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Efecto Cocuyo hizo una revisión de los 28 aspirantes al cargo de Defensor Público y encontró que cuatro se desempeñaron como jueces durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La independencia del sistema de justicia se fue erosionando en los últimos 23 años bajo estos mandatos.

En la lista también figuran tres fiscales del Ministerio Público (no se pudo confirmar si siguen activos), y hay un diputado de la Asamblea Nacional, quien además es hijo del actual contralor de la República.

El defensor público encargado busca repetir y por lo menos cuatro funcionarios ocupan cargos en la administración pública.

De juez a defensor público

El abogado Edgar José Moya Millán fue juez superior tercero en lo civil y contencioso administrativo de la Región Capital, entre el 2006 y el 2011, según la página del Tribunal Supremo de Justicia.

También fue defensor público en el sistema de protección del niño, niña y adolescentes, en Guanare, estado Portuguesa, y en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

Fue docente en el Instituto Universitario de Policía Científica, y en las universidades Gran Mariscal de Ayacucho y Santa María.

José Enrique Mendoza Guillen fue juez provisorio del tribunal 1ero de 1er instancia civil, mercantil, transito y bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes desde 2010 hasta 2018, según el TSJ.

Además, ocupó los cargos de: fiscal auxiliar del Ministerio Público (2008); investigador legislativo de la presidencia de la Asamblea Nacional (2006); docente de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (2005); jefe del área legal del Instituto Nacional de Tierras (2002), entre otros.

Tomás Rafael Aguilera Marín fue juez provisorio del juzgado segundo ejecutor de medidas de los municipios Francisco de Miranda, Simón Rodríguez, Guanipa, José Gregorio Monagas de 2013 a 2014.

También del tribunal cuarto del municipio ordinario y ejecutor de medidas de los municipios Simón Rodríguez y San José de Guanipa entre el 2014 y el 2016.

Yajaira Thais Medina Gutiérrez fue designada, en 2008, para cubrir las faltas temporales de los jueces o juezas en los tribunales de primera instancia ordinaria y de la sección de responsabilidad penal del adolescente, región oeste, constituida por los estados Amazonas, Apure, Barinas y Portuguesa.

Hay dos nombres más que podrían aumentar el número de exjueces aspirantes, estos son: Gonzalo Segundo González Vizcaya y Elías Álvarez, pero no se pudo confirmar su pasado en el sistema de justicia.

Fiscales en la lista

Además de Mendoza Guillén, hay tres candidatos que fueron fiscales del Ministerio Público: es el caso de Jelitza Coromoto Bravo Rojas, en Aragua; Jhonny José Barrios Monsalve, en Distrito Capital; y Juan Carlos Toro Castaño, en Distrito Capital. Se encontró evidencia de que se desempeñaron en estas funciones por lo menos hasta 2014, 2018 y 2019 respectivamente.

Los cuatro funcionarios que están activos en sus cargos o, que se mantenían en esas funciones al momento de su postulación, son: Elvis Junior Hidrobo Pérez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Asamblea Nacional.

El hijo del contralor de la República, Elvis Amoroso, también se postuló sin éxito al TSJ, a la Inspectoría General de Tribunales, a la Escuela de la Magistratura y anteriormente al cargo de rector del Consejo Nacional Electoral.

Daniel Augusto Ramírez Herrera, quien es el defensor público encargado y busca repetir en el cargo.

Vicmar Fabiana Olmos Franco, la contralora del estado Aragua.

Y Dorangel Lourdes Carrizales Acero, quien fue ratificada como consultora jurídica de la Contraloría en 2020.

El nombre de Elvira Aponte Colina también destaca, no solo porque se autodefine como “docente bolivariana” en sus redes sociales sino, porque fue directora y subdirectora del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), y secretaria de tribunales.  

Josmary Angelica Paez Fonseca es otra aspirante que llama la atención. Fue abogada adjunta del despacho del exmagistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela, integrante de la Sala de Casación Penal en 2019.

El artículo 25 de la Reforma Parcial de la Ley de la Defensa Pública, aprobada en 2022, establece los requisitos que debe cumplir el ciudadano que aspire ser defensor público. Estos son:

1. Tener la nacionalidad venezolana.
2. Ser abogada o abogado con un mínimo de dos años de experiencia comprobada en el ejercicio del área en la que ingresará.
3. Ser de reconocida honorabilidad y no encontrarse impedido en el ejercicio de la profesión de abogado o abogada.
4. Estar en el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
5. No gozar de jubilación o pensión otorgada por algún organismo del Estado, salvo las excepciones que establezca la ley.
6. No ser ministro de ningún culto.
7. Aprobar el concurso público.
8. Cualesquiera que disponga esta Ley y sus Reglamentos