Por: Marianna Alexandra Romero Mosqueda
Directora
Centro para los Defensores y la Justicia

Las víctimas y su familiares, la sociedad, las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos necesitan y exigen que se mantenga vigente el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (en adelante la Misión), para combatir la impunidad y  alcanzar verdad, justicia, reparación y establecer garantías para la no repetición por las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Particularmente, para quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos resulta de vital importancia contar con un mecanismo como la Misión, no solo para seguir avanzando en la búsqueda y alcance de justicia, sino también para promover mecanismos para la protección y acompañamiento ante el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela, que ha derivado en la profundización de una Política de Criminalización, Represión y Control Social que ha afectado gravemente el trabajo de personas y organizaciones defensoras, al ser consideradas por el Estado como “enemigos internos”.

Principales acciones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela

Para comprender la importancia de la Misión en la lucha contra la impunidad de violaciones de derechos humanos en Venezuela es relevante conocer los antecedentes de la misma y lo que ha hecho el mecanismo internacional hasta la actualidad.

En 2019, por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a través de la resolución 42/25 se estableció la Misión por un período de un año, dándole un mandato para «investigar las violaciones graves de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluidos los relacionados con violencia sexual y por razón de género, cometidos desde 2014», y «para ayudar a combatir la impunidad y garantizar la plena rendición de cuentas de los perpetradores y la justicia para las víctimas». Se debe destacar que la incidencia de organizaciones de derechos humanos venezolanas y aliadas internacionales fue fundamental para que el Consejo decidiera esta resolución.

Tras la presentación de su primer informe, en septiembre de 2020, con conclusiones detalladas respecto a la identificación de los distintos patrones que engloban la política represiva, de criminalización y control social en el país, el Consejo prorrogó el mandato de la Misión por otros dos años más, hasta septiembre de 2022, conforme a su resolución 45/20. La renovación permitió a la Misión presentar un segundo informe en 2021, sobre el rol del Sistema de Justicia en Venezuela y como esta «juega un papel importante en la represión del Estado contra los opositores al gobierno». Para el 26 de septiembre de 2022 se espera la presentación de un tercer informe.

Durante los tres años de vigencia de la Misión se han realizado otras acciones de importancia para la lucha contra la impunidad en Venezuela, como por ejemplo presentado diversas declaraciones, actualizaciones orales, una visita a la frontera, así como también se han sostenido diálogos interactivos con los integrantes del Consejo, con el fin de informar sobre la situación de derechos humanos en el país.

Estas acciones descritas de forma precedente ha sido muy importante para la sociedad venezolana. El trabajo sistemático y calificado de la Misión ha evidenciado al mundo la realidad de los derechos humanos en Venezuela, significando un paso esencial para avanzar al alcance de verdad, justicia y reparación.

Preocupación de la Misión por el uso de la lógica del “enemigo interno” en contra de organizaciones y defensoras de derechos humanos

Las investigaciones de la Misión y sus conclusiones sobre distintos aspectos en torno a estos derechos han sido esenciales para las víctimas y sus procesos de búsqueda de justicia. Particularmente, la reducción del espacio cívico y democrático ha derivado en la inexistencia de un entorno propicio y seguro para el ejercicio de los derechos a la reunión, asociación, manifestación, expresión y defensa de derechos humanos en Venezuela.

En los últimos años se ha evidenciado la profundización de la criminalización y represión en contra del movimiento de derechos humanos en el país bajo la lógica del enemigo interno. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) ha denunciado que estos hechos se constituyen como una política de Estado, cuyo resultado se refleja en el aumento de los ataques y agresiones en contra de los defensores de derechos humanos, con 1.445 agresiones documentadas entre 2019 y julio de 2022, según registros de la organización.

La Misión -en el marco de su proceso de investigación y los hallazgos que ha podido encontrar hasta el momento- ha definido distintos patrones represivos y cómo los mismos han afectado a la sociedad civil en Venezuela. En marzo de 2021, la Sra. Marta Valiñas, presidenta del órgano internacional, expresó ante el Consejo de Derechos Humanos que «el concepto estatal de `enemigo interno´ parece ser cada vez más amplio. La Misión de Determinación de los Hechos está preocupada por lo que parece ser una tendencia creciente: la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de derechos humanos».

Aunque la Misión, al igual que organismos internacionales, ha alertado y rechazado la criminalización en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, el Estado venezolano ha seguido obstaculizando su labor, identificándose como principales patrones la estigmatización, intimidación, hostigamiento, amenazas, detenciones arbitrarias, entre otros. Adicionalmente, por ejercer el derecho a la cooperación internacional con organismos y organizaciones internacionales, incluida la Misión, y por la recepción de recursos extranjeros, el movimiento de derechos humanos ha sido objeto de represalias.

¿Por qué es importante para las organizaciones de derechos humanos que siga la Misión?

En Venezuela la crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria compleja no han cesado. La, criminalización, la represión y el control social como política de Estado, sigue agudizándose y en ese contexto el entorno para la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos es cada vez más hostil y restrictivo, generando una serie de riesgos para quienes se encuentran en primera línea documentando, denunciando, visibilizando y exigiendo la reivindicación de los derechos humanos y la protección de la dignidad.

Como se ha mencionado, debido a distintas circunstancias adversas que rodean y condicionan el espacio en el cual se desenvuelven quienes defienden, promueven y exigen derechos en Venezuela, preocupa la continuidad de las agresiones en contra de la sociedad civil en el país, producidas en el marco del cierre del espacio cívico y democrático.

Los obstáculos, las agresiones y represalias derivados de la política de criminalización en contra de las organizaciones y personas defensoras, presentan mayores desafíos para las víctimas y sus procesos de búsqueda de justicia y la reivindicación de sus derechos. Los ataques al movimiento de derechos humanos tienen un impacto directo y resultan también en la vulneración de los derechos de las víctimas, porque las pone en una situación de mayor desprotección ante las acciones y omisiones del Estado y dificulta la lucha contra la impunidad ante las violaciones de derechos humanos.

Mientras el Estado venezolano siga apuntando a cercenar el espacio cívico y criminalizar el trabajo de las organizaciones en el país, incluidas acciones en el marco de la cooperación internacional, es fundamental poder contar con mecanismos externos que velen por la protección, defensa y garantía de derechos, incluidos los de las organizaciones y sociedad civil en Venezuela. El rol de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos reviste de gran importancia para avanzar en el alcance de verdad, justicia y reparación de violaciones de derechos humanos, contribuir a la protección de las organizaciones y defensores de derechos humanos y para el fortalecimiento del espacio cívico y democrático en el país.

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