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La audiencia de los militares acusados por la muerte del joven Juan Pablo Pernalete fue diferida nuevamente este siete de septiembre.

A inicios de este mes estaba previsto que los guardias nacionales se presentaran ante el tribunal que lleva la causa, el juzgado 42 de control de Caracas, pero de los 13 efectivos castrenses señalados de asesinar al estudiante universitario, cuatro de ellos no se presentaron.

El proceso se reprogramó para este miércoles 7 de septiembre, pero en esta oportunidad «no se presentaron 6 de los 13 acusados», dijo en su cuenta Twitter el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-Unimet).

Este es el tercer diferimiento que ocurre en el último mes de la audiencia. La primera vez ocurrió por la falta de cuatro acusados el 8 de agosto, la segunda el pasado primero de septiembre y ahora nuevamente faltaron parte de los señalados.

La muerte de Juan Pablo Pernalete ocurrió en abril de 2017, en medio de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. En un principio desde Miraflores promovieron la versión de que la muerte del joven deportistas habría sido ocasionada por una pistola de perno, una tesis que difundió el entonces ministro de Comunicación e Información y ahora de Cultura, Ernesto Villegas.

Sin embargo, los análisis forenses demostraron que fue el impacto de una bomba lacrimógena la que le provocó la muerte a Pernalete.

Lea más en: El fulminante golpe de una lacrimógena en el pecho apagó la vida de Juan Pablo Pernalete

Justicia para Pernalete

Desde entonces su familia exige justicia, porque la acusación contra los militares involucrados es de «homicidio preterintencional en grado de complicidad», es decir, que justifican como un accidente su deceso, según señala la defensa de Pernalete.

El último fin de semana de agosto varias organizaciones no gubernamentales y el CDH-Unimet se concentraron en la casa del joven. Allí develaron un mural con el rostro de Juan Pablo, pero además exigieron justicia y que se acuse a los guardias nacionales de su homicidio.

Su caso es uno de los que documentó la Misión de Determinación de Hechos Sobre Venezuela, un grupo de tres juristas que designó el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para investigar las violaciones a las garantías fundamentales en el país.