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Así como con el tema del salario mínimo, el de la migración venezolana provocó disgusto entre los diputados del chavismo en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, ante señalamientos de la oposición moderada sobre las causas del problema y la falta de políticas nacionales para solucionarlo.

Desde la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se insistió en que se trata de una migración «inducida» por la oposición y las sanciones internacionales, como parte de un plan para desplazar del poder a Nicolás Maduro. También se apuntó en que las cifras son «dudosas» y que hay numerosos venezolanos que se están devolviendo gracias al llamado plan «Vuelta a la Patria».

Mientras que desde la Alianza Democrática se recordó que el salario mínimo no alcanza para cubrir las necesidades básicas y que también los venezolanos se ven forzados a salir por las fronteras por el deterioro de los servicios públicos. Rechazaron que solo se culpe a Colombia y no por ejemplo a Trinidad y Tobago de la xenofobia contra compatriotas y reclamaron políticas nacionales dirigidas a la atención de los migrantes distribuidos por todo el mundo.

«Actitudes hipócritas»

Durante el debate del informe de la Comisión Especial para investigar los crímenes contra migrantes venezolanos en el extranjero, el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, tildó de «hipócritas» a la bancada de la oposición por firmar el Estatuto de Transición en 2019, que a juicio del chavismo promovió la migración junto con las sanciones.

También fustigó a la Iglesia católica por supuestamente pedir que se mantengan las sanciones, algo que se desprende de una declaración reciente del cardenal Baltazar Porras.

 «762 medidas coercitivas unilaterales recibió Venezuela en 17 meses, pero se quejan del salario mínimo (…) solicitar mantener las sanciones, no es de cristianos, es de criminales», advirtió.

 Entrevistado por EFE, el pasado 3 de mayo, el administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas y obispo de Mérida, consideró que las sanciones impuestas por EEUU no deben ser levantadas a menos que se vean gestos por parte de las autoridades venezolanas de querer avanzar verdaderamente en la solución a la crisis del país.

 En una intervención anterior, el diputado (Psuv) Pedro Carreño lo señaló de «trinar a favor del imperio» y se refirió al cardenal como «Basaltar».

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Señalamientos contra Colombia

 El chavismo en el Parlamento de 277 diputados, se concentró igualmente en denunciar que Colombia es el país que registra la mayor cantidad de agresiones contra venezolanos en su territorio, con 1.279 asesinados entre 2016 y 2021, según reportó el presidente de la instancia, Julio Chávez.

 Al presentar el informe, Chávez denunció que Colombia, donde residen más de 1,8 venezolanos, cifras de la ONG Progresar indican que 82%, de los delitos cometidos contra compatriotas en el exterior se dan en Colombia. Señaló al gobierno de Iván Duque de desarrollar una «política sistemática de exterminio» contra venezolanos.

 «Hay que elevar la voz, articular esfuerzos del Parlamento con los parlamentos del mundo y el de Colombia para elevar la voz y denunciar los crímenes que están recogidos en el informe. En Colombia es el primer país con mayor número de masacres, en 2019, se cometieron 36 masacres y en ese mismo año 615 venezolanos fueron asesinados», fustigó.

 Afirmó que la salida de venezolanos del país ha sido producto del «ataque a la psiquis» y de una guerra «de quinta generación». Propuso una serie de leyes de atención a los migrantes, entre ellas, una ley para el retorno de la población venezolana en el exterior, contra la xenofobia, atención a las víctimas de violación de DDHH y un código de derechos migratorios.

 Otros diputados como Ilenia Medina, Pedro Carreño y Tania Díaz dejaron frases como «extracción de venezolanos», «no es verdad que se fueron (los venezolanos) porque no había condiciones» y se «robaron a la juventud que se formó gracias a la revolución bolivariana con una educación gratuita de primera». Exigieron castigo para los diputados de 2015 que aprobaron el Estatuto de Transición. 

 ¿Y Trinidad y Tobago?

 «Hablan de ataque a la psiquis, pero en Mérida no hay línea telefónica, mucho menos internet y la gente ha tenido que migrar porque el sueldo mínimo solo alcanzaba para comprar un paquete de arroz», cuestionó la diputada Anyelit Tamayo de la oposición moderada.

 Pidió que más allá de señalar a las sanciones como las causas, se implementen políticas de atención a los migrantes porque es un hecho que están fuera del país sin importar el motivo. Mencionó por ejemplo la necesidad de tomar medidas para poder repatriar sin obstáculos los cuerpos de quienes fallecen fuera de su país.

 También reprochó que la comisión haya recibido 2.532 denuncias de agresiones a venezolanos en el exterior que fueron orientadas a los organismos competentes, pero no se ha hecho seguimiento para verificar si realmente fueron atendidas. Apuntó además que no hay cifras oficiales de la cantidad de venezolanos que se han ido.

 «No hay control en las fronteras y si no están contados siguen desprotegidos y desamparados. Los venezolanos son venezolanos donde sea y el Estado debe protegerlos», alertó la dirigente del ala de Acción Democrática controlada por Bernabé Gutiérrez.

 Tanía Díaz le ripostó que la oposición debía ofrecer disculpas al país por aprobar el Estatuto de Transición y pedir sanciones. «Dejen de lloriquear y hacerse los inocentes», fustigó.

 El último de la oposición moderada en intervenir fue José Brito, quien exigió que se rechazara la xenofobia del Gobierno de Trinidad y Tobago contra venezolanos con la misma contundencia con la que se cuestionaba lo que ocurre en Colombia. Tildó al primer ministro del país caribeño, Keith Rowley, de «infame» y atacó además al gobernador del Zulia, Manuel Rosales tras asegurar que es igualmente corresponsable del éxodo de venezolanos.

 «Carne de cañón»

 Al cerrar el debate, Rodríguez, visiblemente molesto, recalcó que los migrantes «son carne de cañón» de «la guerra» económica y política inició la oposición en Venezuela.

 «No les importan las causas de la migración porque son responsables, Oscar Ronderos y José Dionisio Brito firmaron el Estatuto de Transición que fue un golpe a la Constitución, pero exigen que no se les meta en el mismo saco de toda la oposición», recriminó, dirigiéndose a la bancada de la Alianza Democrática.

 Brito se levantó del asiento y decía a gritos que no era cierto, a lo que Rodríguez le exigió respetar su derecho de palabra. Instó a la oposición moderada a destituir como coordinador a Ronderos si querían desmarcarse de la oposición encabezada por Juan Guaidó que aprobó el Estatuto en 2019.

 La plenaria aprobó la continuidad del trabajo de la comisión especial, no sin que antes Rodríguez ordenara que el informe recogiera nombres y lugares exactos de los asesinatos contra venezolanos en Colombia, para dar lugar posteriormente a una acción ante la Corte Penal Internacional.