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La Plataforma Unitaria de la oposición venezolana rechazó este miércoles las declaraciones de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien responsabilizó a los migrantes venezolanos de la criminalidad que afecta a su país, pues dijo que son ellos los que «lamentablemente están cometiendo» actos de delincuencia.

«Desde la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela queremos rechazar lo expresado el día de hoy (26.04.2023) por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien de manera irresponsable ha generalizado señalando a nuestros más de 1,2 millones hermanos venezolanos como principales responsables de hechos delictivos que han ocurrido en el hermano país», dijo la plataforma en su cuenta en Twitter.

 La plataforma aseguró que estas declaraciones «pueden generar estigmas que desencadenan en crímenes de odio por xenofobia, poniendo en peligro las vidas de millones de migrantes venezolanos que están alrededor del mundo».

La alianza opositora aseguró que «la inmensa mayoría» de venezolanos que han salido de su país son «ciudadanos de bien, honestos y trabajadores».

«Exigimos respeto y protección para los migrantes venezolanos quienes, estamos seguros, han sido mayoritariamente testimonios de trabajo y honestidad en todos los rincones del Perú», agregó.

Qué dijo Boluarte contra migrantes venezolanos

La presidenta peruana ordenó la militarización de las fronteras de ese país con Colombia, Ecuador, Chile y Brasil, además de ordenar una regularización de los migrantes que están en el país sin documentos.

Boluarte dijo que pedirá una reforma constitucional al Congreso que le permitiría a los militares tener más control de las fronteras.

 La mandataria peruana aseguró que en su nación «quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros», y que a Perú «han entrado 800.000 venezolanos, otros tantos haitianos, y son los que están lamentablemente cometiendo estos actos».

Poco antes, y en una rueda de prensa, explicó que su Gobierno declaró el estado de emergencia en todas sus zonas de frontera con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile para incrementar el «control de los ciudadanos extranjeros» en el país.