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La Asamblea Nacional de Ecuador votó el martes a favor de continuar el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

Lasso, acusado por la oposición de malversación de fondos públicos, podría enfrentarse a la destitución este mismo mes de mayo.

El Parlamento en Quito aprobó la resolución con el voto a favor de 88 de los 116 legisladores presentes, superando la mitad más uno requerida para sacarla adelante.

Otros 23 votaron en contra y 5 se abstuvieron en la votación surgida de una moción de la legisladora Viviana Veloz del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), liderado por el expresidente Rafael Correa.

Además del UNES, apoyaron la resolución varios grupos políticos como el Partido Social Cristiano (PSC), el movimiento indígena Pachakutik e independientes.

Un mes crucial

El juicio político al presidente de Ecuador continuará en una próxima sesión, en la que los acusadores y la defensa deberán presentar sus pruebas.

Según el artículo 2 de la resolución aprobada el martes, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, debe continuar «de manera inmediata» con la tramitación del proceso de juicio político contra el presidente.

Para ello ha de convocar, en un plazo de cinco días, a una sesión del pleno para interpelar a Lasso.

La votación para la censura y posible destitución del mandatario ecuatoriano está prevista entre el 20 y 22 de mayo.

Destituir al presidente requeriría un mínimo de 92 votos del total de 137 diputados.

De qué lo acusan

La oposición acusa a Lasso de «peculado» (malversación de fondos públicos) por supuestamente tener conocimiento de los actos ilícitos de funcionarios que otorgaron a terceros de forma fraudulenta varios contratos de transporte de petróleo, el principal activo de Ecuador.

La oposición celebró la decisión parlamentaria, mientras los defensores del mandatario denunciaron que la sesión del martes fue ilegal al no existir un informe aprobado de la Comisión de Fiscalización.

Esta comisión había emitido un informe que liberaba a Lasso de responsabilidades al no existir pruebas, pero la oposición, que controla este organismo, impidió aprobar el documento.

El presidente tiene la opción de recurrir a la llamada «muerte cruzada», un recurso que le permitiría disolver el Parlamento y convocar elecciones presidenciales y legislativas anticipadas.