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El día que Javier Tarazona acudió a denunciar ante la sede del Ministerio Público (MP) en el estado Falcón que estaba siendo perseguido y hostigado por funcionarios de seguridad del Estado, un grupo de efectivos policiales lo detuvo junto a otros dos activistas por una supuesta orden de captura en contra del defensor de derechos humanos.

Desde ese 2 de julio, comenzó el calvario de Tarazona, quien es el director de la organización FundaRedes, desde donde han denunciado por años la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano y el presunto apoyo del Gobierno nacional hacia estas facciones.

Tarazona y otros activistas que lo acompañaban fueron llevados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Punto Fijo, estado Falcón, pero horas después los trasladaron a la sede del organismo en Caracas.

Su captura se realizó sin orden judicial y fue sometido a desaparición forzada.

Además de la prisión, el retraso procesal ha sido un de las trabas más grandes con las que ha tenido que lidiar el defensor de derechos humanos. Al menos 13 veces si difirió su audiencia preliminar. El también profesor universitario fue acusado de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio. Finalmente lo recluyeron en la sede de la policía política en El Helicoide.

En al menos dos sesiones del Consejo de Derechos Humanos Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló su preocupación por la detención de tres activistas de Fundaredes.

En diciembre de 2021, la organización Amnistía Internacional calificó a Tarazona como un preso de conciencia y pidió su pronta liberación.

Salud en deterioro

Durante sus días en prisión la salud de Tarazona se ha venido deteriorando, según denuncias sus familiares y defensa. Tarazona es paciente hipertenso con dislipidemia debido a sobrepeso, tiene problemas cardiovasculares y arritmias cardíacas permanentes.

En múltiples ocasiones sus familiares y la defensa han pedido que el defensor de derechos humanos sea evaluado por médicos de confianza, pero estas peticiones han sido denegadas reiteradas veces por quienes lo tienen tras las rejas.

En enero de este año, su esposa Kenny Molina alertó que Tarazona “corre peligro de muerte” debido a su complicado estado de salud.

“Vivimos en una permanente angustia porque Javier corre peligro de muerte. Ha sido evaluado por los médicos del Sebin, conocen las patologías de Javier, son suficientemente corroboradas por ellos”, aseguró Molina en una rueda de prensa en los alrededores de la sede del Ministerio Público en Caracas.

Molina entregó un documento ante la Fiscalía General en el que solicitaron la libertad del activista y se anexaron los informes médicos que se le han practicado a Tarazona, incluyendo los exámenes que se había realizado antes de su detención.

En marzo de este año, organizaciones humanitarias, entre las que estuvieron Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), enviaron una carta al presidente argentino, Alberto Fernández, en la que lo instan a pedir al Gobierno venezolano la liberación de los presos políticos, en particular de Tarazona.

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel), donde Tarazona labora como profesor, también ha pedido una medida humanitaria para que el docente de esa casa de estudio puede continuar su proceso penal desde casa. La Upel también catalogó la detención del activista como “indignante”.

Denuncias sobre conflicto en Apure

Tarazona fue la principal voz de denuncia en el conflicto desatado el año pasado en el estado Apure, fronterizo con Colombia, entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Las acciones bélicas dejaron miles de desplazados, destrucción a la infraestructura pública por parte de los grupos colombianos, calificados por ONG como disidencias de las Farc y por el gobierno que lidera Maduro como grupos terroristas y narcotraficantes. Además hubo soldados muertos y ocho militares secuestrados por uno de estos grupos.

La denuncia del secuestro de los efectivos castrenses fue realizada por Tarazona, quien aseguró que en dos oportunidades los miembros de las Farc habían secuestrado a funcionarios militares venezolanos.

“En FundaRedes hemos confirmado que las Farc secuestró y liberó a un segundo grupo de militares venezolanos, tres de los cuatro capturados eran mujeres. También hemos conocido que llegó a La Victoria deshidratado Sargento de los desaparecidos en la emboscada por Farc del 23 Abril”, aseguró en un video.

Preocupación en la ONU

El pasado 23 de junio Bachelet volvió a referirse a la estadía en prisión del activista venezolano e hizo mención al caso en un informe.

“El ACNUDH sigue de cerca los casos de tres defensores de los derechos humanos de la ONG FundaREDES y el caso de un periodista que se enfrenta a cargos como terrorismo e incitación al odio por sus actividades profesionales. De los cuatro, tres han sido puestos en libertad condicional».

Además, añadió que «Javier Tarazona permanece en prisión preventiva. El Sr. Tarazona solicitó acceso a atención médica especializada, ya que su condición de salud habría empeorado. Es esencial que este tipo de solicitudes sean debida y rápidamente examinadas por las autoridades competentes”, se lee en el informe publicado por la organización perteneciente a Naciones Unidas.

En enero de este año, Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, pidió la libertad del activista.

Hasta ahora es poco lo que se conoce sobre la salud y las condiciones de prisión en las que se encuentra el activista, al cumplirse un año de su detención, organizaciones y entes internacionales han abogado por la liberación de Tarazona, quien a pesar que ya pasó a juicio ha sido víctima del retardo procesal que tienen que enfrentar la mayoría de los prisioneros en Venezuela.