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La Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó un acuerdo en «respaldo y ratificación para aprobar en cada una de sus partes el segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo, suscrito entre el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria».

Los diputados del chavismo atribuyeron el reinicio de las negociaciones de México y la firma del acuerdo social del 26 de noviembre, para atender sectores prioritarios como el sistema eléctrico, salud y educación, «al esfuerzo» y la «vocación de diálogo» del gobierno de Nicolás Maduro.

También calificaron el convenio como una «victoria» frente a la solicitud de sanciones por parte de un sector de la oposición venezolana que, rechazaron, promovió el bloqueo de recursos de la República en el exterior, en violación del derecho internacional, de acuerdo con el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez.

«Vamos por más» recursos

Al presentar el acuerdo, el diputado de 2020, Nicolás Maduro Guerra, resaltó que el desbloqueo de 3.000.000 millones de dólares que serán administrados por Naciones Unidas, permitirá entre otras cosas, la generación de más de 500 megavatios en el sistema eléctrico nacional del país.

En la sesión ordinaria de este 1 de diciembre se aseguró además que los fondos descongelados servirán para la reparación de 2.300 instituciones educativas del país y más de 22 hospitales, además de garantizar la atención de más de 60 mil pacientes con cáncer.

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«Es un gran acuerdo pero vamos por más, esos recursos deben volver al patrimonio venezolano, esperemos que cumplan (la oposición) su palabra», señaló el parlamentario, quien es hijo del gobernante Maduro.

Recordó que solo en Estados Unidos hay 25.000 millones de dólares líquidos congelados producto de las sanciones «gracias a la oposición extremista», la cual, advirtió, reconoció con su firma, que fueron fondos bloqueados para desestabilizar al Gobierno nacional y que le causó daño al pueblo venezolano.

Pide evaluar pertinencia de negociaciones

Maduro Guerra diferenció la Plataforma Unitaria que acude a las negociaciones de México de la oposición moderada con representación en la AN de 2020 y la que ganó gobernaciones y alcaldías en 2021, para asegurar que la primera es democrática y la segunda no.

«Esa es la democracia que se promueve, donde podamos tener elecciones libres, libres de sanciones, de amenazas y de persecuciones a líderes mundiales», dijo desde la tribuna de oradores.

Un día antes, el gobernante Maduro condicionó la celebración de elecciones presidenciales libres al levantamiento de las sanciones internacionales por violaciones de derechos humanos y corrupción aplicadas por países como Estados, Unidos, Canadá y de la Unión Europea.

Maduro Guerra aseguró que el país avanza hacia la consolidación de la democracia y la reinstitucionalización y llamó incluso a evaluar si es necesario seguir en la mesa de México.

«El país está normal, por eso creo que hay que revisar la pertinencia de las conversaciones en México, se lo digo a los jefes y seguir concentrándonos en aplicar los recursos y que le lleguen al pueblo, que deje de ser perseguido, agredido y se consolide la paz y la democracia», pidió.

La Alianza Democrática en voz del diputado de 2020, Luis Parra (Primero Venezuela) apoyó el acuerdo y recordó que las sanciones fueron solicitadas por la oposición, «tutelada por EEUU». Pese a ello advirtió que la fracción parlamentaria no se siente representada por ninguna de las partes que negocia en México por considerarlos responsables por igual de la crisis del país.

Ley del Sistema Económico Comunal

La mayoría del chavismo también aprobó en primera discusión la reforma de la Ley del Sistema Económico Comunal, la cual integra el paquete legislativo de 14 textos legales que será actualizado con el propósito de instaurar un estado comunal en el país.

El diputado (Psuv) Juan Carlos Sierra indicó que la reforma abarca 14 artículos de la ley vigente sin ahondar en detalles, salvo que los cambios buscan consolidar la «actividad productiva comunal».

Otro parlamentario, Jesús Farías agregó que los cambios están dirigidos a darle la propiedad sobre los medios de producción al pueblo organizado en Consejos Comunales y comunas. Resaltó que se le da oportunidad al pueblo para que produzca «de manera creciente» y sea partícipe de la mejora de la economía tanto en su comunidad como del país.

«Promovemos una economía mixta donde van a convivir lo privado, el estado socialista y la economía comunal, no vamos a ceder ni un ápice en esto», advirtió Farías.

Oposición defiende descentralización

La fracción de la Alianza Democrática rechazó la esencia de la reforma y reclamó que el texto de la ley no fuera distribuido entre los diputados antes de aprobarse en primera discusión.

«Estado comunal versus descentralizado, Tenemos una visión distinta. Creemos en el estado descentralizado, moderno, vanguardista e inclusivo sin tutela partidista en el que se garantice la propiedad privada y la inversión», sostuvo.

Dicha ley es la quinta del conjunto de leyes del Poder Popular (en total 14) que se propone aprobar el chavismo antes de que finalice el año. En sesiones anteriores fueron aprobadas en primera discusión las leyes orgánicas de los Consejos Comunales, Comunas, Contraloría Social y Poder Popular.

La oposición moderada insiste en que el estado comunal no está previsto en la Constitución y no puede instaurarse por medio de leyes sino mediante reforma a la Carta Magna, que antes debe ser aprobada por el pueblo en referendo.