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El anuncio de la instalación de una oficina de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas está próximo a cumplir cinco meses y aún no se tiene información oficial sobre su operatividad.

El abogado y coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, Omar Piñango, confirma que es poco lo que saben las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos sobre este acuerdo que suscribió el fiscal de la CPI, Karim Khan, con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Creemos que la oficina no se ha concretado porque está pendiente una incidencia por resolver en la Sala de Cuestiones Preliminares. Pero es algo sobre lo que no se tiene una noticia oficial, sobre lo que las organizaciones no hemos sido informadas, todavía es incierto”, afirma.

La incidencia a la que hace referencia Piñango está relacionada con la solicitud de diferimiento que hizo el Estado venezolano, en el marco del Estatuto de Roma, argumentando que el fiscal debe inhibirse de sus funciones porque la justicia venezolana procesa a los supuestos responsables de violar sistemáticamente derechos humanos.

En respuesta a la inhibición, Khan pidió autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela. La instancia debe responder para que el funcionario pueda proceder.

“Hermetismo total”

El abogado Alonso Medina Roa, miembro de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, fue el primero en informar que la oficina de la CPI había comenzado a funcionar en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas.

Sin embargo, otras organizaciones como Foro Penal desmintieron la noticia. El vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, afirmó que no estaba operativa y subrayó la importancia de manejar con mucho cuidado este tipo de información “para no generar en las víctimas expectativas equivocadas”.

Consultado nuevamente, Medina Roa aclara: “Cuando nosotros hicimos ese pronunciamiento fue en atención a las funciones que estaban ejerciendo varios funcionarios acá en Venezuela, en una oficina en el TSJ. No le he hecho seguimiento en los últimos días, sé que estaban dependiendo de un tema diplomático, la Convención de Sedes, lo cual regula toda la materia de instalación de oficina”.

Extraoficialmente se sabe que en el país se encontraba un representante del fiscal recabando información.

Otra fuente respondió: “Hay un hermetismo total de la fiscalía de la CPI en este momento”.

Sobre las razones que explicarían el retraso en la instalación de la oficina, agrega: “Podría tener más que ver con la cuestión financiera y quizás también técnica como la definición de parámetros para su funcionamiento, acuerdos con el Estado para instalar a funcionarios, cooperación con Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos”.

Crímenes documentados

El Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad es un proyecto conjunto de Defiende Venezuela y Un Mundo Sin Mordaza, fundado en el año 2019.

Piñango explica a Efecto Cocuyo que en total enviaron a la fiscalía de la CPI 50 casos: remitieron 14 en febrero y 36 más en abril de este año.

En estos eventos que constituyen crímenes de lesa humanidad, el abogado destaca que algunos patrones que encontraron: “El sometimiento a las personas detenidas de forma arbitraria, detenciones en aislamiento, aplicación de distintas modalidades de tortura, como electrocuciones, en distintas partes del cuerpo, incluso en partes sensibles”

El defensor denuncia que aun cuando estas torturas eran denunciadas expresamente por las víctimas durante las audiencias no se dejaba constancia en las actas. “Esto añade una capa más, porque el sistema de justicia, al estar en conocimiento de esto, no realizaba investigaciones al respecto a pesar de que está obligado”, cuestiona.

“Hay una inactividad absoluta por parte del Estado en conducir investigaciones y enjuiciamientos en todos estos casos que nosotros documentamos. Incluso cuando los funcionarios tenían conocimiento directo de que estos hechos habían ocurrido”, expone. 

Además de los casos enviados al fiscal, el Observatorio ha identificado a más víctimas. En total, suman 71 eventos; sin embargo, los que han reportado hasta ahora son aquellos en los que han podido recopilar todos los elementos requeridos por la CPI.

«Esto no quiere decir que estas otras situaciones que no encuadren dentro de estos elementos no se consideren violaciones de derechos humanos, las podemos enviar a otros organismos internacionales», añade.

El sistema de justicia venezolana ha dictado sentencias en no más de cinco casos de los que lleva el Observatorio, según Piñango, y los juicios no han incluído a la cadena de mando lo que no es suficiente para garantizar una verdadera justicia a las víctimas, argumenta.