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La Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó en segunda discusión la Ley de Registro de Antecedentes Penales que deroga la normativa anterior sancionada en 1979.

Entre los aspectos más resaltantes del nuevo instrumento legal están el derecho de las personas a acceder al Registro de Antecedentes Penales para solicitar la actualización o eliminación de los datos en caso de error.

También contempla el cobro del trámite de la certificación de antecedentes penales y privativa de libertad y multas para quienes revelen información del Registro o pidan antecedentes para el acceso a ofertas laborales, académicas o servicios de salud, entre otros.

 El presidente de la AN de 2020, con mayoría del chavismo, Jorge Rodríguez, aseguró que la nueva ley se «afinca» en el respeto a los derechos humanos, a la privacidad, a la intimidad y el debido proceso. Pidió que sirviera de ejemplo para que se actualicen más normativas previas a la Constitución de 1999.

La Ley, propuesta por el ministro del Interior y Justicia, Remigio Ceballos, fue aprobada en primera discusión el pasado 2 de junio y en su artículo 1 dice que tiene por objeto regular el registro de antecedentes penales para garantizar el derecho de las personas y el correcto funcionamiento del sistema de justicia, proteger derechos y garantías de las personas y garantizar (artículo 2) que la base de datos cuente con información veraz y oportuna.

 Se protege confidencialidad

De acuerdo con el artículo 6 de la nueva ley toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a sus datos en el registro de antecedentes penales y ejercer la acción de habeas data ante el tribunal competente para la actualización, rectificación o la destrucción de tales datos en caso de que sean erróneos o afecten derechos y garantías.

El apartado siguiente, número 7, establece la confidencialidad de la información que contiene el Registro de Antecedentes Penales a fines de evitar discriminación, con excepción de los órganos del sistema de justicia que lo requieren como parte del cumplimiento de sus funciones. La violación de la confidencialidad es castigada (artículo 17) con prisión de tres a 15 meses.

La normativa prohíbe igualmente la solicitud de antecedentes penales para el acceso a una oferta de trabajo (artículo 16). Cualquier persona o institución que lo haga no solo en el ámbito laboral sino en el académico, de salud, para otorgar créditos bancarios o permanencia en algún lugar o establecimiento, deberá pagar una multa de 1.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Usuarios deben pagar por el trámite

Con la aprobación de la ley, quienes requieran tramitar el certificado de antecedentes penales deben cancelar una tasa que oscila de 10 a 50 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecida por el BCV (artículo 14). Se agrega que el Ministerio del Interior Justicia y Paz establecerá tasas diferenciadas tomando en cuenta el lugar donde se haga la solicitud, es decir, si es en el territorio nacional o en el extranjero.

 Anteriormente el trámite era totalmente gratuito para el documento con vigencia de tres meses. Se solicita a través de la web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (http://www.mpprij.gob.ve/).

 Dicho artículo 14 fue incorporado en la segunda discusión de la ley en la Comisión de Política Interior de la AN de 2020.

Enfoque y equidad de género

Otra novedad reflejada en el artículo 11 es la automatización del Registro de Antecedentes Penales, bajo la rectoría del Ministerio del Interior y Justicia.

Los datos que debe contener el Registro son: nombres, apellidos, cédula de identidad, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad o nacionalidades, estado civil, delito o falta a que se refiere la sentencia condenatoria, admisión de hechos, penas impuestas y lugar o establecimiento penitenciarios de cumplimiento de la condena si es el caso, entre otros.

Igualmente los artículos 4 y 5 señalan que se debe garantizar en el Registro, la igualdad sin discriminación de raza, sexo, origen étnico, clase social, orientación sexual de género o alguna discapacidad. Se indica expresamente que se debe evitar el sesgo hacia un género en particular, por lo que debe prevalecer el enfoque de igualdad y equidad de género, género inclusivo y no sexista.

Red Parlamentaria de Países No Alineados

 La AN de 277 diputados celebró en la sesión ordinaria de este 12 de julio en el Palacio Federal Legislativo, la reciente designación de Jorge Rodríguez como vicepresidente de la Red Parlamentaria de Países No Alineados.

Durante la presentación de un informe sobre la participación de la Delegación de la AN de 2020 en la II Reunión de la Red Parlamentaria en la que se produjo el nombramiento de Rodríguez, la segunda vicepresidenta del Parlamento Vanesa Montero recalcó que Venezuela va rumbo «a la normalización internacional» y a «romper el cerco» impuesto por países que no reconocen al gobierno de Nicolás Maduro.

«Nos va a permitir contar nuestra verdad ante 120 países, es un esfuerzo de toda la AN poder debatir en esos Parlamentos. Ya hoy no hay razón para que no nos quieran reconocer», expresó el presidente de la Comisión de Política Exterior, Timoteo Zambrano.