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La emergencia humanitaria compleja en Venezuela persiste y su respuesta requiere un mayor financiamiento en un contexto en el que corre el riesgo de convertirse en una crisis «subregistrada», alertaron algunas de las principales organizaciones no gubernamentales del país. 

En el marco del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, voceros de Civilis DDHH, Convite, Cáritas y Prepara Familia destacaron que el recién renovado Plan de Respuesta Humanitaria 2022-2023 permite la realización de acciones más largas e incluye a poblaciones que no habían sido atendidas, pero su meta (5,2 millones de personas) no abarca a todos los venezolanos con necesidades y su financiamiento aún se mantiene por debajo de lo requerido. 

«Sigue siendo un plan humanitario que subestima el número de población que está en necesidades humanitarias», dijo la nutricionista Susana Raffalli durante el foro «¿Es necesaria la acción humanitaria en Venezuela?», realizado este 19 de agosto en Caracas.

Meta irrisoria

«La meta es irrisoria en comparación a la gente que va a quedar por fuera de esa asistencia. Nos preocupa, pero nos coordina y plantea un mínimo de operatividad», agregó.

Para Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, el plan anunciado por Naciones Unidas «se queda corto» ante todas las necesidades que enfrenta la población, que requiere una mayor respuesta desde la acción humanitaria y desde las políticas públicas del país.

«Necesitamos boletines epidemiológicos e informes de mortalidad materna y de mortalidad infantil. Necesitamos que termine la opacidad del Estado porque no podemos hacer una planificación si no contamos con estas herramientas», expresó.

Jo D’Elia, director de la organización no gubernamental Civilis DDHH, destacó la necesidad de tener acuerdos formales firmes que comprometan al Estado venezolano con el trabajo de la respuesta humanitaria, lo que permitiría que se «revoque el veto a la información», causante de la subestimación de las necesidades humanitarias. 

De acuerdo con D’Elia, es igualmente importante un aumento sustantivo del financiamiento, el cual debe ser continuo e ininterrumpido y dirigido a los sectores más vulnerables, pues asegura que la emergencia continúa.

Javier Manrique, coordinador humanitario de la asociación civil Convite, indicó por su parte que el objetivo de la acción humanitaria no debe ser solamente salvar vidas de manera inmediata, sino también dejar sostenibilidad y capacidades instaladas, para lo cual es necesario un mayor financiamiento. 

Los expertos también coinciden en la necesidad de ampliar los recursos para el cuerpo humanitario nacional, pues la mayor parte de los fondos del plan van destinados a las agencias de cooperación internacional. 

«La cooperación internacional viene disminuyendo y va a seguir disminuyendo. Estamos en este clamor de que no nos saquen del radar, que es posible hacer en Venezuela una acción humanitaria rigurosa, responsable, auditable y efectiva, que además es necesaria», señaló Raffalli.

Más complejidad e impacto diferenciado

Según Susana Raffalli, algunos indicadores han mostrado ciertos avances: la desnutrición aguda que atienden en Cáritas es menor a la registrada en 2017 en cuanto a su escala; sin embargo, el daño mantiene su intensidad y, en términos de prevalencia, aún es consistente con los umbrales de crisis humanitaria.

Tras acumular años de privaciones nutricionales, los niños han caído en desnutrición crónica y retardo del crecimiento: «Estamos ante al menos 1,8 millones de niños con esta situación que va a ser difícil rescatar».

De acuerdo con Raffalli, el problema se ha complejizado y el país está desapareciendo del radar internacional, corriendo el riesgo de convertirse en una emergencia subregistrada.

«El tipo de problema que estamos recibiendo en las parroquias es muchísimo más complejo, muchísimo más sofisticado de abordar. La familia viene con la misma hambre pero presa de dinámicas de explotación, prostituida, en actividades económicas ilegales, víctima de dinámicas de tráfico humano», señaló. 

Katherine Martínez, directora de la organización no gubernamental Prepara Familia, afirmó que el deterioro continúa y el sistema de salud sigue siendo el más afectado en Venezuela, con una vulnerabilidad diferenciada en niños, niñas y mujeres. 

«Ese proceso ha venido escalando. Nos preocupa porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que tienen prioridad absoluta», dijo. «La emergencia es devastadora. Todo el mundo debe colaborar cuando hay un familiar con una patología crónica». 

Martínez recordó que el sistema de procura de órganos y tejidos (Spot) que permite la realización de trasplantes de donante cadáver tiene cinco años suspendido, mientras los hospitales carecen de suficiente personal de enfermería y de algunos medicamentos esenciales o insumos elementales como inyectadoras o yelcos. 

La emergencia humanitaria igualmente ha impactado de manera diferenciada a los adultos mayores. Javier Manrique alertó sobre el creciente riesgo entre los adultos mayores de tener más dependencia financiera y física de sus familias, por lo cual exhortó a incluir a más adultos mayores en la respuesta humanitaria.

«En menos de 20 años probablemente el grupo de personas mayores va a superar al de los niños en Venezuela», expresó. «Cada vez vamos a tener más personas mayores, y más personas mayores que entran en esa definición de envejecimiento dependiente, discapacitado, con múltiples enfermedades». 

Las organizaciones igualmente clamaron por mejoras de los servicios públicos. «No podemos poner curitas sin que la situación estructural mejore», enfatizó Raffalli.

Asimismo llamaron a no criminalizar la acción humanitaria y abogaron por la liberación del activista y trabajador humanitario Gabriel Blanco. «No han presentado acto conclusivo ni permitido acceso al expediente. Mi esposo es inocente. Lo que ha hecho es ayudar al país», dijo su esposa, Diannet Blanco.