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«Desde Caracas se reanudan los diálogos de paz oficialmente entre nuestro gobierno y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), junto a los países garantes de Venezuela, Cuba y Noruega», anunció el Jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, este 4 de octubre. Un encuentro entre las partes, en Caracas, selló el compromiso, cuyo inicio fue fijado para noviembre.

Internacionalistas advierten que si el nuevo proceso solo genera que los insurgentes ganen espacios políticos sin realmente dejar las armas, derivará en otro fracaso, al igual que sucedió con el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y será rechazado, aseguraron, por el pueblo colombiano.

También justifican la mediación del gobierno de Nicolás Maduro – además de Cuba y el Reino de Noruega – solo si obtiene en beneficio, por lo menos la salida de ese grupo guerrillero en específico, del territorio venezolano.

No cometer los mismos errores

«Si el gobierno de Colombia quiere que este proceso tenga éxito se deberían dejar de cometer los mismos errores en los que se incurrió con el acuerdo de paz con las Farc, que duró mucho tiempo el proceso y le sirvió a ese grupo para ganar apoyo popular y con ello parlamentarios. No se dieron verdaderas garantías para que el acuerdo se cumpliera. De hecho, una parte de las Farc pasó a la disidencia, lo que demuestra que no entregaron las armas en su totalidad», expresó el internacionalista, Juan Francisco Contreras.

El presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela aludió al acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc firmado en 2016, tras negociaciones que tuvieron lugar en la Habana, Cuba.

A seis años de haberse suscrito el «Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera», se sigue cuestionando la falta de compromiso para su implementación así como el hecho de que disidentes de dicho grupo armado y otros irregulares hayan entrado a operar y ejercer control social y territorial en diferentes zonas, tanto de Colombia como de Venezuela.

En octubre de 2016, el pueblo colombiano rechazó en plebiscito el convenio de paz con 50,23% de los votos, frente a 49,76% que apoyo el Sí, con solo 37% de participación. Pese a ello no se dio marcha atrás con el cese al fuego bilateral entre el gobierno de Juan Manuel Santos (ganó un Nobel de la Paz por el esfuerzo) y las Farc y se aseguró que el acuerdo seguiría vigente.

«Los colombianos no percibieron garantías para que la guerrilla dejara de actuar de forma violenta», apuntó Contreras.

Juego suma cero

El analista internacional y embajador de carrera (retirado) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gerson Revanales, señaló que la negociación para la paz no será fácil a pesar del pasado guerrillero de Petro (militó en el M-19). Alertó que se corre el riesgo de que el proceso sea un «juego suma cero» a favor del ELN.

«El ELN buscará beneficios políticos y reconocimiento a su fuerza, incluso dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia. El proceso seguirá en la medida que el ELN saque provecho, de lo contrario, terminará retirándose», declaró a Efecto Cocuyo.

En marzo de 2016, la gestión de Santos estableció un acuerdo de diálogo con el ELN a través de la instalación de una mesa pública de conversaciones, previas conversaciones exploratorias que se iniciaron en 2014. Los gobiernos de Venezuela, Cuba, Chile, Noruega, Brasil y Ecuador acompañaron el proceso.

Como parte de la agenda, se estableció que las mesas se instalarían en los países suramericanos mencionados con la presencia de Noruega. Asimismo, se contempló la participación de la sociedad, el reconocimiento a las víctimas, reparación y garantía de no repetición y otros aspectos como el cese al fuego bilateral, condiciones y garantías de seguridad para los miembros del ELN, garantías para el ejercicio de la política y abordar los casos de integrantes privados de libertad, entre procesados y condenados.

El proceso fue suspendido en 2018 por Santos, como consecuencia de tres ataques con explosivos perpetrados por el ELN contra fuerzas policiales en el norte de Colombia que dejaron siete policías muertos y 45 heridos. A su llegada al poder ese año, Iván Duque se negó a dialogar con los insurgentes.

Se retoma la agenda de 2016

Petro indicó que se retomaría la agenda de 2016, especialmente con la promesa de la participación de la sociedad civil. A través de su cuenta de Twitter, este 4 de octubre, agradeció el «compromiso inquebrantable» de Venezuela, Cuba y Noruega, al igual que el apoyo de la Misión de Verificación de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica.

El jefe de la Delegación del ELN presente en Caracas, Antonio García recordó en rueda de prensa posterior al encuentro en la Casona, que las negociaciones entre el ELN y los gobiernos colombianos tienen ya 10 años porque que comenzaron en agosto de 2012. Manifestó optimismo por «las nuevas circunstancias del gobierno de Colombia» que permitieron reiniciar las negociaciones y su «viraje en la política de paz».

El ELN es considerada actualmente como la mayor guerrilla activa del país con 2.000 combatientes como miembros.

«Petro ganó las elecciones en parte por el apoyo de grupos subversivos y eso tendrá un costo político para su gobierno, especialmente en estas negociaciones, parte de eso es la consulta a los insurgentes antes de dar cualquier paso», subrayó Revanales.

¿Qué gana Venezuela?

Maduro aceptó de inmediato la solicitud que a mediados de septiembre le hiciera Petro para que fuera uno de los países garantes de la negociación de paz con el ELN. Colombia y Venezuela restablecieron relaciones diplomáticas que fueron rotas en 2019 por decisión del gobierno venezolano.

«El gobierno de Maduro juega un papel importante, el problema es que el ELN tiene control del territorio venezolano desde el Arco Minero hasta el Norte de Santander, de manera que los colombianos podrán alcanzar su paz, pero nos preguntamos cómo quedará Venezuela», señaló Revanales.

El también exdirector General de Economía y Cooperación Internacional de la cartera de Exteriores resaltó que la seguridad de la frontera colombo venezolana dependerá de la disposición de Maduro de detener el avance de grupos como el ELN. Dijo ser pesimista en cuanto a la salida de los insurgentes de Venezuela por el «empoderamiento» que exhiben con la anuencia de Miraflores.

El alcance del ELN en Venezuela

Contreras también insistió en que el ELN «hace vida» en Venezuela y controla parte del territorio, por lo que en circunstancias normales, se esperaría que este proceso de negociación influyera a favor de la retirada de los grupos armados del país.

«Ojalá que pudiera estar incluido, allí sí se podría justificar la participación de Venezuela. Es difícil que el ELN abandone sus negocios de narcotráfico, minería ilegal y secuestros en nuestro país», añadió.

Recordó que en el pasado, ni Cuba ni Venezuela ofrecieron garantías para que el acuerdo de paz con las Farc se cumpliera, por lo que recomendaría al gobierno del vecino país la mediación de países con una visión distinta del conflicto armado.

Según una investigación de la organización InSight Crime, el ELN opera en 40 municipios de ocho estados de Venezuela, con presencia en los estados Zulia, Apure, Táchira, Amazonas, Barinas, Guárico, Anzoátegui y Bolívar. Se asegura que mantienen operaciones relacionadas con el tráfico de cocaína y operaciones mineras ilegales, entre otras actividades criminales, en suelo venezolano.

La Misión independiente de Naciones Unidas que investigó violaciones de derechos humanos en Venezuela destacó en su tercer informe las presuntas concesiones que habría otorgado el gobierno venezolano al ELN para explotar oro en el estado Bolívar.