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Familiares de víctimas venezolanas y el expreso político Wilmer Azuaje entregaron documentos en la Corte Penal Internacional (CPI) este lunes 23 de mayo.

En un video que el dirigente político colgó en su cuenta de Twitter aparecen la mamá de Neomar Lander, Zugeimar Armas; el hermano del exfuncionario del Cicpc Oscar Pérez, Armando Pérez, y el papá de David Vallenilla.

Según Azuaje fueron escuchadas «por primera vez» las víctimas de las violaciones de los derechos humanos en el país.

Sin justicia ni respeto a la vida

El señor David Vallenilla padre aseguró que la denegación de justicia y la violación al derecho a la vida los motivó a acudir ante la CPI, donde hay una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, durante los años 2014 y 2017.

«Estamos aquí por la violación del derecho a la vida y el derecho a la justicia», aseguró.

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Mientras que el hermano de Oscar Pérez aseguró que en la CPI sí habrá justicia por las violaciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela.

«Tuvimos una reunión con una comisión de alto nivel de la Fiscalía de la CPI para que, por primera vez, víctimas pudiésemos presentar y exponer nuestros casos», dijo Azuaje. Añadió que llevaron evidencias de otros casos.

Víctimas de la represión

Neomar Lander y David Vallenilla fueron dos víctimas de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2017. Lander cayó el 7 de junio de ese año, cuando manifestaba entre las avenidas Francisco de Miranda y Libertador. Un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le disparó en el pecho, aunque el gobierno dijo que su muerte fue por manipular un mortero.

A Vallenilla le disparó un policía militar cuando se encontraba en las afueras de la Base Área La Carlota, en la autopista Francisco Fajardo. Aunque el sargento Arli Méndez Terán fue condenado a 23 años por su muerte, el papá del joven dijo que se debe investigar la cadena de mando.

Este juicio se repitió después de que una jueza absolvió a Méndez Terán en un primer proceso.

Mientras que Oscar Pérez murió asesinado por un operativo policial conjunto de las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro, en la llamada masacre de El Junquito. El expolicía junto a ocho personas murieron acribilladas por un grupo que integraron militares y policías en enero de 2018.

Funcionarios de la (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Dirección General Contra Inteligencia Militar (Dgcim) y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) participaron en el operativo, en el que murió Pérez.

Junto con él cayeron Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla, José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Agostini Agostini.

Azuaje fue diputado regional y preso político. Ya en 2020 acudió a La Haya a llevar pruebas de las violaciones contra los derechos humanos cometidas en Venezuela. Estuvo preso entre en 2017 y 2018 en varias cárceles del país.

Hace dos años llevó pruebas por la llamada Operación Gedeón, un intento fallido de incursión marítima contra el gobierno de Maduro. Azuaje dijo que en el estado Vargas, donde desembarcó parte de un grupo de hombres armados, hubo ejecuciones extrajudiciales.

«Las víctimas de persecución, tortura, desaparición forzada y privación ilegítima de libertad tenemos derecho a conseguir justicia. Los crímenes no pueden quedar impunes», agregó este lunes.