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Parima B es una comunidad indígena ubicada en el municipio Alto Orinoco, en el estado Amazonas. Hace dos meses, el pasado 20 de marzo, cuatro miembros de la etnia Yanomami fueron asesinados por funcionarios militares, tras una discusión por la conectividad a internet.

Por lo alejado del lugar, es poco lo que se sabe de la vida de los indígenas tras la masacre. Un video publicado este lunes 23 de mayo por la cuenta en Twitter de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) muestra a los indígenas “atendidos” por los funcionarios militares; también se les ve recibiendo atención médica.

Olnar Ortiz, abogado del caso, señala que la publicación del video es una muestra de violación a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

“No podemos utilizar a los niños y a los propios indígenas para estar rindiéndoles honores a personas que incluso no son autoridad legítima de su comunidades”, explica el abogado a en una conversación telefónica con Efecto Cocuyo.

Testigos de Parima B están prácticamente «presos» en hospital Militar de Caracas, según Foro Penal

Ortiz, quien además es representante del Foro Penal en Amazonas, señala que mientras los funcionarios militares se toman fotografías y videos entregando juguetes y otros artículos a las comunidades indígenas en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas, continúan “retenidos” Borges Sifontes, un adolescente que resultó herido durante la masacre en Párima B; su hermano Gabriel Silva y un acompañante de nombre Francisco Maracaná.

“Borges Sifontes debe ser intervenido quirúrgicamente para una operación reconstructiva, él está con su hermano y un acompañante los cuales prácticamente están retenidos de manera arbitraria en virtud que no los dejan salir de su habitación”, explicó el abogado de Sifontes.

#22May 🇻🇪Por instrucciones de nuestro @GNBCmdtGral, el GD @FerrerSandrea realizó Visita a la Base de Seguridad Territorial Parima B. A fin de verificar los niveles de articulación social y asistencia integral de la @GNB_Pueblo a nuestra etnia Yanomami#DenunciaPorVenApp #GNBGDP pic.twitter.com/D5GcCv32Jq

— GNB Guardia del Pueblo 😷👍🏻 (@GNB_Pueblo) May 22, 2022

Sifontes, quien es pieza clave para la investigación, fue llevado de manera arbitraria el pasado 3 de abril al hospital Militar, donde supuestamente sería atendido y recibiría la atención médica, pero dos meses después, Ortiz, abogado del adolescente señala que no ha recibido ninguna intervención quirúrgica.

Antes de ese traslado, Sifontes fue operado tres veces en el Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas. El adolescente presentó fractura expuesta de hombro izquierdo, herida de bala en la pierna derecha y anemia severa.

El abogado de Sifontes ha denunciado que después de que el adolescente fue trasladado al hospital militar de Caracas solo ha sido atendido con “calmantes”

“No permiten visitas incluso mías, que soy su abogado, a pesar de que enviamos un escrito a la dirección del hospital, cosa que es irregular pero lo hicimos de igual manera, para que nos volvieran a decir que nosotros no estamos haciendo las cosas por los canales regulares”, explicó el abogado, quien no ha podido ver su defendido desde que está recluido en el hospital.

Impunidad

Se desconoce hasta el momento si el caso por la denominada masacre de Parima B está siendo investigado, a pesar de que se designaron fiscales regionales y nacionales para dar con los detalles de lo ocurrido. En el momento del suceso al lugar se desplegaron algunas comisiones mixtas y de derechos fundamentales para atender lo sucedido pero no hubo un pronunciamiento oficial, fue una reunión hermética y a puertas cerradas.

Ortiz, también abogado del adolescente herido, señala que hasta el momento no hay apertura de juicio contra las personas involucradas en los hechos. “La investigación prácticamente está archivada en la sede del Ministerio Público del estado Amazonas”, dijo el abogado.

Ante la impunidad que parece teñirse con el caso, el juristas denunció el pasado 28 de abril ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) los asesinatos ocurridos en la comunidad indígena. La denuncia la realizó en una reunión privada con José Francisco Calí Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, durante el período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.