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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha señalado que las leyes de amnistía se convierten en mecanismos que impiden el acceso a la justicia a las víctimas, porque eliminan el enjuiciamiento y castigo a los responsables.

Es por esto que la reciente propuesta hecha por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de una amnistía general para resolver la crisis política en Venezuela no fue bien recibida por defensores de derechos humanos en el país.

En redes sociales algunos sugirieron que el mandatario había acuñado mal el término de amnistía pues se refería a la liberación de presos políticos y no al perdón de funcionarios señalados de cometer crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, no es la primera vez que Petro apoya un proceso de este tipo; cuando el expresidente Álvaro Uribe hizo una propuesta similar en 2021 lo respaldó.

Estoy de acuerdo con una amnistía general en Colombia. El perdón social e histórico es una momento casi irrepetible pero fundamental en la paz las sociedades.

Pero antes de una amnistía debe haber devolución de todos los bienes a los despojados y verdad completa.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 17, 2021

Cidh en contra

La presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) y exdirectora de Amnistía Internacional, Carolina Jiménez Sandoval, explica que las amnistías generales no pueden ser aceptables en ningún país en el que se hayan cometido violaciones de derechos humanos masivas, sistemáticas y generalizadas.

“Esto podría lesionar los derechos de las víctimas y de los defensores de derechos humanos porque cuando se promueven este tipo de amnistías se elimina el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación”, advierte.

La doctora en estudios internacionales y especialista en derecho internacional destaca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado en contra de leyes de amnistía en el pasado.

“El caso de El Salvador es icónico porque cuando la guerra civil salvadoreña termina se dan estos procesos de amnistía y por décadas hubo muchísima impunidad para algunos de los principales perpetradores de violaciones de derechos humanos”, señala.

Y agrega: “En la Masacre del Mozote, la mayor de América Latina en términos numéricos, los avances han sido muy pequeños a pesar de que se trata de un evento muy traumático para la sociedad salvadoreña”.

Jiménez sostiene que los regímenes militares de Sudamérica y los casos de conflictos armados probaron que cuando se encubre a los perpetradores no se dan los procesos de reconciliación necesarios para la construcción democrática.

“Hay varios casos de jurisprudencia en los que tanto la Comisión como la Corte se han pronunciado, a lo largo de su historia, sobre las leyes de amnistía general y han dicho que son contrarias a la Convención Americana porque no permiten que se promuevan el derecho a la verdad y a la justicia. Entonces, ya hay en nuestra región un cuerpo jurídico que prohíbe estas leyes”, expone.

La propuesta de Petro se dio en el marco del Foro de París por la Paz, una iniciativa diplomática que buscó relanzar la negociación que inició en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria.

Petro fungió de mediador junto a su homólogo Macron para acercar al chavismo y la oposición venezolana.

“Hay una expectativa de que se puedan reactivar estas negociaciones y podamos ver finalmente acuerdos humanitarios, electorales y en otros temas acordados en el memorándum de entendimiento. Lo que pasa es que si se comienzan esas negociaciones con propuestas que no son conducentes a generar un clima de confianza no estaríamos frente a un buen comienzo, pero aún hay tiempo para que inicien con buen pie”, expresa.

Justicia transicional

Para el internacionalista y director de Wola para Venezuela, Geoff Ramsey, una amnistía general “no es factible desde la perspectiva del derecho internacional y tampoco es deseable si lo que se busca es promover una transición sostenible y duradera en el tiempo”.

“El problema de una amnistía es que va en contra del derecho internacional y, específicamente, viola las decisiones de la Cidh que en varias ocasiones ha dicho que las amnistías generales no pueden absolver al Estado de su obligación de investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad ni graves violaciones de derechos humanos”, afirma.

Coincide en que estos mecanismos suelen violar el derecho que tienen las víctimas a la justicia, la verdad y las garantías de no repetición.

Además considera que promover una amnistía para un preso político es una “falacia muy grande” ya que los presos de conciencia no están tras las rejas por cometer algún delito sino por ser disidentes, en ese sentido, deben ser perdonados.

“La literatura sobre transiciones demuestra que las amnistías de este tipo no generan transiciones genuinas ni duraderas. Debe buscarse una solución justa, aunque eso no signifique venganza”, argumenta.

Uno de los principales retos que tienen los actores políticos y de la sociedad civil venezolana es lograr diseñar un sistema que permita dar concesiones a algunos actores del gobierno saliente sin que esto implique impunidad para promover una transición política.

“Sabemos que en muy pocos casos los actores que han cometido derechos humanos van directamente a la cárcel después de dejar el poder, en muchos casos, como en Sudáfrica, los violadores de derechos humanos incluso cogobernaron con la oposición. Pero ninguna transición en Venezuela puede abandonar la bandera de justicia para las víctimas”, concluye.