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Las escuelas no escapan de la violencia armada en el barrio José Félix Ribas de Petare, al este de Caracas, una de las barriadas más grandes del país. Los tiroteos entre las megabandas, más las incursiones policiales, representan un desafío día a día: desde que una niña o niño quede atrapado en la línea de fuego hasta ser blanco de una bala perdida, incluidos maestros y maestras.

Desde que comenzó el año, las actividades escolares en algunas escuelas ubicadas en José Félix Ribas (JFR) han sido afectadas por los frecuentes enfrentamientos armados entre las megabandas delictivas de Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, alias El Wilexis, y la de Los Chicorrios.

La pugna es por el control de las 10 zonas que componen el barrio y las economías criminales que allí operan, que van desde la venta de drogas hasta secuestros, extorsiones, tráfico de armas, explotación sexual y trata de personas.

Pero las incursiones policiales y militares practicadas en diversas zonas del barrio también han dejado huellas en el desarrollo de las clases. Los estudiantes temen a las bandas delictivas armadas, pero también a los operativos policiales violentos. 

Ante la violencia desmedida que se vive en las zonas del JFR, donde residen alrededor de 120 mil habitantes, las y los maestros de las tres escuelas que se ubican en la barriada han tenido que tomar medidas de seguridad para proteger la integridad física y mental de los y las estudiantes.  

Te contamos: Toques de queda, enfrentamientos y violencia policial: José Félix Ribas, el barrio de Petare donde reina la violencia 

Este sector petareño tampoco es ajeno a los efectos de la crisis humanitaria compleja que impacta a un porcentaje importante de la población venezolana. Forma parte del mapeo de organizaciones como  Unicef, Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja.

Los múltiples tiroteos que ocurren en esta locación llevaron a diseñar, construir e implementar, con el apoyo del Comité Internacional de la  Cruz Roja (Cicr), un protocolo de seguridad para la protección de estudiantes y personal que labora en algunos planteles del JFR y en algunas instituciones educativas de Petare. 

El organismo humanitario creó las llamadas “zonas seguras” en las escuelas más vulnerables del barrio petareño, en las Zonas 9 y 10, para proteger a los niños y niñas de los disparos.

Las denominadas “zonas seguras” son los espacios identificados en los colegios para que los niños, niñas, adolescentes y personal educativo puedan resguardarse durante un posible tiroteo. Estas zonas suelen estar protegidas por paredes de concreto.

Mientras que el Instituto Venezolano Para el Desarrollo del Niño (Invedin) reforzó esta estrategia con el plan llamado “Semáforo”, que se activa cuando hay enfrentamientos armados. 

La ONG Cecodap, que defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes en Venezuela, en una investigación titulada “Escuelas a prueba de balas”, documenta que, desde el año 2017,  en siete escuelas petareñas las maestras y el personal escolar han recibido formación por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre comportamiento seguro en conflictos armados y situaciones de riesgo.

Cómo funciona el “semáforo”

El Área Metropolitana de Caracas (AMC) es una de las regiones más violentas del país, según las cifras del informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) del año 2022. 

Los municipios Libertador y Sucre, en este último está ubicado el barrio José Félix Ribas, registraron una tasa de homicidios estimada en 67 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

El plan ”Semáforo” funciona según los colores del dispositivo que se utiliza para controlar el tránsito vehicular en las ciudades. 

Los colores del semáforo indican los niveles de violencia y determinan el protocolo de seguridad a seguir. 

Cuando los profesores consideran que la violencia armada está en un punto alto activan el color rojo. Esto significa que las actividades escolares quedan suspendidas hasta nuevo aviso por los fuertes enfrentamientos entre bandas y las incursiones policiales violentas.

Te sugerimos: Operativos policiales esporádicos no son la solución a la violencia en Petare, advierte Luis Izquiel

El color amarillo indica que las maestras y maestros podrán dar clases por medio tiempo a los alumnos. Cuando los trabajadores educativos activan el color verde significa que los niños, niñas y adolescentes pueden ir con normalidad a las escuelas para recibir clases. 

“Hay unas zonas de José Félix Ribas que son más violentas que otras, pero de igual forma todos nos vemos afectados. Las más vulnerables son las que están en la parte de arriba del barrio, porque colindan con zonas donde hay enfrentamientos entre bandas. Allí está el mayor peligro”, comenta una profesora de un plantel educativo, que por razones de seguridad prefiere estar en el anonimato. 

A través de aplicaciones de mensajería instantánea el personal educativo tiene contacto directo con los representantes de los escolares, y por esa vía se les informa a las madres y padres si se activa o no el protocolo semáforo para evitar que algún alumno sea víctima de la violencia armada. 

La violencia en el barrio José Félix Ribas es de vieja data, pero desde el año 2015 se ha incrementado, tras el control territorial y poder que tiene alias El Wilexis, quien ha desplazado del barrio a delincuentes de bandas rivales y funcionarios policiales, pero también a vecinos ajenos a esa trama delictiva.

El Estado es testigo de esta violencia desenfrenada, pero no promueve y menos ha elaborado un plan eficaz para ponerle fin al control de las bandas armadas en la barriada.

En el año 2013,  José Vicente Rangel Ávalos, actual alcalde del municipio Sucre,  fungía como viceministro de Seguridad Ciudadana y fue el encargado de la llamada “pacificación de las bandas”. El objetivo era lograr la reinserción social de los delincuentes a través de la entrega voluntaria de armas de fuego a cambio de ayudas socioeconómicas.

El plan fracasó y, contrario a lo que buscaba el oficialismo, muchas de las bandas armadas de Caracas se fortalecieron en diferentes sectores populares. Así ocurrió en la Cota 905, El Valle, El Cementerio, La Vega y Petare. 

Alias El Wilexis, el poder del JFR

Alias El Wilexis, uno de los delincuentes más peligrosos del país y que tiene la megabanda delictiva con más poder en Petare, no solo tiene el control de las economías criminales; su poder ha hecho que instaure medidas de control social, usurpando así las funciones del Estado. 

Un artículo publicado por el observatorio de violencia armada InSight Crime señala que para los ciudadanos que habitan en JFR, alias El Wilexis es un juez y verdugo que muchas veces “resuelve” hasta los problemas vecinales. 

El delincuente impuso políticas locales, se vinculó a la organización de eventos y actúa como especie de Robin Hood, al dar regalos y donaciones a personas necesitadas y niños que habitan en la comunidad, con el fin de seguir delinquiendo de manera impune.

La banda delictiva tiene un arsenal que va desde pistolas 9mm hasta rifles AK-47 y AR-15. La organización criminal además cuenta con un gran número de granadas fragmentarias e infinidad de municiones.

Tirarse al piso y buscar una pared que proteja

Las niñas y niños que estudian en el turno vespertino son los más expuestos al peligro, pues en horas de la tarde es cuando ocurren más los enfrentamientos violentos entre bandas y también las incursiones policiales. Aunque los que estudian en la mañana igualmente han sido testigos de la violencia delictiva que rodea los planteles educativos. 

Cuando los estudiantes están en las escuelas y ocurren estos enfrentamientos, los alumnos deben tirarse al piso y buscar una pared que los proteja de una posible bala perdida. Esta es una de las recomendaciones que dio la Cruz Roja al equipo de docentes.  

Una maestra del JFR contó a Efecto Cocuyo que en uno de los más recientes tiroteos se escuchó la detonación de una granada fragmentaria. La mayoría de los niños se encontraba en el recreo y, tras el hecho violento, los docentes llevaron a los estudiantes a “zonas seguras” y se refugiaron cerca de las paredes de concreto. 

“Nosotros (los docentes) tenemos determinados espacios que consideramos zonas seguras, que son paredes que tienen respaldo con otras. A mi me tocó una vez cargar a niños y meterlos en la cantina porque cuando estábamos en el patio se escuchó una detonación. No podíamos ir hasta la pared y la señora que atiende la cantina me ayudó a meter a los niños, que tenían entre tres y cuatro años de edad”, cuenta una maestra bajo anonimato. 

En esa ocasión la docente no pudo seguir el protocolo y actuó bajo un instinto de protección hacia sus pequeños alumnos. 

“El protocolo se rompió porque generalmente uno le dice a los niños que se tiren al piso, pero como fue una detonación tan grande, no sabíamos qué magnitud iba a tener y el único lugar que había seguro era la cantina porque tenía paredes.  Estábamos en un espacio abierto en la cancha del colegio”, dice la fuente. 

Maestros y niños con miedo

Además de los bajos salarios, la violencia desenfrenada ha hecho que muchos profesores y parte del personal educativo que laboran en planteles de José Félix Ribas dejen sus trabajos por temor a ser víctima de la delincuencia. 

Estos ataques armados también han repercutido en la salud mental de muchos estudiantes y maestros. 

Para hacerle frente a estas afectaciones los educadores cuentan con un equipo de psicólogos que les brinda atención cuando los niños o profesores entran en crisis de pánico por el contexto violento que los rodea.

Organizaciones como Invedin se encargan de prestar el apoyo psicológico a estudiantes y profesores, además de las alianzas con la Cruz Roja, Unicef y Médicos Sin Fronteras.

“Tenemos ayuda de inmediato, ellos (especialistas) prestan apoyo, tenemos incluso un chat donde los consultamos, conversamos y hasta drenamos. Cuando pasa esta situación uno observa si uno de los niños está muy nervioso y los remitimos a ellos, que de manera inmediata bajan a los salones y conversan con los afectados para calmarlos”, explica una maestra. 

El miedo a los delincuentes y a la policía 

Desde mediados de 2015, vecinos de José Félix Ribas han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En busca de los delincuentes muchas veces ocurren incursiones violentas por parte de la policía y allanamientos sin órdenes judiciales. 

La exfiscal del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, contabilizó entre 2015 y 2017, 8.297 ejecuciones extrajudiciales en el país, mientras que la ONG Cofavic informó que entre los años 2012 y 2017, la cifra de ejecuciones por parte de funcionarios de seguridad del Estado era de 11.328 muertes. 

El año pasado, según un informe publicado por la organización Lupa por la Vida, el municipio Sucre del estado Miranda se ubicó como el lugar donde más se cometieron ejecuciones extrajudiciales en el país con 42 casos. 

La policía irrumpe, tira las puertas, golpea a mujeres, a jóvenes varones, que son las principales víctimas de ejecuciones, y en ocasiones los funcionarios de seguridad los señalan de ser miembros de bandas delictivas.

Muchos de los niños que estudian en las escuelas de esta barriada popular son testigos directos de estas incursiones violentas y es por eso que, en vez de sentir protección por parte de los funcionarios, sienten temor. 

“He visto niños que le tienen más miedo a la policía que a los delincuentes”, dice la docente. 

La violencia es tan letal en José Félix Ribas que organizaciones como Cecodap se han pronunciado para exigir protección a las niñas y los niños ante los fuertes enfrentamientos armados que ocurren en las distintas zonas.

Maestras y maestros dan cuenta de testimonios de alumnos que relatan que cuando están en sus casas y suceden estos tiroteos cambian provisionalmente de habitación y duermen en la sala, que por lo general está en el centro de la vivienda para evitar ser alcanzados por una bala perdida. 

“Han tenido que cambiar su rutina para dormir. Hay niños que me comentan que sus padres les cambian la cama para la sala, para la cocina o el comedor;  niños que se han tenido que mudar con los abuelos. No es fácil. Ese estado de violencia no es normal, los niños no se pueden acostumbrar a eso”, enfatiza. 

Para realizar este trabajo Efecto Cocuyo resguardó las identidades de las personas entrevistadas y los nombres de los planteles educativos por medidas de seguridad.