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Dirigentes del sector público, miembros del sector salud y jubilados manifestaron este 17 de junio su rechazo a las políticas laborales del gobierno venezolano, pidieron la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y convocaron a dos movilizaciones para la tercera semana de este mes (20 y 21 de junio respectivamente).

«El día 20 es la protesta de los jubilados que piden una respuesta acerca del pago del bono de recreación. Inclusive se está solicitando un cronograma de pago para que comiencen a cancelar ese bono que se anunció hace más de 45 días y todavía no se le ha pagado a nadie. El día siguiente habrá una protesta nacional contra el instructivo Onapre que eliminó cláusulas económicas y violenta nuestros derechos», explicó Carlos Salazar, vocero de la Coalición Sindical Nacional.

En una rueda de prensa realizada en el edificio de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), en el centro de Caracas, sindicalistas rechazaron la propuesta del gobierno de Nicolás Maduro y la Central Socialista de Trabajadores de reducir la nómina del estado en un 50 %. 

«Estamos hablando que quieren mandar a sus casas a más de 1 millón 200 de trabajadores en la peor crisis económica que estamos viviendo. La Central Socialista y Nicolás Maduro están violentando el patrimonio familiar de todos los venezolanos porque no tienen como cubrir los contratos colectivos. Hacemos un llamado de alerta a todos los trabajadores», expresó José Patines, secretario general del sindicato de Cancillería. 

Sueldo mínimo en Venezuela

La Coalición Sindical insistió en la necesidad de que se aumente el sueldo de los trabajadores del sector público, que actualmente se ubica en 126 bolívares (24 dólares al cambio) mientras que la canasta básica tiene un costo de 481,92 dólares según datos del mes de abril de 2022, ofrecidos por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FMV). 

Por otro lado, se le hizo un llamado a los líderes de las organizaciones de base del Magisterio para convocar a una asamblea general que permita definir acciones próximas y articular con otros sectores. 

«La Coalición Sindical tiene una directiva nacional de 27 dirigentes y más o menos arropa más de 100 organizaciones y núcleos de trabajadores en todos los estados», aclaró Salazar.

Salud y educación en malas condiciones

Representes sindicales también denunciaron las graves condiciones en la que se encuentran los sistemas de salud y educación en el país. Reiteraron que las manifestaciones continuarán mientras el Estado no ofrezca soluciones.

Elsa Castillo, miembro suplente de la junta directiva nacional de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), aseguró que es vergonzoso que a los venezolanos se les ofrezca la excusa de que hay falta de recursos. 

«Más aún cuando el artículo 311 en su tercer parágrafo establece que los recursos de la explotación del subsuelo y de la minería deben ser utilizados en el país en la productividad, salud y educación. Entonces la pregunta es: ¿por qué motivo los hospitales están por el suelo cuando tenemos todo un ecocidio causado por la explotación del Arco Minero?», dijo Castillo. 

En la actualidad, el personal del sector salud tiene un salario menor a los 100 dólares mensuales, mientras labora casi sin materiales. De hecho, según la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), en el primer cuatrimestre de 2022 el desabastecimiento de insumos de emergencias en el país era del 44 %.

«El Estado no puede llegar a ningún acuerdo sin consultar a todos los trabajadores», dicen gremios de la salud

Médicos criminalizados 

En la rueda de presa de este 17 de junio, Rafael Arreaza Padilla, ex presidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (Ivss), alertó que en los hospitales de Guarenas y Guatire han muerto varias mujeres en trabajo de parto por infecciones hospitalarias que no se pueden tratar a causa del déficit de insumos médicos. 

«Los venezolanos se está muriendo de mengua en las puertas de los hospitales», apuntó. Agregó que las políticas de persecución hacia médicos y enfermeras, de parte del gobierno de Nicolás Maduro, dejan aún más vulnerables a los pacientes. 

«Lo que viene es una gran mortandad. Los hospitales no tienen dotación de ninguna especia y ahora se pretende criminalizar a los médicos», puntualizó Arreaza.