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Defensores de derechos humanos expresaron su rechazo ante las amenazas del gobierno de Nicolás Maduro de tomar medidas bilaterales y multilaterales en represalia ante la extensión del mandato de la Misión de Verificación de Hechos de Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela.

Los activistas calificaron de «insólita» e irrespetuosa hacia el sistema internacional que busca la protección de los DDHH, la participación del representante de Miraflores ante el Consejo de DDHH de la ONU, Héctor Constant, durante la votación de este 7 de octubre, en la que se sometió a consideración la prórroga a la Misión por dos años más, aprobada por 19 países.

El embajador del gobierno amenazó directamente a los países que votaron a favor al expresarles que la renovación de la Misión en Venezuela «entorpecerá las relaciones de cooperación y asistencia técnica» del gobierno con la Oficina del Alto Comisionado para DDHH de la ONU (Acndh).

De allí que el cierre de dicha oficina en Caracas o la salida del país de los funcionarios del Alto Comisionado, ubicados en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en el municipio Chacao, se maneje como un escenario de «retaliación».

Alertan que de producirse, se cerraría un importante canal directo de denuncias sobre violaciones de DDHH para las víctimas y ONG y de interlocución con las autoridades venezolanas.

En evidencia

«La actitud del Gobierno ante la extensión del mandato de la Misión revela aún más su naturaleza no democrática y ratifica las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela», expresó el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui.

El activista recordó que Miraflores y la anterior Alta Comisionada de DDHH, Michelle Bachelet, firmaron un acuerdo de cooperación en septiembre de 2019, que dio acceso a sus funcionarios al territorio nacional, aunque con restricciones.

En este sentido, advirtió, el Ejecutivo nacional podría no renovar el trabajo con el nuevo Alto Comisionado, Volker Turk, o solo suspender la agenda y someterla a un proceso largo de negociaciones. En este último caso, que considera el escenario más probable si Maduro cumple sus amenazas, los funcionarios en el país quedarían en un limbo y no podrían recibir a víctimas, representantes ni ONG.

Indicó que Provea se comunicó con los oficiales del Alto Comisionado para expresarles su solidaridad y ellos a su vez les aseguraron que hasta los momentos no han recibido amenazas directas de cierre o de expulsión del país.

«Es importante que sigan aquí como mecanismo de disuasión y de muro de contención de violaciones de DDHH. Provea no tiene contacto directo con las autoridades venezolanas y la única forma de enviarles un mensaje es a través de los funcionarios del Alto Comisionado», dijo.

Lea más en: Gobierno rechaza renovación de mandato de la Misión de la ONU: Es injerencista

Deber de cooperar

A través de un comunicado divulgado este 7 de octubre, Miraflores tildó de «hostil e injerencista» la extensión del mandato de la Misión independiente sobre Venezuela. Recientemente la instancia publicó su tercer informe que plasma violaciones de DDHH cometidas supuestamente por funcionarios del Sebin y Dgcim e identifica la cadena de mando, encabezada por el propio Maduro.

En el comunicado, la gestión de Maduro volvió a amenazar: «Venezuela se reserva las medidas políticas y diplomáticas pertinentes ante las pretensiones de quienes promueven este mecanismo contra la soberanía y autodeterminación de los pueblos, que violenta la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y el paquete de construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos».

La abogada Andrea Santacruz, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet), recalcó que el Estado venezolano tiene el deber de cooperar con todos los mecanismos de protección de derechos humanos y no solo con los de su elección. Resaltó que fue una petición de países como México, pese a que este país se abstuvo en la votación junto a otras 23 naciones como Argentina.

Subrayó que la verdadera voluntad de mejorar la situación de derechos humanos en el país se evidencia en una cooperación genuina con el Sistema Universal de Protección. Advirtió también que cualquier acto de retaliación por la extensión de la Misión es contrario al Derecho Internacional.

«Para las víctimas tendría como consecuencia el cierre de un espacio valioso para dar información inmediata de los casos y violaciones de derechos humanos. Para el Estado, evidenciaría una importante falta de voluntad que tendría efectos en sus relaciones con la comunidad internacional», señaló sobre el riesgo de cierre de la oficina del Alto Comisionado de DDHH en Venezuela.

Lo que no hace la Defensoría del Pueblo

Brasil, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón y Paraguay, entre otros, avalaron extender el trabajo de la Misión independiente sobre Venezuela, que realizan desde 2019, pese a las amenazas de Maduro.

En un documento aprobado, tras la votación, los países condenaron «enérgicamente todas las violaciones y abusos de derechos humanos en Venezuela, algunos de los cuales, según la Misión Internacional de Investigación, pueden constituir crímenes de lesa humanidad».

El activista Humberto Prado también rechazó la actitud de la administración de Maduro antes, durante y después de la votación en el Consejo de DDHH de la ONU pero indicó que no le sorprendió porque es la respuesta que siempre da Miraflores, desde la era de Hugo Chávez, cuando se les supervisa y vigila internacionalmente.

«Esa conducta contumaz del Gobierno no solo le falta el respeto a los países y al sistema interamericano y universal de DDHH sino que se burla de las víctimas y descalifica el trabajo de sus representantes y de las organizaciones no gubernamentales», reprochó.

Coincidió que las grandes afectadas por una interrupción del trabajo de los oficiales del Alto Comisionado serían las víctimas que acuden a ellos, en vista de que la Defensoría del Pueblo venezolana no cumple con sus funciones constitucionales que es escuchar las denuncias y dirigirse a otras ramas del Poder Público e instituciones para que los derechos de las personas sean respetados.

Admitió que si bien los funcionarios de la oficina de DDHH de la ONU no tienen libertad para desplazarse por el país ni pueden ingresar a los recintos carcelarios para constatar las condiciones de los privados de libertad por motivos políticos y si van les hacen recorridos dirigidos.

Añadió que interrumpir el trabajo en Venezuela sería una pérdida para las víctimas por cuanto los oficiales plasman las denuncias sobre violaciones a derechos fundamentales en los informes que entregan a Naciones Unidas.

Lea más en: Renovación de misión de la ONU “es un acto de justicia para las víctimas”, según defensores

Podría perder la «silla»

El abogado defensor de presos políticos y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Joel García, apuntó que la reacción del gobierno de Maduro es un «huir hacia adelante» frente a los señalamientos por crímenes de lesa humanidad, por los que tienen una investigación abierta en la Corte Penal Internacional (CPI).

Advirtió que Miraflores con su manejo comunicacional intentará convertir en «victoria» el fracaso no solo en la ONU sino en la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que tampoco logró que se le retiraran las credenciales a Gustavo Tarre Briceño como representante del Parlamento de 2015. Lo cierto, recalcó, es que sufrió dos reveses importantes.

«Venezuela quiere mantener un puesto en el Consejo de DDHH, pero no es merecedor de estar sentado allí por el talante poco democrático demostrado y porque no está dispuesto a tomar decisiones para que no se violen más derechos humanos en Venezuela, para que se liberen presos políticos y no se encarcele a nadie más por motivos políticos, para que cesen las torturas», sostuvo.

Santacruz, Uzcátegui y Prado también apuestan a que la reacción del gobierno de Maduro y en caso de que cumpla sus amenazas, incida en la votación para permanecer en el Consejo de DDHH de Naciones Unidas y «desestimule» las posiciones a favor.

«El Estado venezolano aspira a reelegirse en el Consejo de Derechos Humanos. Cualquier acto de realización o de no cooperación debe ser parte de las consideraciones de los Estados para aprobar o negar dicha reelección», dijo Santacruz.

Uzcátegui añadió que la gestión de Maduro usa su representación ante organismos multilaterales como la ONU, no para defender derechos humanos ni libertades democráticas sino desde un punto de vista instrumental para usarlo a su favor y debilitar el poder de dichas instancias.