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El Tribunal Cuarto de Control con competencia en terrorismo declaró con lugar la solicitud de privativa de libertad solicitada por el Ministerio Publico contra el trabajador humanitario Gabriel Blanco, los activista Néstor Astudillo, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortez y el sindicalita Emilio Negrín.

La audiencia se llevó a cabo este sábado 9 de julio, en Caracas, según informó en un tuit la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, quienes anunciaron que la medida se tomó a las 9:05 de la noche.

Los seis fueron detenidos entre el lunes 4 y jueves 7 de julio, en lo que la organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) ha calificado de una ola represiva que, incluyó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento.

El Ministerio Público los imputó por los supuestos delitos de Asociación para Delinquir y Conspiración, según denunció el partido político opositor Bandera Roja.

Cuatro militantes de Bandera Roja, un activista por los DDHH y un dirigente sindical fueron detenidos en las últimas 72 horas

El abogado Luis Eduardo Betancourt, de Foro Penal, organización defensora de los presos políticos del país, señaló que con las detenciones de estas seis personas se materializa una detención arbitraria.

“Se materializa una detención arbitraria y así lo denunciamos en la audiencia, todas las solicitudes que hicimos en defensa de sus derechos humanos fueron declaradas sin lugar, pero el Foro Penal, desde este momento hasta que finalice toda la etapa de investigación ejercerá todos los recursos pertinentes”, señaló el jurista en un video publicado en Twitter.

 Por el momento se desconoce cuál será el sitio de reclusión de los activistas.

De los detenidos, por lo menos cuatro son miembros del partido político Bandera Roja (BR), cuyos líderes denuncian que durante las detenciones de sus militantes se ha violado el debido proceso y no hay pruebas de los que se les imputa.

“La defensa lo que corroboró es que no hay ningún elemento de convicción (prueba); simplemente presentaron la acusación y dictaron medida privativa de libertad a partir de la acusación no de las pruebas. ¿Qué podemos inferir nosotros de eso?, que están involucrando a nuestros compañeros y a otros que no son militantes de Bandera Roja en un supuesto plan conspirativo”, informó Jesús Hermoso, miembro del Comité Político Nacional de Bandera Roja y responsable de comunicaciones y propaganda de ese partido.

Las reacciones tras la ratificación de privativa de libertad no se hicieron esperar, Marco Gómez, director de Amnistía Internacional , en Venezuela, calificó el proceso judicial contra Gabriel Blanco como injusto y organizaciones vinculadas a los derechos humanos señalaron la decisión como arbitraria.