El director general de Carabineros (la Policía de Chile), Ricardo Yáñez, dijo este viernes 23 de febrero que los cuerpos de seguridad reforzaron los controles fronterizos tanto terrestres, como marítimos y aéreos ante el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, a quien hombres vestidos como fuerza policial sacaron de su vivienda en Santiago el miércoles 21 de febrero.
“Hoy todos los carabineros a nivel nacional están comprometidos y enfocados, particularmente en las fronteras, puertos, aeropuertos, en todos los lugares donde pueda haber una vía de escape o salida”, dijo Yáñez en declaraciones que recogieron medios como Bio Bio y 24 Horas, canal informativo de la Televisión Nacional de Chile.
A Ojeda lo sacaron en ropa interior de su vivienda, según imágenes de las cámaras de seguridad del edificio donde residía. El canal Mega Noticias mostró en exclusivas las imágenes, que según la directora del Instituto Casla, Tamara Suju, muestra como los hombres que se lo llevaron tenían instrucción militar.
«Estos elementos que secuestraron a #RonaldOjeda tienen OBVIAMENTE entrenamiento MILITAR. Caminan y llevan las armas como militares o agentes con formación militar y/o policial, no como los malandros del Tren de Aragua. Además, fíjense en la altura de todos ellos, y en su aspecto físico», posteó este viernes en su cuenta de la red social X.
Sin paradero de Ojeda ni captores
Ni la Fiscalía chilena ni los Carabineros han hablado de quiénes son los responsables de este secuestro. Estos hombres iban con identificación de detectives de la Policía de Investigaciones, algo que descartó el organismo policial.
Yáñez descartó hablar de una «falla de inteligencia» de la policía de Chile en este caso, al asegurar que no es momento de evaluar si la hubo o no, sino de dar con el paradero de Ojeda.
Este exteniente del Ejército, a quien el gobierno de Nicolás Maduro expulsó de la Fuerza Armada Nacional, estuvo preso en la cárcel militar de Ramo Verde, estado Miranda, entre 2016 y 2017 cuando en un traslado se escapó de esta prisión castrense.
A finales de 2023 el gobierno de Chile le dio asilo político, mientras que a inicios de 2024 el gobierno de Maduro lo implicó en un presunto plan militar para desestabilizar al Ejecutivo chavista.
Al teniente lo acusaron primero de Ojeda de rebelión, instigación a la rebelión, motín y traición a la patria». Por estos cargos lo encarcelaron en Ramo Verde hasta que en noviembre de 2017 se evadió del recinto penitenciario junto a otros compañeros.
La operación brazalete blanco
El caso por el que lo degradaron y abrieron una nueva investigación es por la llamada operación «brazalete blanco». Tanto el gobernante venezolano como el Ministerio Público aseguran que era un plan para asaltar dos cuartales en el estado Táchira, secuestrar al gobernador de esa entidad, Freddy Bernal (Psuv), para después intentar llegar a Caracas y atentar contra la vida de Maduro.
Por esta acción están presos militares de diferente rango, la activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel; su expareja, Alejandro González Canales y hay una orden de aprehensión contra los youtubers Wender Villalobos; Norbey Marín; y contra los militares retirados Mario Iván Carratú Molina y José Antonio Colina, además de Luis Gonzalo y Franco G.
Igualmente contra la periodista Sebastiana Barráez y la presidenta del Instituto Casla, que defiende derechos humanos, Tamara Suju.
Incluso encarcelaron a tres dirigentes de Vente Venezuela, Juan José Freites, Guillermo de Jesús López y Luis Enrique Camacaro, a quienes mantuvieron en desaparición forzada por 27 días.