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El recién creado Consejo de Administración y Protección de Activos será investigado por presunta corrupción, informó el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab.

Esta instancia fue creada por la Asamblea Nacional de 2015. Aunque el periodo legislativo de este cuerpo culminó en 2020, sus integrantes defienden la extensión de su mandato porque argumentan que son el único poder legítimamente electo en el país.

Según el Estatuto de Transición, que aprobó esta instancia opositora, el consejo debe ser integrado por los miembros del extinto Consejo de Administración del Gasto que son: Gustavo Marcano (Primero Justicia), Eva Hurtado (Acción Democrática), Fernando Blasi (Un Nuevo Tiempo), Yon Goicoechea (Voluntad Popular) y René Uzcátegui (partidos minoritarios).

En teoría, estos «funcionarios» deben ser ratificados en sus cargos. No está claro si todos desean ser parte de la nueva figura, particularmente Goicoechea que es miembro de Voluntad Popular, partido que se opuso al fin del gobierno interino y a la creación de este órgano.

Delitos de corrupción

Saab precisó que fueron designadas las fiscalías 67 y 94 nacionales “para investigar y sancionar delitos de corrupción vinculados al nombramiento ilegal de una fantasmagórica comisión parlamentaria impuesta para el robo de activos de Venezuela en el exterior”.

Debido a las sanciones de Estados Unidos que recaen sobre la administración de Nicolás Maduro por violación de derechos humanos, algunos activos de la República como Citgo, filial de Pdvsa en ese país, fueron “bloqueados” para que el gobernante chavista no tuviera acceso. En su lugar, se le dio la administración de la compañía a este sector de la oposición.

Maduro tampoco puede disponer de unas reservas de oro que custodia el Banco de Inglaterra ni de otros fondos públicos que están represados en bancos en el exterior.

Este consejo tendría el poder para tomar decisiones sobre el futuro de estos activos y fondos que pertenecen al Estado venezolano.