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El gobierno de Nicolás Maduro envió un escrito a la Corte Penal Internacional (CPI) para desmentir lo que califica como «falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.

El Estado venezolano acusa al fiscal de la CPI, Karim Khan, de cometer violaciones al debido proceso y tener vínculos probados con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto, “lo que pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha corte”.

En el comunicado que publicó el presidente del canal del Estado VTV, Freddy Ñáñez, anticipan que el gobierno venezolano seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad frente a esta fórmula de “colonialismo jurídico”.

¿Qué pasa con el gobierno de Maduro?

En 2020, la Fiscalía concluyó que hay una base razonable para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad desde al menos abril de 2017, bajo el mandato de Nicolás Maduro.

El 21 de abril de 2022, el Estado venezolano pidió la inhibición del fiscal alegando que estaba investigando y sancionando los presuntos hechos punibles contra los derechos humanos.

Sin embargo, el 1 de noviembre de 2022, el Fiscal presentó una solicitud ante la Sala pidiendo autorización para reanudar la investigación en Venezuela por considerar que las reformas legislativas, presentadas como avance por parte de las autoridades venezolanas, y otras acciones judiciales eran insuficientes para satisfacer el principio de complementariedad.

¿Cuál es el estatus de la investigación?

El 18 de noviembre de 2022, la Sala respondió con una orden en la que:

1. Invitaba a las víctimas y a sus representantes a presentar sus opiniones y observaciones sobre la solicitud de la Fiscalía;

2. Ordenó a la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones («VPRS» por sus siglas en inglés), copilar las opiniones y observaciones de las víctimas y las transmitiera a la Sala a través de un informe, a más tardar el 21 de marzo de 2023;

3. Invitó a Venezuela a presentar observaciones sobre la solicitud de la Fiscalía a más tardar el 28 de febrero de 2023; y

4. Ordenó a la Fiscalía que presentara una respuesta, si la hubiera, a las observaciones de Venezuela, en un plazo de tres semanas a partir de la notificación de dichas observaciones, o a más tardar el 21 de marzo de 2023.

Hasta la fecha, un total de 441 personas se registraron como víctimas y enviaron a la Corte Penal Internacional (CPI) sus testimonios sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades venezolanas y piden al alto tribunal continuar su investigación.

Esta en manos de la Sala de Cuestiones Preliminares decidir si el fiscal podrá o no continuar con la investigación.