La Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ) en México concluyó este jueves que la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 «constituyó un crimen de Estado» y que no hay indicio alguno de que las víctimas se encuentren con vida.
Estas conclusiones preliminares fueron presentadas por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El informe estableció que en el crimen «concurrieron integrantes delictivos del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano».
La publicación del informe tuvo la primera consecuencia este viernes con la detención en México del exfiscal de la República Jesús Murillo Karam «por desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa».
Además, la Fiscalía anunció que se libraron otras 83 órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero contra mandos militares y personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por su presunta vinculación con el caso.
El reporte está basado en más de 41.000 documentos que incluyen transcripciones de llamadas telefónicas, mensajes de texto, reportes y decenas de videos de torturas de detenidos del caso.
Los estudiantes desaparecieron en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en el sur del país.
Las circunstancias que han rodeado al caso desde entonces, en medio de acusaciones de corrupción e impunidad, vínculos al narcotráfico y distintas versiones de lo ocurrido, han hecho que se trate de uno de los mayores escándalos de derechos humanos en la historia reciente de México.
Tras la desaparición de los estudiantes, una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) estableció una versión oficial llamada «verdad histórica».
Dicha versión decía que policías municipales de Iguala entregaron a los alumnos al grupo de narcotráfico Guerreros Unidos, quienes confundieron a los jóvenes con sicarios de una banda rival, los Rojos.
Según la PGR, los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero municipal de Cocula, también en Guerrero.
Tomás Zerón fue el jefe de investigación de la versión establecida como «verdad histórica» que primero fue cancelada y ahora revertida con el nuevo informe. Zerón se encuentra fuera de México. AFP
Familiares de las víctimas desconfiaron de esta versión y organizaciones como Amnistía Internacional estimaron que la PGR no había «atendido adecuadamente la línea de investigación», demostrando la existencia de «una enorme red de complicidades que involucran a autoridades en todos los niveles del Estado mexicano».
Desde el inicio de su mandato en 2018, AMLO se comprometió a «encontrar la verdad sobre la desaparición de los estudiantes» y pocos días después anunció la creación de la Comisión de la Verdad.
En julio de 2020 la «verdad histórica» fue cancelada y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó la captura de 46 exfuncionarios. Entre ellos, el jefe de la investigación de la PGR Tomás Zerón, quien se encuentra fuera del país.
«La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción organizada del aparato del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes», dice el informe reciente de la CVAJ.
Solo los restos de tres estudiantes de los 43 desaparecidos han sido identificados hasta la fecha. La Comisión de la Verdad insta a continuar la búsqueda e identificación de restos.
Por Marcos González Díaz, corresponsal en México de BBC News Mundo
No es la primera vez que autoridades son claramente señaladas por su presunta participación en la fabricación de pruebas para elaborar la cuestionada y ya descartada «verdad histórica». En 2020, un capitán fue el primer militar arrestado en el marco de la investigación.
El informe presentado este jueves incide en esos señalamientos al poner nombre y apellido de altos funcionarios, pero va más allá al calificar lo ocurrido con los 43 estudiantes de «crimen de Estado».
Lo que no se había escuchado tanto, al menos de manera pública y en boca de un funcionario del gobierno actual, es saber que se considera oficialmente que «no hay indicios» de que alguno de los desaparecidos siga con vida.
Y es que, aunque el lema de los familiares -que se han dejado uñas y dientes para evitar que el caso quedara en el olvido- ha sido siempre «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», esa posibilidad se apaga cada vez más a medida que se acerca el octavo aniversario de su desaparición el próximo septiembre.
El haber señalado de nuevo en este informe al exprocurador (fiscal) de la época, Jesús Murillo Karam, se tradujo pocas horas después en su detención como titular de la entidad responsable de la investigación y principal defensor de la «verdad histórica».
Él es el funcionario de más alto nivel arrestado hasta ahora por este caso, pero los familiares de los jóvenes tienen esperanza en que su detención sea la primera de muchas. Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal prófugo de la justicia y refugiado en Israel, continúa siendo otro de los principales objetivos del gobierno mexicano.
Veintiséis personas claves vinculadas al caso han muerto por ejecución, accidente o muerte natural a lo largo de la investigación, lamentó Encinas durante la presentación del informe.
Además de concluir que la desaparición de los estudiantes constituyó «un crimen de Estado», el informe también apunta que:
Encinas aclaró que el expresidente Peña Nieto no se encuentra entre los individuos para tal «deslinde de responsabilidades».
El resto de conclusiones y más detalles del informe fueron publicados en los canales oficiales del gobierno de México.
GETTY IMAGES
Los 43 desaparecidos formaban parte de un grupo más grande de jóvenes de 17 a 25 años que estudiaban en la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa.
El 26 de septiembre de 2014, decenas de compañeros habían ido a la ciudad cercana de Iguala para luego participar en una manifestación.
Cuando regresaban al final del día, fueron confrontados en Iguala por la policía municipal, que abrió fuego en un ataque coordinado contra varios de los cinco autobuses en que viajaban.
En el tiroteo murieron dos estudiantes y un tercero apareció en la escena el día siguiente con signos de tortura.
La policía detuvo esa noche a decenas de estudiantes y algunos fueron liberados después. Sin embargo, no se volvió a saber nada más de un grupo de 43 jóvenes.
Desde entonces, su paradero se convirtió en uno de los escándalos más recientes en la violenta historia de México, con múltiples versiones sobre lo ocurrido e indignación nacional e internacional ante acusaciones de impunidad y corrupción.
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La Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ) en México concluyó este jueves que la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 «constituyó un crimen de Estado» y que no hay indicio alguno de que las víctimas se encuentren con vida.
Estas conclusiones preliminares fueron presentadas por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El informe estableció que en el crimen «concurrieron integrantes delictivos del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano».
La publicación del informe tuvo la primera consecuencia este viernes con la detención en México del exfiscal de la República Jesús Murillo Karam «por desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa».
Además, la Fiscalía anunció que se libraron otras 83 órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero contra mandos militares y personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por su presunta vinculación con el caso.
El reporte está basado en más de 41.000 documentos que incluyen transcripciones de llamadas telefónicas, mensajes de texto, reportes y decenas de videos de torturas de detenidos del caso.
Los estudiantes desaparecieron en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en el sur del país.
Las circunstancias que han rodeado al caso desde entonces, en medio de acusaciones de corrupción e impunidad, vínculos al narcotráfico y distintas versiones de lo ocurrido, han hecho que se trate de uno de los mayores escándalos de derechos humanos en la historia reciente de México.
Tras la desaparición de los estudiantes, una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) estableció una versión oficial llamada «verdad histórica».
Dicha versión decía que policías municipales de Iguala entregaron a los alumnos al grupo de narcotráfico Guerreros Unidos, quienes confundieron a los jóvenes con sicarios de una banda rival, los Rojos.
Según la PGR, los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero municipal de Cocula, también en Guerrero.
Tomás Zerón fue el jefe de investigación de la versión establecida como «verdad histórica» que primero fue cancelada y ahora revertida con el nuevo informe. Zerón se encuentra fuera de México. AFP
Familiares de las víctimas desconfiaron de esta versión y organizaciones como Amnistía Internacional estimaron que la PGR no había «atendido adecuadamente la línea de investigación», demostrando la existencia de «una enorme red de complicidades que involucran a autoridades en todos los niveles del Estado mexicano».
Desde el inicio de su mandato en 2018, AMLO se comprometió a «encontrar la verdad sobre la desaparición de los estudiantes» y pocos días después anunció la creación de la Comisión de la Verdad.
En julio de 2020 la «verdad histórica» fue cancelada y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó la captura de 46 exfuncionarios. Entre ellos, el jefe de la investigación de la PGR Tomás Zerón, quien se encuentra fuera del país.
«La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción organizada del aparato del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes», dice el informe reciente de la CVAJ.
Solo los restos de tres estudiantes de los 43 desaparecidos han sido identificados hasta la fecha. La Comisión de la Verdad insta a continuar la búsqueda e identificación de restos.
Por Marcos González Díaz, corresponsal en México de BBC News Mundo
No es la primera vez que autoridades son claramente señaladas por su presunta participación en la fabricación de pruebas para elaborar la cuestionada y ya descartada «verdad histórica». En 2020, un capitán fue el primer militar arrestado en el marco de la investigación.
El informe presentado este jueves incide en esos señalamientos al poner nombre y apellido de altos funcionarios, pero va más allá al calificar lo ocurrido con los 43 estudiantes de «crimen de Estado».
Lo que no se había escuchado tanto, al menos de manera pública y en boca de un funcionario del gobierno actual, es saber que se considera oficialmente que «no hay indicios» de que alguno de los desaparecidos siga con vida.
Y es que, aunque el lema de los familiares -que se han dejado uñas y dientes para evitar que el caso quedara en el olvido- ha sido siempre «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», esa posibilidad se apaga cada vez más a medida que se acerca el octavo aniversario de su desaparición el próximo septiembre.
El haber señalado de nuevo en este informe al exprocurador (fiscal) de la época, Jesús Murillo Karam, se tradujo pocas horas después en su detención como titular de la entidad responsable de la investigación y principal defensor de la «verdad histórica».
Él es el funcionario de más alto nivel arrestado hasta ahora por este caso, pero los familiares de los jóvenes tienen esperanza en que su detención sea la primera de muchas. Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal prófugo de la justicia y refugiado en Israel, continúa siendo otro de los principales objetivos del gobierno mexicano.
Veintiséis personas claves vinculadas al caso han muerto por ejecución, accidente o muerte natural a lo largo de la investigación, lamentó Encinas durante la presentación del informe.
Además de concluir que la desaparición de los estudiantes constituyó «un crimen de Estado», el informe también apunta que:
Encinas aclaró que el expresidente Peña Nieto no se encuentra entre los individuos para tal «deslinde de responsabilidades».
El resto de conclusiones y más detalles del informe fueron publicados en los canales oficiales del gobierno de México.
GETTY IMAGES
Los 43 desaparecidos formaban parte de un grupo más grande de jóvenes de 17 a 25 años que estudiaban en la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa.
El 26 de septiembre de 2014, decenas de compañeros habían ido a la ciudad cercana de Iguala para luego participar en una manifestación.
Cuando regresaban al final del día, fueron confrontados en Iguala por la policía municipal, que abrió fuego en un ataque coordinado contra varios de los cinco autobuses en que viajaban.
En el tiroteo murieron dos estudiantes y un tercero apareció en la escena el día siguiente con signos de tortura.
La policía detuvo esa noche a decenas de estudiantes y algunos fueron liberados después. Sin embargo, no se volvió a saber nada más de un grupo de 43 jóvenes.
Desde entonces, su paradero se convirtió en uno de los escándalos más recientes en la violenta historia de México, con múltiples versiones sobre lo ocurrido e indignación nacional e internacional ante acusaciones de impunidad y corrupción.