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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó las inhabilitaciones políticas en Venezuela este viernes 14 de julio.

A través de un comunicado de prensa, la instancia rechazó este tipo de medidas en contra de los políticos que participarán en las elecciones primarias de la plataforma unitaria, previstas para el próximo 22 de octubre.

«La Cidh condena las restricciones al derecho a la participación política y a la libertad de asociación de las personas candidatas opositoras y de aquellas que protestan para exigir derechos en Venezuela. El Estado debe garantizar el pluralismo en la dirección de los asuntos públicos, ya sea directamente o a través de representantes libremente elegidos, así como permitir el ejercicio de la protesta pacífica», expresaron.

De esta forma se une a países como Estados Unidos, Paraguay y Uruguay, así como a la Unión Europea y el Parlamento Europeo que desde la medida contra la candidata que lidera los sondeos de opinión para la consulta interna opositora, María Corina Machado, cuestionaron las inhabilitaciones.

Ya en el año 2021, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que estuvo en los comicios regionales y municipales de noviembre de ese año, en sendos informes cuestionó estas sentencias de la Contraloría General de la República, al considerar que impiden a los políticos participar y también violan la decisión de la ciudadanía para escoger al candidato o candidata de su preferencia.

Inhabilitaciones no son nuevas, dice Cidh

«Este tipo de inhabilitaciones no son nuevas en Venezuela. En el 2021, en el marco de las elecciones de autoridades regionales y municipales, el Consejo Nacional Electoral rechazó 27 candidaturas debido a inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República», recordó la Cidh.

Agregó que en ese entonces se trató de una acción «desproporcionada» que afectó a los partidos políticos contrarios al chavismo y en especial al Partido Comunista de Venezuela, porque de las 27 medidas, 15 de ellas recayeron contra los comunistas.

«La Cidh recuerda que el Estado de Venezuela fue condenado internacionalmente en el caso (de Leopoldo) López Mendoza por este tipo de sanciones. Al respecto, reitera que ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución. Conforme a estándares interamericanos, para consolidar y proteger un ordenamiento democrático respetuoso de los derechos humanos, este tipo de sanciones únicamente puede ser impuesta mediante una condena en el marco de un proceso penal».

Detenciones arbitrarias

La Comisión también emitió su preocupación ante la detención arbitraria de tres sindicalistas de las empresas básicas de Guayana. De ellos, aún continúan detenidos Leonardo Azuaje y Daniel Romero, mientras que otros 18 trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) tienen medidas que les impiden ejercer el derecho a la protesta por sus reivindicaciones laborales.

«Según lo informado por organizaciones de la sociedad civil, en lo que va del año, más de 20 personas trabajadoras fueron detenidas en circunstancias parecidas, siendo sometidas a regímenes de presentación periódica ante tribunales y en algunos casos imputados por delitos como «instigación al odio», denunciaron.

Para leer el comunicado completo haga click en este enlace