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La Asamblea Nacional (AN) de 2020 declaró la responsabilidad política del alcalde del municipio Zamora (Guatire), Raziel Rodríguez (Fuerza Vecinal) y otras ocho personas, más la empresa Guatire Textil, involucrados en el desalojo forzoso de habitantes del sector Villa Zamora, el pasado 13 de abril de este año.

 El presidente de la Comisión Especial para «Investigar Hechos de Fascismo», Ricardo Molina (Psuv) presentó en la sesión plenaria de 9 de junio, un informe con las conclusiones de la investigación ordenada por la plenaria el pasado 21 de abril.

 La mayoría del chavismo con el apoyo de la fracción de la Alianza Democrática (oposición moderada) también declaró la responsabilidad política a la jefa de la Policía de Zamora, Neylé Martínez, al segundo al mando, José Ramón Parica y a los efectivos Raúl Romero y Belkys Ramírez, por la detención sin orden judicial de habitantes de Villa Zamora y el derrumbe de viviendas y destrozo de siembra en el lugar.

 Asimismo al director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Zamora, Carlos Carratú, el director de Vivienda, Evandro Rodríguez, así como a la fiscal cuarta del Ministerio (MP) del estado Miranda, Norka Martínez por imputar a los afectados por «invasores» y la jueza del circuito judicial penal del estado, Yusbely Caguaripano, por desconocer la carta agraria otorgada por el Instituto Nacional de Tierras (INTI) a los afectados.

Igualmente la sanción se aplica contra representantes de Guatire Textil, encabezados por Omar Sánchez. La empresa se atribuye la propiedad de los terrenos desalojados.

El alcalde de Guatire en la mira del chavismo: las claves del caso  

Piden acciones legales al MP

 De acuerdo con el diputado (2020) Molina, los señalados cometieron al menos 13 delitos, entre ellos, simulación de hecho punible, privación ilegítima de la libertad, detención arbitraria sin orden judicial, maltrato físico y mental de un adulto mayor, detención sin orden de allanamiento, violación de domicilio mediante abuso de funcionarios públicos, destrucción y robo de bienes materiales y maltrato de animal.

 Indicó que las familias afectadas fueron 16 que habitaban y trabajaban en el terreno desde 2013, luego que se les otorgara la carta agraria. Denunció que 11 familias fueron «persuadidas» con dinero para que abandonaran el lugar mientras que las otras cinco se negaron. Para el momento del desalojo, relató, solo estaban dos hombres, uno de 70 años, que luego fueron detenidos durante dos días, dos mujeres más un niño de cuatro años.

 «Solicitamos al Poder Ciudadano acciones legales por la responsabilidad penal y civil del alcalde de Zamora como principal responsable por violación de derechos humanos», dijo Molina al comenzar a leer la lista de los señalados.

 En la sesión del 31 de mayo , el diputado Diosdado Cabello, ya había advertido que no se había olvidado del caso y adelantó que la Comisión especial que preside Molina estaba por presentar un informe conclusivo. Cabello denunció al alcalde de Guatire el 19 de abril y días después, la AN aprobó iniciar la investigación.

 Dar una lección

 Antes de someter a votación la responsabilidad política, el presidente de la AN de 277 legisladores, Jorge Rodríguez advirtió que los elementos encontrados en la investigación realizada por la Comisión Especial constituían pruebas para que el MP inicie las acciones legales que corresponden contra los señalados.

 Ordenó que la Comisión Especial se mantenga en funcionamiento para recibir denuncias sobre supuestos abusos cometidos por otros funcionarios que responden a «intereses privados». El nombre del alcalde de Valencia (Psuv), Julio Fuenmayor, salió a relucir por un hecho similar en el sector Los Nísperos, mencionado por la Alianza Democrática.

 «Si incurrió en lo mismo de Guatire, personalmente voy a solicitar que se le declare la responsabilidad política. A una diputada le allanamos la inmunidad y está presa. Tenemos que demostrarle al país que ese alcalde no se salió con la suya, síganle la pista al dinero para saber por que la fiscal hizo lo que hizo y la jueza», dijo Rodríguez.

 Advirtió a la oposición que sentarse en una mesa de diálogo no le da patente a la oposición para abusar de su poder desde un cargo público.

 «Después no vengan a decir en las mesas de diálogo que es un preso político, es un político que debe ir preso porque cometió graves crímenes en contra de personas, tienen que ir presos. Sería una vergüenza que esa fiscal, que esa jueza, sigan en sus cargos, que los policías no estén presos, tenemos que dar una lección verdadera» fustigó Rodríguez.

 Amenaza a Juan Carlos Escotet

 Al hablar de corrupción y abusos también la emprendió contra el dueño de Banesco, y presidente del español Abanca, Juan Carlos Escotet, a quien tildó de «ladrón» y lo amenazó por supuestamente «comprar jueces» del país.

 «Voy por ti Escotet porque sé lo que haces contra los jueces ¡ ladrón! no solo por banquero sino porque robó el dinero de los venezolanos, eso no puede seguir pasando», advirtió.

 El diputado Pedro Carreño indicó que los ciudadanos implicados quedan destituidos de sus cargos a partir de la responsabilidad política declarada por la AN.