La ONG Cofavic denunció ante el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk, las presuntas ejecuciones extrajudiciales que han cometido los cuerpos de seguridad en Venezuela.
El funcionario llegó al país este jueves 26 de enero a una visita oficial en la que se reunirá con miembros del gobierno de Nicolás Maduro, organizaciones no gubernamentales y víctimas de violaciones de sus garantías fundamentales.
Cofavic aseguró que en los últimos 10 años ha documentado 14.296 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios de seguridad del Estado, para «un promedio superior a las 1.400 muertes anuales».
A través de una carta, la ONG que se fundó tras los hechos de El Caracazo en el año de 1989, dijo que con el «despliegue de operativos de seguridad ciudadana, practicados especialmente en zonas urbanas muy vulnerables, durante los cuales se han cometido gravísimas violaciones de derechos humanos», han ocurrido estas muertes.
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La ONG señaló que también se registra un «altísimo índice de impunidad revelado por fuentes oficiales». En este sentido, aseguran que «del total de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales investigados entre 2017 y 2021, solo (el) 16 % ha obtenido sentencia condenatoria».
Además, indicó que, de abril a septiembre de 2022, y «por orden del Ejecutivo, se puso en práctica una nueva política de seguridad ciudadana denominada Trueno», en medio de la cual «han sido asesinadas, hasta los momentos, 33 personas y detenidas más de 130».
Ante estos hechos, la organización pidió al alto comisionado mantener y profundizar «una posición activa en el monitoreo de las violaciones de los derechos humanos y en el señalamiento público de las obligaciones del Estado en la materia».
Asimismo, solicitó a Acnudh fortalecer las «labores de su equipo en el terreno, particularmente mediante el robustecimiento de sus funciones de observación», además de profundizar la relación con las ONG venezolanas, con las que espera que se «amplíe la cooperación técnica».
Türk llegó este jueves a Venezuela, desde Colombia, para desarrollar una misión oficial de dos días, hasta el sábado, 28 de enero, cuando se espera que ofrezca declaraciones.
El gobierno de Nicolás Maduro denunció este jueves ante el alto comisionado de la ONU para los DD.HH., Volker Türk, el daño que, asegura, ocasionan las sanciones internacionales «a los derechos del pueblo», por lo que el país reiteró su petición de que estas medidas «ilegales» sean levantadas.
El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó en Twitter de una reunión que sostuvo con el alto comisionado, quien llegó este jueves tras una invitación «del presidente Nicolás Maduro», en la que Venezuela expresó la «necesidad del levantamiento de las sanciones ilegales que tanto daño ocasionan a los derechos del pueblo».
asegura que el país dejó de percibir 232.000 millones de dólares en el sector petrolero debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, un dinero que «hubiera ido a salario, a derechos sociales, a educación, a salud, a alimentación, a vivienda, a infraestructura, al desarrollo general del país».
Por otra parte, Gil señaló, a través de la red social, que revisó junto con Türk los «avances del Gobierno bolivariano» en materia de derechos humanos.
El canciller compartió fotografías del encuentro, al que también asistieron el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, y la coordinadora de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. en Venezuela, Hélène Devaux.
Se espera que antes de salir del país, Türk ofrezca declaraciones a los medios de comunicación este 28 de enero en horas del mediodía.
Con información de Efe
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La ONG Cofavic denunció ante el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk, las presuntas ejecuciones extrajudiciales que han cometido los cuerpos de seguridad en Venezuela.
El funcionario llegó al país este jueves 26 de enero a una visita oficial en la que se reunirá con miembros del gobierno de Nicolás Maduro, organizaciones no gubernamentales y víctimas de violaciones de sus garantías fundamentales.
Cofavic aseguró que en los últimos 10 años ha documentado 14.296 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios de seguridad del Estado, para «un promedio superior a las 1.400 muertes anuales».
A través de una carta, la ONG que se fundó tras los hechos de El Caracazo en el año de 1989, dijo que con el «despliegue de operativos de seguridad ciudadana, practicados especialmente en zonas urbanas muy vulnerables, durante los cuales se han cometido gravísimas violaciones de derechos humanos», han ocurrido estas muertes.
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La ONG señaló que también se registra un «altísimo índice de impunidad revelado por fuentes oficiales». En este sentido, aseguran que «del total de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales investigados entre 2017 y 2021, solo (el) 16 % ha obtenido sentencia condenatoria».
Además, indicó que, de abril a septiembre de 2022, y «por orden del Ejecutivo, se puso en práctica una nueva política de seguridad ciudadana denominada Trueno», en medio de la cual «han sido asesinadas, hasta los momentos, 33 personas y detenidas más de 130».
Ante estos hechos, la organización pidió al alto comisionado mantener y profundizar «una posición activa en el monitoreo de las violaciones de los derechos humanos y en el señalamiento público de las obligaciones del Estado en la materia».
Asimismo, solicitó a Acnudh fortalecer las «labores de su equipo en el terreno, particularmente mediante el robustecimiento de sus funciones de observación», además de profundizar la relación con las ONG venezolanas, con las que espera que se «amplíe la cooperación técnica».
Türk llegó este jueves a Venezuela, desde Colombia, para desarrollar una misión oficial de dos días, hasta el sábado, 28 de enero, cuando se espera que ofrezca declaraciones.
El gobierno de Nicolás Maduro denunció este jueves ante el alto comisionado de la ONU para los DD.HH., Volker Türk, el daño que, asegura, ocasionan las sanciones internacionales «a los derechos del pueblo», por lo que el país reiteró su petición de que estas medidas «ilegales» sean levantadas.
El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó en Twitter de una reunión que sostuvo con el alto comisionado, quien llegó este jueves tras una invitación «del presidente Nicolás Maduro», en la que Venezuela expresó la «necesidad del levantamiento de las sanciones ilegales que tanto daño ocasionan a los derechos del pueblo».
asegura que el país dejó de percibir 232.000 millones de dólares en el sector petrolero debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, un dinero que «hubiera ido a salario, a derechos sociales, a educación, a salud, a alimentación, a vivienda, a infraestructura, al desarrollo general del país».
Por otra parte, Gil señaló, a través de la red social, que revisó junto con Türk los «avances del Gobierno bolivariano» en materia de derechos humanos.
El canciller compartió fotografías del encuentro, al que también asistieron el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, y la coordinadora de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. en Venezuela, Hélène Devaux.
Se espera que antes de salir del país, Türk ofrezca declaraciones a los medios de comunicación este 28 de enero en horas del mediodía.
Con información de Efe