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En Venezuela, el Estado mantiene vigente un Código Penal del siglo pasado que tipifica el aborto como un delito. Las autoridades se amparan en esta normativa para criminalizar a las mujeres y a las personas gestantes que decidan abortar salvo cuando se trate de un “medio indispensable para salvar la vida de la parturienta”.

Sin embargo, activistas feministas y defensoras de derechos humanos advierten que el Código Penal es “profundamente inconstitucional” y contraviene los tratados internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos que Venezuela ha suscrito.

La directora del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos (Cedesex), Suzany González, argumenta que el artículo 76 de la Constitución consagra el derecho a decidir el número de hijos o hijas que la persona desee concebir, así como el derecho a la planificación familiar.

Código Penal retrógrado

El texto constitucional dice:

 “Este es un Código Penal del siglo pasado que no responde a la sociedad actual (…) la penalización del aborto es profundamente inconstitucional”, afirma.

La abogada también recuerda que, de acuerdo con el artículo 23, los tratados internacionales tienen rango constitucional.

En este sentido, señala que los comités de expertos que han sido creados en el marco de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos del Niño han recomendado que se despenalice el aborto al menos por las causales de violación, de viabilidad de vida del feto, entre otras.

El mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, instó a las autoridades venezolanas a revisar las “muy restrictivas disposiciones legales” que penalizan el aborto y provocan la muerte de mujeres que se ven obligadas a recurrir a procedimientos clandestinos arriesgados.

El aborto en Venezuela

En 2018, la organización feminista Faldas R interpuso un recurso para solicitar la nulidad de los cuatro artículos (430 (aborto procurado), 431 aborto consentido, 433 aborto agravado y 434 aborto por honor del Código Penal) que penalizan el aborto ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Casi cinco años después, el máximo órgano de justicia del país sigue sin responder.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU en la Observación General N° 36 señaló que “las restricciones jurídicas  que limiten la capacidad de las mujeres para someterse a un aborto no deben, entre otras cosas, poner en peligro sus vidas ni exponerlas a dolores o sufrimientos físicos o psíquicos por cuanto ello supondría una vulneración del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

La defensora de derechos humanos y representante de Women´s Link Worldwide, Marcia Aguiluz, alerta que penalizar el aborto genera riesgos para la vida y la salud de las mujeres y, por lo tanto, es un tema de derechos humanos.

“El aborto es un servicio de salud que podemos llegar a necesitar las mujeres en ciertos periodos de nuestras vidas. Negar ese servicio de salud a las mujeres en función de nuestra capacidad reproductiva es discriminatorio porque esto no va a pasar con hombres o personas que no tienen la capacidad de gestar”, expone.

“Garantizar el derecho al aborto no obliga a nadie a abortar, simplemente permite la opción de que ese servicio de salud esté accesible para una población que lo necesita. Es un tema de garantizar la igualdad, de reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y su dignidad”, agrega.

La especialista cuestiona que un Estado que se autodefine feminista, como el venezolano, penalice el aborto: “Es una  gran incoherencia. Venezuela es claramente un Estado conservador, aliado con sectores fundamentalistas que no permiten que avance el tema a lo interno”.

Activistas en riesgo

La penalización también pone en riesgo a quienes facilitan el acceso a abortos seguros. El caso de Vannesa Rosales marcó un antes y un después para el movimiento feminista, pues la profesora y activista fue encarcelada por ayudar a una adolescente de 13 años, que quedó embarazada luego de ser víctima de abuso sexual.

“El hecho de que esté penalizado el aborto inhibe, intimida y castiga a las personas que quieren ayudar a otras a tener acceso a derechos. La penalización del aborto tiene consecuencias en el espacio cívico porque se puede utilizar para limitar la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión”, señala Aguiluz.

Es por esto que la abogada opina que la penalización del aborto tiene consecuencias para la democracia porque se puede utilizar para criminalizar.

A Rosales le imputaron inicialmente los delitos de agavillamiento, asociación para delinquir y aborto inducido por terceros que ponían en riesgo su libertad por hasta un periodo de 20 años.

La abogada Venus Faddoul, quien ejerció su defensa, considera que el  caso de Rosales es un antecedente importante que llevó al Alto Comisionado para los DDHH a pronunciarse.

“Es increíble que se tenga que explicar, en el siglo XXI, que se trata de la autonomía del cuerpo. Una vez Kamala Harris dijo, en un debate, que si los hombres tuvieran que abortar, ya el aborto fuera legal. La vida de la madre es la que se va a ver afectada en el desarrollo de ese embarazo, el cuerpo gestante es el principal y único afectado. Solo el hecho de que a una mujer le de miedo llevar adelante un embarazo debería ser un motivo suficiente”, expresa.

El caso de Rosales puso en “la mira” a todas las activistas, comenta González de Cedesex: “Nos puso a todas las que públicamente defendemos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo en riesgo. Es un caso que demuestra lo cruel que es la penalización porque la profesora Vannesa, que ayudó a una niña de 13 años violada a no morir, ya que la mortalidad materna se multiplica por cuatro en niñas y adolescentes, fue completamente criminalizada”.

La criminalización de Rosales también permitió «visibilizar lo que realmente ocurre detrás de la penalización del aborto que son maternidades forzadas en niñas», apunta.

Un Poder Legislativo «sordo»

No solo el Poder Judicial ignora las demandas a favor de la despenalización del aborto. El Poder Legislativo frenó el desarrollo de un anteproyecto de ley orgánica sobre los derechos sexuales y reproductivos, en 2022. Cuando las activistas pidieron a los diputados que se constituyera una mesa técnica para discutir la propuesta presentada y desarrollar la normativa, los parlamentarios paralizaron las reuniones que sostenían.

Diversos colectivos de mujeres trabajan, entonces, en la recolección de 1% de las firmas del padrón electoral como un mecanismo de presión para que el tema entre en la agenda legislativa.

González opina que además del anacrónico Código Penal, otra barrera es la inexistencia precisamente de una ley sobre derechos sexuales y reproductivos: «Nos cuesta entender, por el tema cultural, que vivir una sexualidad segura, placentera e informada es un derecho humano tan importante como la educación o la alimentación. Nos cuesta entender que acceder a métodos anticonceptivos es un derecho humano que tiene que garantizar el Estado».

«Sabemos que el hecho de tener una ley no garantiza su implementación, pero es una herramienta. La ley contra las violencias, por ejemplo, no impide que seamos víctimas de la violencia machista, pero nos da una herramienta para buscar justicia, para que en algunos casos se pueda prevenir, para exigir políticas públicas», argumenta.  

Destacan avances, pero faltan muchos

González reconoce avances en la primera década del siglo XXI como la Ley Orgánica sobre el Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras que reconoce una serie de derechos para las mujeres; La Lopna e incluso la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna que fueron ejemplos modelo en su momento, pero quedaron rezagadas hoy día.

«Nuestra Constitución del 99 utilizó un lenguaje inclusivo y no sexista que fue motivo de burla para muchos actores políticos y hoy se ha entendido la importancia de esto. Ojalá los procesos de diálogo político en el país permitan avanzar en materia de derechos humanos», expresa.

«Venezuela debe ir indudablemente hacia la despenalización del aborto si lo vemos desde la lógica de la obligaciones internacionales y desde el punto de vista de la tendencia en la región. Venezuela tendría que plantear una discusión seria, asesorarse adecuadamente, y despenalizar el aborto, lo ideal sería que lo hiciera de manera completa», concluye Aguiluz.