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La Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó en primera discusión la reforma parcial de la Ley Orgánica de Defensa Pública, modificación que permitirá al Comité de Postulaciones Judiciales, aún en funciones, convocar un proceso de presentación y selección de candidaturas para ejercer el cargo.

Mientras se sanciona la reforma y se llama a postulaciones de aspirantes al cargo de Defensor Público General, el Parlamento con mayoría del chavismo designó como Defensor Público encargado al abogado Daniel Augusto Ramírez Herrera, quien se desempeñaba como coordinador general de Defensa Pública.

El presidente de la Comisión de Política Interior, Pedro Carreño (Psuv) explicó que la reciente designación de quien fuera la defensora pública, Carmen Marisela Castro Gilly, como magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ameritó el cambio, puesto que el cargo quedó vacante.

Recordó que la extinta Constituyente de 2017 nombró a Castro en el cargo el 8 de enero de 2019, dado el desacato impuesto por el TSJ a la AN de 2015, con mayoría opositora, pero no nombró a los dos suplentes señalados en la ley.

La AN de 2020 designó como defensor público general encargado a Daniel Augusto Ramírez Herrera Foto: Defensa Pública

Cargo acéfalo

«El cargo está acéfalo y corresponde a la AN cumplir con dos tareas, iniciar el proceso de postulaciones para la escogencia del defensor público, pero antes de ello, se requiere una reforma parcial muy sencilla a la ley», indicó Carreño en la sesión ordinaria de este 12 de mayo en el Palacio Federal Legislativo.

La modificación legal es únicamente al artículo 12 de la ley vigente, el cual establece la designación por parte de la AN, 90 días continuos antes de finalizar el período para el cual fue nombrado el defensor o defensora pública y sus dos suplentes, de un Comité de Evaluación de Postulaciones, integrado por diputados y representantes de la sociedad civil, en un número no mayor a 15 integrantes, para el nombramiento del nuevo titular.

«Hay un Comité de Postulaciones vigente, nuestra propuesta estriba en cambiar el artículo para asignarle al Comité la potestad facultativa para la escogencia del defensor público y su suplente que sería uno solo a partir de la reforma», agregó Carreño.

Ramírez Herrera, quien además es doctor en Derecho Constitucional y magister en Derecho Penal, tendrá derecho a presentarse en el proceso de postulaciones.

La Defensa Pública es un órgano constitucional que tiene la función de garantizar la defensa efectiva, oportuna, eficaz y técnica de las personas que enfrentan procesos penales y que por razones económicas no pueden costear un abogado privado. 

El presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez cerró el punto, pidiendo celeridad en la preparación de la ley para su segunda discusión en la cámara.

Ley de Intérpretes Públicos

Este 12 de mayo, el Parlamento de 277 diputados también aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Intérpretes Públicos, que busca garantizar la exactitud de las traducciones a personas con discapacidad auditiva o visual y de la lengua indígena en procesos judiciales y cualquier trámite ante el Estado. La propuesta legal consta de 18 artículos, una disposición derogatoria y una final.

«Los intérpretes públicos son medios imprescindibles para garantizar la tutela judicial y seguridad jurídica de los procesos. Reconocer la lengua de señas es un punto de honor», expresó la diputada María Gabriela Vega (Psuv), al presentar la ley.