Ver más de

¿Cómo valoras esta información?

1

QUÉ CHÉVERE

QUÉ INDIGNANTE

QUÉ CHIMBO

El debate sobre la represión policial-militar que ha truncado las vidas de muchos venezolanos y venezolanas tiene plena vigencia.

Mientras la impunidad marca la actuación de los operadores del sistema de administración de justicia de Venezuela, las víctimas persisten en la reparación de daños y, sobre todo, en el establecimiento de suficientes garantías para que no vuelvan a ocurrir este tipo de atropellos contra quienes ejercen su derecho a protestar en las calles.

Las esperanzas están puestas en tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional, que evalúa los excesos cometidos como presuntos delitos de lesa humanidad, en la medida en que no habrían sido hechos aislados sino parte de una política de Estado ejecutada sistemáticamente.

Como un ejercicio de memoria, el reportaje multimedia El Negocio de la Represión, realizado por una alianza de 13 medios de comunicación de América Latina y Estados Unidos, entre ellos Efecto Cocuyo, revisita las historias de tres jóvenes venezolanos, Juan Pablo Pernalete, Óscar Navarrete y Rufo Chacón, con énfasis en la procedencia de las llamadas armas no letales que usaron en su contra.

A pesar del carácter reservado de la importación de armas destinadas al control del orden público,  se precisó que solamente en 2012 el gobierno de Venezuela gastó 500 millones de dólares en una negociación con la compañía China North Industries Corporation (Norinco), propiedad en su totalidad del Estado chino, para adquirir cascos, fornituras, chalecos antibalas, escudos, trajes de protección corporal individual usados por los funcionarios de la GNB, gas lacrimógeno, cartuchos para almacenarlo, escopetas y carabinas lanzagranadas. Destaca la adquisición de 141 vehículos blindados, popularmente conocidos como Ballenas, Rinocerontes y Murciélagos.

El  monto de esta compra puntual supera por más de cuatro veces el total de las realizadas por ocho gobiernos de la región entre 2017 y 2021 (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala y México), los cuales gastaron por lo menos 112 millones de dólares en compras públicas de equipos antimotines y armas no letales.

Los que pagaron y los que no han pagado

Los números dan cuenta de un creciente mercado de armas no letales en la región y tienen un doloroso correlato en las historias de tres víctimas: Juan Pablo Pernalete, Óscar Navarrete y Rufo Chacón.

Los padres de Juan Pablo Pernalete aseguran que el amor por el joven universitario asesinado el 26 de abril de 2017, a los 20 años de edad, es lo que les ha permitido persistir. Este 15 de junio de 2022, Elvira de Pernalete recordó: “Cinco años después de su asesinato, no hay acusados, solo guardias nacionales imputados que continúan en sus comandos, en libertad y con tan solo prohibición de salida de país. Incluso algunos de ellos fueron ascendidos”.

El 24 de mayo de 2017, Luisa Ortega, para entonces fiscal general de la República, había anunciado públicamente que el joven había sido asesinado con una bomba lacrimógena. Bastó comparar la marca en el pecho de Juan Pablo con la base de una bomba lacrimógena de fabricación china, marca Norinco, Modelo NF01. El acoplamiento de los dos círculos fue exacto, según los expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales que suscribieron el documento, fechado el 13 de mayo de 2017.

Sin embargo, no fue sino hasta el 1° de mayo de 2021, cuando el actual fiscal general de la República, Tarek William Saab, convalidó públicamente esa experticia e informó que 12 funcionarios de la Guardia Nacional (no precisó sus nombres) habían sido acusados por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva; es decir que no hubo la intención de matar y que no se ha precisado quien específicamente disparó contra Juan Pablo y lo mató.

José Gregorio Pernalete, padre de Juan Pablo, no se explica por qué no se avanzado en la identificación precisa del militar que disparó una bomba lacrimógena contra su hijo, pues asegura que en el expediente está incorporado un video a través del cual quedó registrado el momento de la agresión.

Impunidad para Navarrete

Mayor impunidad existe en el caso de Óscar Navarrete, el joven de 18 años de edad, que también fue impactado por una bomba lacrimógena en el pecho, el 18 de mayo de 2017, durante una protesta antigubernamental en Altamira, Caracas. El muchacho permaneció 40 días en estado vegetativo y a los 23 años de edad está reaprendiendo a caminar, a hablar, a comer… como si fuera un bebé.

“La investigación no ha arrancado”, resume la abogada Mariana Ortega, de Foro Penal, quien destaca que las únicas diligencias que hizo el Ministerio Público hace cinco años, intimidaron a los familiares de Óscar, pues todos los interrogatorios sugerían que ellos eran responsables de que el joven participara en una protesta.

Rufo, ícono de lucha

Aunque Rufo Chacón nunca antes había participado en una protesta, ahora es un ícono de la lucha contra la impunidad en Venezuela. El 1° de julio de 2019, cuando tenía 16 años de edad, acompañó a su madre a buscar gas doméstico, pues su familia tenía tres meses cocinando a leña por la escasez del combustible. Vecinos de Táriba, estado Táchira, entre ellos Rufo, su madre y su hermano, trancaron la autopista San Cristóbal-La Fría por la demora en el suministro del gas. Aproximadamente a las 2:00 pm, funcionarios de la Policía del Estado Táchira, dispararon perdigones, 64 de los cuales impactaron el rostro de Rufo y lo dejaron ciego.

El Ministerio Público logró precisar que siete funcionarios policiales dispararon escopetas modelo Táctico, fabricadas por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim). Cuatro de los perdigones que le extrajeron a Rufo del rostro y dos de los cartuchos que se localizaron en el sitio del suceso también fueron sometidos a experticias técnicas, las cuales indicaron que eran marca Cheddite, fabricados por la empresa italiana del mismo nombre. Teóricamente son armas no letales, pero el mal uso que le dieron los funcionarios policiales dejó ciego a Rufo y pudo haberle causado la muerte.

Las experticias realizadas por la Unidad de Análisis y Reconstrucción de Hechos, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), aportaron pruebas irrefutables de la intención de matar, pues el victimario disparó a una distancia de entre 3 y 6 metros y directamente hacia el rostro de la víctima.

El jefe de la Brigada de Orden Público de Politáchira, Javier Useche Blanco, fue condenado a 27 años y nueve meses de prisión, por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y motivos fútiles e innobles en grado de frustración, uso indebido de arma orgánica y trato cruel. El también funcionario de Politáchira Henrry José Ramírez Hernández fue sentenciado a 21 años y cinco meses de prisión por uso indebido de arma orgánica y trato cruel. En el juicio se demostró que Ramírez Hernández también disparó indiscriminadamente y golpeó a patadas a varios manifestantes, entre ellos al hermano de Rufo de 14 años de edad.

Sin embargo, ambos funcionarios no están en una cárcel propiamente dicha, sino en la relativa comodidad de una de las sedes de Politáchira. Rufo y su madre entienden que se trata de otro mecanismo de impunidad.