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Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, asegura que el operativo «Mano de Hierro», implementado por el gobierno de Nicolás Maduro para combatir el contrabando de gasolina en el país, ha sido manejado con opacidad, arbitrariedad y sin resultados visibles para el país.

Según explica San Miguel, solo se conoce lo que las fuentes periodistas recogieron, así como lo que los gobernadores y funcionarios declararon públicamente, por lo que no se parece ser entendido como un asunto de interés público.

La abogada aseguró este martes, en un foro organizado por Transparencia Venezuela, que hasta el momento no se han establecido mecanismos de rendición de cuentas, por lo que se desconocen los procedimientos y sanciones aplicados en la destitución de los altos cargos militares, policiales y civiles involucrados en la distribución ilegal de gasolina.

#EscasezDeCombustible | @rociosanmiguel: El tráfico internacional de combustible es un negocio en auge en Venezuela que se han consolidado y proporciona altos ingresos a civiles y militares. #ManoDeHierro
📹 Conéctate aquí: https://t.co/tynMA11zDq pic.twitter.com/z1yLpTbK9T

— Transparencia Vzla (@NoMasGuiso) May 4, 2022

La operación «Mano de Hierro» es una estrategia del gobierno de Maduro emprendida a principios de este año para atacar las mafias de narcotráfico, contrabando de gasolina y corrupción en el sistema de justicia.

La versión oficial

El 5 de febrero, Tarek William Saab, fiscal general constituyente, informó que desde que se inició el operativo «Mano de Hierro» han sido detenidas 27 personas, entre funcionarios públicos, integrantes de organismos de seguridad y civiles, todos vinculados al narcotráfico, contrabando de gasolina y corrupción en el sistema de justicia. 

En cuanto al contrabando de combustible, fueron detenidos Carlos Rafael Vidal Bolívar, exalcalde del municipio Independencia de Anzoátegui; Daniel Haro Méndez, alcalde del municipio Pedro María Freites de Anzoátegui; Jonatan Martínez, Manoel Gil Da Silva, exfiscal superior de Bolívar; Jorge Peña, antiguo Fiscal Superior de Delta Amacuro, y Antonio Barroso, capitán de la Guardia Nacional Bolivariana.

Saab detalló que los implicados dividían el contrabando de gasolina en Anzoátegui tres fases: ofrecer la gasolina con sobreprecio, desviar la carga y almacenarla para su posterior contrabando en oriente y venderla a grupos dedicados a la minería ilegal.

Recientemente, Maduro aseguró que el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez están encargados de dirigir las nuevas acciones en cuanto a las mafias de venta ilegal de combustible y de chatarra.

«Ahí vamos, paulatinamente, tomando medidas tácticas y tomando medidas estratégicas que son las que van a resolver el tema de la mafia de la gasolina», puntualizó Maduro en torno a la venta ilegal de combustible.

De esta forma, Maduro pidió a los venezolanos que «no se sorprendan» por los golpes que darán «en los próximos días» a quienes se dedican a la venta ilegal de chatarra dentro del territorio venezolano.