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La ONG Transparencia Venezuela cuestionó que la escasa información sobre los funcionarios detenidos por estar vinculados en supuestos hechos de corrupción en Pdvsa, el Poder Judicial y el caso de un alcalde en Aragua por vínculos con bandas delictivas.

Este lunes 20 de marzo, a través de un comunicado, señalaron que «el país tiene derecho a saber más sobre los funcionarios detenidos, los delitos de los que se les acusa, los presuntos mecanismos empleados, desde cuándo estarían ocurriendo o el tamaño del patrimonio público comprometido».

Recordaron que durante las últimas dos décadas la opacidad del gobierno ha contribuido a que ocurran este tipo de hechos.

Opacidad estimula corrupción

«Los graves casos de malversación podrían detectarse oportunamente y se resguardaría mejor el patrimonio público si los venezolanos tuvieran el acceso completo a las leyes de Presupuesto y Endeudamiento; el Ministerio del Petróleo y los demás despachos publicaran sus memorias y cuentas; Petróleos de Venezuela hiciera públicos sus informes de gestión; la Contraloría General de la República cumpliera con sus funciones y el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción rindiera cuentas de lo hecho desde su creación hace nueve años», mencionaron en el texto.

Asimismo señalaron que hay 140 casos de presunta corrupción que se siguen a Venezuela desde otras naciones, en los que se involucran fondos públicos nacionales.

De ellos dijeron que muchas de esas acusaciones o procesos que siguen en sistemas judiciales de otros países, se desconoce si en el territorio nacional hay investigaciones por esos señalamientos.

«Ahora es más urgente que los fondos públicos se destinen a atender las emergencias, que se incrementen las camas disponibles en los centros de salud, que los equipos funcionen, que se terminen las obras que se prometieron, que se paguen mejores salarios al personal médico, así como a los maestros y demás trabajadores públicos».

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Quiénes son los funcionarios presos por corrupción

La ONG hizo un resumen de quienes están detenidos, los cargos públicos que han detentado y las investigaciones en terceros países.

Cristobal Cornielles Perret

Del expresidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornielles Perret, recordaron que fue apoderado de Pdvsa, asesor legal del Consejo Nacional de Derechos del Niño y Adolescente y de la extinta Asamblea Nacional Constituyente de 2017, consultor jurídico de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, magistrado suplente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y este año magistrado accidental de la Sala Especial Primera de la Sala Político Administrativa del TSJ, cargo que ejerció por decisión de la presidenta del Poder Judicial, Gladys Gutiérrez.

José Mascimino Márquez García – Juez 4 antiterrorismo:

Como Cornielles Perret su causa está relacionada por la liberación de un empresario ligado al llamado «Tren del llano», una banda criminal que se dedica a la extorsión, secuestro y homicidios en los llanos venezolanos.
«Antes de su llegada al sistema de justicia, se desempeñaba como mesonero principal de una reconocida arepera en Caracas», dijo Transparencia Venezuela. Fue miembro de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, juez de control del Circuito Judicial de Caracas y también del Tribunal Especial 4 de control sobre delitos de terrorismo, con jurisdicción nacional.

Entre los casos que llevó destacan los de Freddy Guevara y Roland Carreño; la detención de los 12 indígenas pemones acusados de asaltar un cuartel militar en el estado Bolívar; uno de ellos, Salvador Franco, murió en custodia del Estado. Llevó causas de militares acusados de conspiración, de los implicados en la Operación Gedeón y ordenó detener al político Nicmer Evans en el año 2020, entre otros.

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Joselit Ramírez, de Sunacrip

El exsuperintendente nacional de criptoactivos, cercano al ahora exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, fue sancionado en el año 2020 por Estados Unidos. Este país lo acusó de evadir las sanciones de esa nación contra el gobierno de Nicolás Maduro.

«Es investigado por un Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el que también es señalado Tareck Zaidan El Aissami, exvicepresidente de Venezuela y el empresario Samark López Bello, acusados de los cargos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, violar y eludir la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin)», aseguró la ONG.

En 2017 fue director general de la Vicepresidencia de la República, cuando el cargo lo detentó El Aissami; en 2018 estuvo al frente de la Fundación Patria; en ese año se creó la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), cargo que desempeñó hasta su detención; también estuvo en el Ministerio de Producción Nacional, con El Aissami como cabeza de este despacho e incluso fue miembro de la Comisión Nacional de Casinos.

Los cargos en los que estaría inmerso es por la pérdida de 3.000 millones de dólares de la venta del petróleo.

Hugbel Roa

El diputado a la Asamblea Nacional (2011-2016; 2016-2021 y 2021-2026) también es cercano a Tareck El Aissami. En el año 2012 lo denunciaron por irregularidades en el Programa Alimentario Escolar (PAE) en el estado Portuguesa. Fue ministro de Educación Universitaria, nombrado por Nicolás Maduro en 2017 y entre sus cargos políticos era el actual vicepresidente del Psuv en Nueva Esparta.

En el año 2007 ejerció como Viceministro de Asuntos Estratégicos del Despacho de la Presidencia de
la República, cargo al que lo nombró el fallecido Hugo Chávez.

Lo relacionan con hechos de corrupción dentro de Pdvsa.

Si quiere conocer más sobre ellos lea este enlace