En las celdas de la Dirección de Inteligencia y Estrategia (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en El Valle, Caracas, permanece detenida Andreína Walesca Orozco Espinosa, una estudiante de 22 años que lleva presa desde julio de 2025.
A seis meses de su captura, su madre, Hermelinda Espinoza, se presentó frente a la sede del Ministerio Público junto a otros familiares de presos políticos para exigir nuevamente su libertad.
Andreína fue arrestada en la plaza La Candelaria tras una simulación de compra por internet. “Mi hija, además de estudiar, vende carteras por Instagram. La Policía la contactó para decirle que necesitaban dos carteras; ella bajó inocentemente y la detuvieron como a una delincuente”, afirmó Espinoza.
La mujer explicó que la joven cursa estudios de inglés y de tripulante de cabina, pero ahora enfrenta cargos por incitación al odio y terrorismo, derivados de un presunto conflicto personal con una funcionaria del chavismo con quien discutió en redes sociales.
“Está totalmente deprimida; su vida cambió por completo. Siete meses presa sin ver la luz del sol resultan muy injustos para una estudiante”, manifestó la madre ante los medios de comunicación que se presentaron este 20 de enero a las afueras de la sede del Ministerio Público, en Parque Carabobo, Caracas.
Representantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) acudieron a la sede principal del MP para consignar un documento dirigido al fiscal general, Tarek William Saab. La misiva exige datos precisos sobre más de 200 personas que los familiares denuncian en condición de desaparición forzada en distintos centros de reclusión.
Testimonios desgarradores
A pesar de la intención de los manifestantes de ser recibidos por el titular de la acción penal, el personal de recepción procesó únicamente el documento. En las afueras, las historias de traslados a cárceles remotas y el deterioro físico de los internos marcaron la jornada de protesta.
Bárbara Bracho, madre de Alberto José Bracho, explicó la situación de su hijo, quien cumple una condena de 30 años tras ser vinculado al caso del atentado con drones de 2018.
“Él estuvo en Guaicaipuro y salió con una fractura que aún no se ha consolidado; todos sabemos cómo se originó esa lesión”, denunció la mujer, quien se encontraba en silla de ruedas.
La mujer recordó las dificultades para localizar a su hijo cuando lo trasladaron al centro penitenciario de El Dorado, en el estado Bolívar. “Tuve un accidente en una curiara mientras cruzaba el río, porque El Dorado es zona minera. Gracias a ese accidente pude saber que mi hijo estaba allí”, relató.
Desapariciones y falta de acceso legal
La protesta también visibilizó casos recientes en los que los familiares denunciaron una interrupción total del contacto con los detenidos. Ana Ibarra, hermana de José Riera Zapata —activista del partido político Voluntad Popular, de 35 años—, relató que su familiar permanece desaparecido desde que lo secuestraron en julio de 2025.
Ella se trasladó desde el municipio Ortiz, en el estado Guárico, hasta Caracas para participar en la protesta.
“Tenemos seis meses sin verlo; está prácticamente secuestrado. No tiene acceso a un abogado privado y no lo hemos podido ver en todo este tiempo”, indicó Ibarra. El detenido, psicólogo de profesión y defensor de derechos humanos, fue arrestado en la zona de Los Dos Caminos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.
Ibarra señaló que la familia presentó un recurso de habeas corpus en septiembre de 2025, el cual no ha recibido respuesta de los tribunales correspondientes.
“Mi mamá tiene 83 años, es hipertensa y sufrió un ACV. Ella pregunta mucho por su hijo, pero no le decimos nada porque podría pasarle algo grave”, explicó la familiar.
El estado de salud en los penales
Kenia Jiménez, madre del abogado Kennedy Tejeda, participó en la movilización para exponer el deterioro de la salud de su hijo en el penal de Tocorón, estado Aragua.
Tejeda, activista voluntario del Foro Penal, permanece privado de libertad por el ejercicio de su profesión, según relató su madre este martes.
“Su salud física se deteriora cada día. Se encuentra en un estado de ansiedad constante y la falta de sueño le impide descansar”, detalló Jiménez sobre la situación actual del jurista.
La madre insistió en que su hijo ingresó al sistema penitenciario en óptimas condiciones de salud, las cuales han empeorado debido al tiempo de reclusión.
Los familiares desmintieron las cifras oficiales sobre liberaciones masivas y aseguraron que los casos civiles y militares posteriores a 2023 no han recibido medidas de libertad.
La jornada concluyó sin una respuesta formal por parte de las autoridades del Ministerio Público, mientras los manifestantes anunciaron que continuarán exigiendo fe de vida de los detenidos.