reine Alapini-Gansou y Socorro Flores Liera) dictar una decisión tras examinar y evaluar detenidamente todas las observaciones recibidas por la Fiscalía, el Gobierno venezolano y las víctimas.
“Una vez que los jueces emitan su decisión, esta será publicada en la página web de la CPI”.
Víctimas seguras en la CPI
La Corte Penal Internacional (CPI) aclaró que el gobierno de Nicolás Maduro no tendrá acceso a los datos de más de 8.900 víctimas que enviaron sus testimonios al organismo, por la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en el país.
«Esta información solo se transmite a la Sala; ninguna otra entidad tendrá acceso a ella. La Fiscalía y el gobierno de Venezuela no tendrán acceso a los formularios, videos y otros documentos presentados por las víctimas o en su nombre», indicó el organismo, según reseñó El Nacional.
En una carta del pasado 25 de abril, firmada por el canciller Yván Gil, el Gobierno de Nicolás Maduro pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares I responder al informe que contiene las posiciones y peticiones de las víctimas, pues sostienen que dicho escrito “plantea nuevos problemas” que no estaban previstos.
En el informe de la VPRS, 8.900 víctimas solicitaron en su mayoría que se reanude la investigación, y además requirieron que se amplíe el rango de tiempo y los delitos a investigar.
Debido a que la gran mayoría de las víctimas mencionaron preocupación por su seguridad y la de sus familiares, la CPI recordó que toda la información recibida se maneja bajo estricta confidencialidad. Esto incluye los testimonios planteados dentro del informe de la VPRS.
“Esta información sólo se transmite a la sala; ninguna otra entidad tendrá acceso a ella. La Fiscalía y el Gobierno de Venezuela no tendrán acceso a los formularios, vídeos y otros documentos presentados por las víctimas o en su nombre”.
También es competencia de la Sala de Cuestiones Preliminares I responder a esta solicitud del Gobierno venezolano antes de definir si continúa o no la investigación que adelanta el fiscal Karim Khan.
