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Al menos 44 dirigentes sindicales fueron asesinados entre 2015 y 2020 en Venezuela, alertó la coalición regional Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), este 13 de julio.

En la presentación del informe «Violencia contra líderes sindicales: el retroceso de la clase obrera en Venezuela» denunciaron que en el país se registraron 82 casos de violencia en contra de personas defensoras de derechos laborales en ese mismo lapso. Cuatro de ellos se cometieron contra mujeres. 

Así mismo, 23 de las víctimas trabajaban en sindicatos de la construcción, 21 pertenecían a sindicatos de las empresas básicas del estado Bolívar, 11 estaban centrales sindicales, seis laboraban en la administración pública, cuatro eran sindicalistas de la industria petrolera, tres estaban en el sector salud y tres en empresas eléctricas.  

Patrón de criminalización

Raúl Cubas, activista y miembro fundador de la ONG Provea, indicó que en Venezuela existe un patrón de criminalización a los representantes de sindicatos.

Señaló que desde 2015 y hasta 2020 se documentaron 28 casos de detenciones arbitrarias, cinco de amenazas o intimidaciones, cuatro de intentos de asesinatos y uno de malos tratos. Recordó que varios dirigentes sociales se encuentran detenidos desde la semana pasada.

«Exigimos la liberación de todos los trabajadores y sindicalistas detenidos en el marco del ejercicio de la libertad sindical. Incluyendo a los cinco trabajadores detenidos en días recientes», expresó Cubas. 

Estas detenciones se produjeron a inicios de la semana pasada en Caracas, Falcón y Guárico. Privados de libertad están Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo.

Derechos violentados

En la presentación también intervino Diannet Blanco, defensora de derechos humanos y ex presa política, para narrar el caso de detención arbitraria de su pareja, Gabriel Blanco, el pasado 7 de julio.

En la madrugada de ese día, al también activista y trabajador humanitario lo llevaron a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en La Quebradita por supuestos cargos de asociación para delinquir y presunta conspiración.

«No hay pruebas de nada de lo que se le está acusando. Gabriel Blanco ha venido trabajando desde año y medio en una organización humanitaria, atendiendo a la población más vulnerable», dijo Blanco. Finalmente, solicitó al Estado venezolano que investigue la situación.

Odevida también exhortó a que el gobierno, actualmente presidido por Nicolás Maduro, ofrezca una respuesta a los demás casos de detención. 

«Exhortamos a investigar de manera urgente todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro», reza el informe. 

Salarios

Los derechos laborales violentados también se abordaron este 13 de julio. Una de las principales réplicas fue hacia el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que elimina beneficios y primas que corresponden a los trabajadores según la ley. 

«La escala de sueldos ha sido aplanada en la Administración Pública. Los contratos colectivos han sido abandonados. Hay un problema generalizado», expresó Pablo Zambrano, dirigente sindical.

Jaqueline Richter, del Observatorio sobre la Libertad Sindical, también denunció la práctica gubernamental de violaciones a la libertad sindical. En esta línea de ideas, Susana Rojas, coordinadora de Bandera Roja, recordó las diversas protestas que se han registrado en 2022 para exigir soluciones al Estado. 

«Aquí lo que se pretende es que nuestro país se acalle la protesta, que es un derecho universal. Este es un SOS que hace el pueblo venezolano», dijo Rojas. 

Una lista de protestas

Efecto Cocuyo ha documentado más de 15 protestas de trabajadores y sindicalistas durante el primer semestre de 2022. Estos siguen solicitando la homologación del salario mínimo y las pensiones a la canasta básica, además de la derogación del instructivo Onapre. La última manifestación se realizó este martes 12 de julio.

La Coalición Sindical Nacional, que integra a más de 100 organizaciones y núcleos de trabajadores en todos los estados del país, aseguró que sus miembros se mantendrán en las calles hasta que las autoridades estatales atiendan sus demandas.