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El presidente interino no ha respondido el oficio que enviaron los magistrados en el exterior, el pasado 1 de agosto, en el que solicitan informe si ha rendido cuentas de su gestión de acuerdo con el artículo 237 constitucional.

Hasta ahora, el jefe del gobierno interino, Juan Guaidó, reconocido así por algunos países, dijo ante los medios de comunicación que pronto fijará la fecha para dar cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos.

Sin embargo, el político no se ha puesto en contacto con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que reconoce como legítimo.

El presidente de esa instancia que opera desde el exterior, el magistrado Antonio Marval, confirmó a Efecto Cocuyo, este miércoles 17 de agosto, que no han recibido la información requerida.

El magistrado también explicó qué acciones pueden ejecutar de presumir que el gobierno interino incurrió en alguna irregularidad y desmintió que preparen una demanda contra Guaidó por incumplimiento de pago de honorarios.

El Fondo de Liberación Nacional, que fungió como un presupuesto de funcionamiento del gobierno encargado, alcanzó la cifra de 80 millones de dólares, en 2020. Los recursos aprobados entre 2019 y 2020 para el Fondo de Litigios ascendieron a 24 millones.

En 2021, la Asamblea Nacional de 2015 nuevamente aprobó recursos para el Fondo de Liberación de Venezuela. Esta vez fueron 152,3 millones de dólares.

La información sobre la ejecución de estos recursos ha sido deficiente y Transparencia Venezuela ha advertido que las prácticas del interino presuponen un «manejo opaco de las finanzas públicas”.

Los integrantes del interinato se defienden argumentando que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debe autorizar, con la emisión de licencias, el uso de los recursos y para que esto ocurra debe estar plenamente justificado el gasto de cada partida.

Aquí la entrevista al magistrado Antonio Marval:

¿Por qué esperar dos años para exigir rendición de cuentas a Juan Guaidó?

Porque hasta la presente fecha no había ningún justiciable (persona cuyos derechos o intereses dependen de lo que resuelvan sobre ellos los tribunales de justicia) que intentara esa acción ante el tribunal. Nosotros no somos un órgano de investigación, eso le corresponde a la fiscalía general de Venezuela que en este momento está acéfala por la renuncia de Luisa Ortega Díaz. De modo que actuamos por acciones que interpongan ante esta instancia.

Efectivamente, un grupo de abogados entre los cuales está el doctor Carlos Guía, Adriana Vigilanza y José Amalio Graterol introdujeron esa solicitud que fue recibida por el tribunal y remitida a la Sala Constitucional por cuanto es un deber constitucional del presidente rendir cuentas.

La pedimos al presidente respuesta sobre si rindió o no cuentas y hasta ahora estamos esperando la respuesta de los oficios que se le enviaron, una vez que nos informe la presidenta de la Sala Constitucional, que es la magistrada Cioly Zambrano, tomará la decisión correspondiente.

Si se llegara a determinar que hay elementos suficientes para pensar que en la administración del gobierno interino se cometieron irregularidades, ¿qué acciones pueden emprender los magistrados en el exilio?

Son muchas las opciones que tiene el TSJ una vez que reciba la información solicitada y se aclaren los puntos. Si después de recibir esa información consideramos que pudiera haber elementos que hacen presumir la comisión de un hecho punible nos ubicaríamos en la jurisdicción correspondiente. Por ejemplo, en el caso de Monómeros tendríamos que remitir a la fiscalía de Colombia. En otros casos a la fiscalía de Estados Unidos. Pero aún estamos esperando recibir la información sobre si se rindió o no cuentas.

¿Cuál es la situación económica de los magistrados en el exterior?, ¿por qué la Ofac no aprobó la licencia para que se les pagaran sus honorarios?

La situación es que no hemos devengado dinero en estos cinco años desde la designación, lo que ha hecho que los magistrados tengan que cumplir funciones alternas. Ante esa omisión de la licencia de la Ofac contratamos los servicios de un escritorio jurídico para que nos represente.

¿Qué pasó con la demanda que supuestamente estaban preparando por el incumplimiento de pago de sus honorarios?

El escritorio jurídico nos representa ante organismos de Estados Unidos para tramitar nuestras licencias, no hemos anunciado que vamos a demandar al gobierno interino, eso es falso.

No estamos demandando en ningún momento al gobierno interino ni pretendemos demandar a la República venezolana porque formamos parte de ella, nuestras gestiones simplemente son para el pago de los magistrados. 

¿Cómo se mantienen en el exterior si no reciben un pago?

Los magistrados trabajan en cuestiones alternas que no tienen que ver con su profesión. En Estados Unidos no podemos ejercer como abogados, entonces se han visto en la necesidad de acudir a otros trabajos como de Uber (servicio de taxi) a otros algunas universidades le dieron la oportunidad de dar clases, pero esto más que todo en países que son latinos por el idioma.

¿Cómo hacen frente al pago de los servicios del escritorio jurídico que contrataron, han recibido ayuda de la presidencia interina?

Hicimos un contrato de confidencialidad con el escritorio jurídico. Este servicio no lo ha pagado la presidencia interina y tampoco nosotros hemos tenido que pagar hasta ahora.