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Por su presunta implicación en un intento de magnicidio contra el mandatario Nicolás Maduro, a12 venezolanos los condenaron con la máxima pena prevista en la legislación venezolana.

La jueza Hennit Carolina López Mesa los sentenció a 30 años de cárcel, a pesar de que la defensa asegura que no hay pruebas en su contra y que son víctimas de violaciones de derechos humanos.

Este caso involucra a 17 personas en total, entre los que destaca el exdiputado de la Asamblea Nacional Juan Requesens, pero 12 recibieron penas que son calificadas de “brutales” por abogados conocedores de la materia.

Lea más en: Condenas por intento de magnicidio ratifican politización de la justicia, dicen abogados  

“Castigos ejemplarizantes”

La politóloga y doctora en ciencias sociales, María Puerta Riera, considera que el propósito del gobierno de Maduro es que estas sentencias sean percibidas por la disidencia como “castigos ejemplarizantes”, “sobre todo ante la posibilidad de reanudar conversaciones sobre las elecciones presidenciales en 2024”.

“Estas sentencias buscan intimidar, amedrentar e inhibir a la disidencia política. Maduro redobla la represión y la persecución política para mostrar que controla el poder. Tenemos entonces este escenario como telón de fondo para un posible proceso de negociación sobre las condiciones electorales”, afirma.

En cuanto a la magnitud de las sentencias, la analista explica: “Las sentencias de 30 y 24 años muestran un ensañamiento contra actores militares y civiles. Es una advertencia para el mundo militar y para el resto de la sociedad de que la disidencia y la oposición serán aplastadas, literalmente”.

Inhibir liderazgos

El politólogo Enderson Sequera coincide en que el mensaje de trasfondo es el de “condena ejemplarizante” y está dirigido principalmente a cuadros medios y altos de los partidos que pueden convertirse en líderes emergentes.

Pero también va dirigido al chavismo a quienes Maduro les dijo que fue víctima de un intento de magnicidio y “para ser consecuente con su propia narrativa imponen las máximas penas”.

“El discurso de Juan Requesens era corajudo, combativo, frontal, en este sentido el mensaje es que, si mantienes el mismo tono y discurso que él puedes tener el mismo destino y terminar en prisión”, sostiene.

“Las sentencias son una clara muestra de que el sistema de justicia en Venezuela está totalmente viciado y es simplemente un apéndice más del régimen de Nicolás Maduro”, agrega.

Negociación

El timing de la condena contra Requesens y los otros presuntos implicados no es casual, a juicio de Sequera.

“Como el régimen de Maduro maneja a su antojo el sistema de justicia, el timing no es arbitrario, lo hace para terminar de dejar claro que no tiene ningún tipo de interés en volver a la negociación en México”, expone.

El video que publicó el presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación negociadora del chavismo, Jorge Rodríguez, este 4 de agosto, es un ejemplo de ello, apunta Sequera.

“En el video él mismo dice que cuando se dio este intento de magnicidio, Maduro estaba en conversaciones con algunos opositores, y se pregunta cuántos de los que hoy están en conversaciones sabían de eso”, comenta.

El politólogo también relaciona las condenas con la movilización social que encabeza el magisterio venezolano y demás trabajadores del sector público: “Lo que menos le conviene y le gusta al chavismo es tener movilización social, en este caso una movilización que incluye a sectores del propio lado del chavismo”.

“Con las sentencias muestran que no tienen interés en volver a México y van a seguir hablando directamente con Estados Unidos y también es un mensaje a los dirigentes sindicales y de otros sectores de que si continúan la movilización cualquier día de estos los cuerpos de seguridad pueden ir por ellos y pueden forjarles un caso”, añade.

Judicialización de la política

Puerta destaca que la “judicialización de la política” ha sido una práctica que inició con Hugo Chávez en el poder, de allí estas condenas como castigos ejemplarizantes. “No olvidemos que hay policías metropolitanos condenados a 30 años de cárcel que siguen injustamente presos”, cuestiona.

En cuanto al efecto que esto puede tener para el proceso de negociación que se mantiene paralizado, la politóloga responde: “Puede servir como disuasión, convenciendo a la oposición de la inutilidad de negociar, pero también como incentivo para acordar la agenda de negociación, forzando concesiones. Esta es una operación que el régimen chavista siempre ha sabido aprovechar, para estimular más divisiones en la oposición, etc.”