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“Queremos que traigan para acá vacunas y medicinas”

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Tras dos años de pandemia, los yukpas que viven en la frontera entre Venezuela y Colombia deben superar la crisis sanitaria, la falta de gasolina y la ausencia de información para poder vacunarse contra el COVID-19. Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su Iniciativa global de reportajes sobre la salud: vacunas e inmunización en América Latina y el Caribe

Las puertas del Ambulatorio Rural I Toromo permanecen cerradas la mayoría del tiempo. Las plantas que rodean el centro de salud —construido en territorio habitado por indígenas yukpas de la Sierra de Perijá, en el estado Zulia— crecieron hasta cubrir parte de la entrada principal. Al observar sus paredes limpias y enteras desde afuera, el ambulatorio pareciera estar completamente en pie, pero su interior revela otra realidad: no hay insumos, medicinas, ni médicos. Tampoco hay vacunas, aunque la nevera destinada a almacenarlas sí funciona.

Los yukpas son el décimo pueblo indígena más numeroso del país y el tercero del Zulia, por debajo de los Wayúu y los Añú, y por encima de las etnias Barí y Japreria. Según el último censo poblacional oficial, que data de 2011, Zulia concentraba 61,2 % de la población indígena del país. Para ese año, de los más de 724.000 indígenas de Venezuela, 10.640 eran yukpas.

Ubicado en la frontera entre Colombia y Venezuela y a dos horas y media de Maracaibo, la capital del Zulia y la segunda ciudad más poblada del país, el municipio Machiques de Perijá concentra la mayor cantidad de yukpas, quienes se agrupan en cinco cuencas entre las montañas de la Sierra: Tukuko, Apón, Yaza, Macoíta y Toromo.

En 2020, a los accidentes ofídicos, la malaria, la desnutrición, la hepatitis, la leishmaniasis y la tuberculosis —enfermedades con incidencia en las comunidades yukpas— se sumó el COVID-19.

Para junio de ese año ya se alertaba sobre los primeros casos de COVID-19 entre los yukpas, pero las primeras vacunas contra COVID-19 para las más de 2 mil familias que viven en la cuenca Toromo llegaron en diciembre de 2021, diez meses después del inicio de la campaña de vacunación en Venezuela.

De aquella jornada, que se realizó en la parte baja de la cuenca, no hay estadísticas. Solo queda un afiche de recuerdo pegado en una pared del ambulatorio. Desde entonces, no han vuelto a vacunar.

—Está la estructura y no la utilizan, pero sería lo más idóneo porque tenemos las neveras aquí y todo el mundo sabe dónde está el centro asistencial. Lo manejaríamos por fecha: para tal fecha haríamos una jornada para los que no se han vacunado, y la gente va a esperar aquí —dice Jesús Peñaranda hijo, cacique mayor de Toromo—. Pero se vacunaron pocos y después no vinieron más. El pueblo yukpa casi no ha sido vacunado en Toromo.

Para llegar a Toromo desde Machiques, la capital del municipio, hay que recorrer una carretera desolada y en ruinas que bordea al río Kunana, cuyas crecidas han causado importantes inundaciones y muertes en los últimos años. Con los deslaves, muchas familias buscaron refugio en la parte alta de la cuenca, lo que dificulta aún más su acceso a la atención en salud.

Durante el primer año de pandemia, la organización no gubernamental Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) advirtió en un boletín que la crisis en las comunidades indígenas de la entidad era en “extremo alarmante”, como consecuencia de las faltas del Estado en el cumplimiento de sus derechos humanos, situación que se hizo más evidente con la deficiente prestación de servicios como energía eléctrica, salud y educación.

Así, alertó Codhez, COVID-19 llegó en medio de un panorama ya precario de atención en salud para los yukpas, el cual se agravó por las dificultades de acceso a combustible y se tradujo en menos atención oportuna.

La inseguridad y los problemas para comprar gasolina, que se vende de manera limitada en estaciones de servicio y a precios más elevados en botellas en las calles, aún mantienen alejadas a muchas personas externas a la cuenca, entre ellos los trabajadores de salud, quienes tampoco encuentran motivación por sus bajos sueldos.

Un solo doctor acude al Ambulatorio Rural I Toromo en la semana. Él mismo debe gestionar su gasolina y trasladarse por su cuenta. Al llegar, principalmente lleva registro de las embarazadas, pues algunas perdieron sus bebés al parir en el Hospital II Nuestra Señora del Carmen, en Machiques. Los pobladores creen que se debió, en parte, a la falta de control. 

En Toromo también vive Militza Romero, de 38 años, madre de ocho hijos. Su más reciente bebé nació en enero de 2022. Por su avanzado embarazo a finales de 2021 y las dificultades de movilidad, no pudo trasladarse para ir a vacunarse, por lo que no pudo estar más protegida antes de parir. Tras dar a luz, empezó a tener fiebre. En febrero, su hijo menor también tuvo fiebre, pero no saben con certeza qué tenían. Ya recuperada, espera poder ir a Machiques a vacunarse pronto.

—Aquí estaba dando fuertemente la fiebre, la gripe. Puede ser el covid que nos agarró. Algunos bebés han muerto porque no hay recursos ni medicamentos. No hay jornadas aquí con los doctores —expresó—. Algunos queremos que haya una jornada y que traigan para acá vacunas y medicinas, que haya más facilidad para uno.

Sumis Romero afirma que vive “peleando” en Machiques. Ella, profesora de escuela y cacica comunitaria de Toromo, se ha encargado de la parte operativa del ambulatorio y su ambulancia. Aunque la instalación ha aparecido en medios estatales como un centro de salud en rehabilitación, asegura que ni siquiera se ha inaugurado y adentro no hay ni una medicina.

Los primeros mobiliarios que enviaron las autoridades se desvanecieron por las filtraciones registradas durante las lluvias. Se mantuvieron a salvo algunos aires acondicionados, la cocina, lámparas, la planta eléctrica (que permanece resguardada por seguridad) y la nevera de las vacunas.

Onésimo Romero, enfermero y habitante de la comunidad, es quien se encarga de abrir el centro de salud, un espacio en el que según afirma sólo se pueden dar récipes: recetas médicas. Para vacunarse contra el COVID-19, él mismo tuvo que desplazarse hasta el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Libertad, en Machiques.

El CDI Libertad es uno de los puntos fijos de vacunación en Machiques. En la sala dedicada a la vacunación, que trabaja solo en la mañana, acuden pocas personas, principalmente en busca de las primeras dosis. Durante el primer mes de 2022, el personal del CDI realizó solo dos jornadas de vacunación en comunidades indígenas yukpas y hasta febrero no había fecha establecida para volver. Tampoco había cifras totalizadas de la vacunación en asentamientos indígenas.

Una de las jornadas se realizó en la comunidad de Shirapta, en la cuenca Apón. Llevaron algunas vacunas contra COVID-19: 120 elaboradas por el laboratorio chino Sinopharm, las de mayor uso en Venezuela, y unas 50 dosis de Abdala, elaborada en Cuba, aún considerada como candidato vacunal por la sociedades científicas del país. Solo pudieron poner 53 dosis de Sinopharm a los adultos y 20 dosis de Abdala a los niños.

Sin estadísticas oficiales, pero con estimaciones

En Venezuela no hay cifras oficiales sobre el alcance de la vacunación contra el COVID-19. La administración de Nicolás Maduro tampoco hizo público el plan de vacunación. Ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Pueblos Indígenas (Minpi), a través de sus sedes principales, respondieron a las solicitudes de información enviadas para este reportaje.  

Los únicos datos públicos disponibles, actualizados periódicamente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señalan que Venezuela había vacunado al 77,2% de su población con una sola dosis hasta la segunda semana de marzo de 2022. Solo 49,8% de los habitantes habían recibido dos dosis. Sin embargo, esta información no está desagregada, por lo que se desconoce cuántos de los vacunados corresponden a pueblos indígenas.

Algunos indígenas de comunidades lejanas hicieron el esfuerzo de bajar a Machiques y acudir a los primeros llamados de vacunación cuando les llegó la convocatoria del Sistema Patria, la plataforma digital gubernamental asociada a la entrega de bonos económicos, y otros subsidios estatales, que se utilizó al principio de la campaña para seleccionar a personas para la vacunación.

El puesto de vacunación era el Parque Ferial de Machiques, donde podían atender hasta 800 personas al día, que en ocasiones debían esperar hasta 8 horas para poder recibir su dosis.

Epidemiología Municipal debería llevar el registro de cuántos indígenas se han vacunado entre jornadas en comunidades y centros de salud y las primeras grandes convocatorias, pero los nexos con la coordinación municipal del área indígena nunca han sido buenos y se han deteriorado más con el paso de los años, dice Meyhubel Arrieta, la epidemióloga municipal. Aun así, puede estimar cuántos han recibido alguna dosis.

—No tenemos estadísticas, pero puedo decir que si hemos vacunado mil indígenas es mucho. Indígenas de varias etnias: Yukpa y Barí. Los Barí se han vacunado más.

Una cifra similar maneja el dirigente yukpa Heber Erapshe, quien asumió la dirección del Ministerio de Pueblos Indígenas en Machiques de Perijá. Desde su cargo, solicitó al Ministerio una cuota de vacunas para desarrollar una campaña masiva entre los pueblos indígenas. Para el primer trimestre de 2022, le asignaron 7 mil dosis para cubrir las tres etnias que habitan en el municipio: Yukpa, Barí y Wayúu.

—Yo me voy a sentir contento cuando llevemos más del 50% de la población yukpa vacunada. Pero entre los tres pueblos no llegamos a las mil dosis. Llegamos a febrero (2022) con solo 10 % de la población vacunada, pero ahí vamos. También hay comunidades que dicen que no quieren vacunarse.

Tres hojas son visibles en la cartelera ubicada en la oficina de Epidemiología en el Hospital II Nuestra Señora del Carmen, el principal punto de vacunación de Machiques de Perijá contra COVID-19 y otras enfermedades. Cada una de las hojas resume el estatus de los centros de salud del municipio y del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) —ejecutor de la vacunación de rutina del país— como resultado de una evaluación realizada en 2019. La frase “no funciona” abunda en las columnas correspondientes al PAI.

Aunque la información está desactualizada, la doctora Arrieta calcula que de 86 puntos de vacunación rutinaria, solo 9 están operativos. Tampoco hay suficientes vacunadores, agrega la especialista. Para 2019, según esa misma data,  solo había 28 enfermeras y enfermeros del PAI asignados al municipio. 

Falta de personal, vías deterioradas, fallas de infraestructura, problemas para conseguir transporte y gasolina, ausencia de información e inseguridad por la expansión de grupos irregulares. Todo lo anterior se suma a la desinformación, y a la confianza exclusiva en sus propias creencias y en la medicina ancestral, como las principales limitantes para el avance de la vacunación entre los yukpas, uno de los más de 800 pueblos indígenas que viven en la región de América Latina y el Caribe y uno de los más de 50 que habitan en Venezuela.

Carmen Paz, antropóloga de origen wayúu, profesora e investigadora del Laboratorio de Antropología Social y Cultural de la Universidad del Zulia (LUZ), explica que aquellos indígenas que sí se han vacunado han decidido hacerlo con poca orientación, pues el Estado no ha hecho una suficientes labores para llegar comunicacional y físicamente a todas las comunidades indígenas para tener un impacto en su salud.  

—No ha habido un proceso de adaptación a la cultura de los indígenas, que les puedan explicar en su idioma con suficientes materiales para que estén bien informados. Porque también hay una resistencia a la vacuna, que puede formar parte de su cosmovisión: cómo ven el mundo y las cosas. No es algo que rechacen siempre porque no les gusta, o solo por miedo, sino por la concepción misma del cuerpo y de la espiritualidad. Ven la vacuna como algo externo en ese mundo espiritual en el que hay un cuerpo en relación con otros seres que lo rodean en lo físico y en lo espiritual —apunta la experta.

Según un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), publicado en septiembre de 2020, la pandemia de COVID-19 representa un riesgo mayor para las comunidades indígenas cuando no se dispone de información sobre el acceso a la atención médica en sus idiomas, una información que sea culturalmente apropiada, que considere sus propias formas de comunicación y cosmovisiones y que esté validada por los mismos pueblos indígenas.

La pandemia ha puesto en evidencia la poca atención, escasez de recursos y servicios para los pueblos indígenas en casi todos los países de la región americana, resalta Ocha. Aquellos con mayores dificultades de acceso a la salud son precisamente los ubicados en zonas rurales poco habitadas, cerca de pasos fronterizos, o controladas por redes de narcotráfico y del crimen organizado.

El más reciente informe sobre los derechos de los pueblos indígenas del Zulia, publicado por la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia en agosto de 2021, destaca que la garantía del derecho a la salud del pueblo Yukpa aún se mantiene como una de las grandes deudas del Estado venezolano.

Codhez indica que persiste la indolencia gubernamental ante la ausencia de los más elementales requerimientos sanitarios y médicos: no existen condiciones mínimas de infraestructura hospitalaria, ni insumos ni medicamentos para enfrentar enfermedades como tuberculosis, y mucho menos para atender el impacto de la pandemia.

—Lamentablemente las comunidades indígenas en Venezuela, y en particular en Zulia y Delta Amacuro, siempre han estado más desatendidas. Eso significa que están de últimas en la lista de prioridades de atención en salud y en general. Eso lo hemos visto históricamente, no necesariamente en los últimos 20 años, pero con la situación del país en los años más recientes, los más vulnerables, que son estas comunidades, sufren más —añade María Eugenia Grillet, ecóloga y epidemióloga, profesora titular del Instituto de Zoología y Ecología Tropical (Izet) de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Poco antes de la aparición del COVID-19, los yukpas también habían padecido sarampión, otra enfermedad que cuenta con vacunas y que en 2016 llegó a ser considerada como eliminada en Venezuela, pocos meses antes de que un brote surgiera en el país y se extendiera por naciones vecinas. 

Para 2019, todos los casos de sarampión en comunidades indígenas venezolanas se detectaron en el estado Zulia (139 diagnósticos), según la actualización epidemiológica de la OPS de enero de 2020. Dos de estos casos correspondían a indígenas de la etnia Yukpa. 

Vacunas y recursos a cuentagotas

En el Centro Piloto Wasama, ubicado en la parte alta de Yaza, cuenca con más de 3 mil habitantes, el CDI Libertad llevó a cabo una jornada de tres días. Llegar a Wasama implica atravesar una vialidad deteriorada y recorrer entre 8 y 12 horas del trayecto en mula o a pie.

Para esa jornada sólo llevaron una decena de vacunas que ya tenían “nombre y apellido”: la propia comunidad preguntó quiénes querían vacunarse, pero solo 10 dijeron que sí, recuerda Mirania Hidalgo, médica del CDI. La mayoría de las vacunas que llevaban eran de rutina.

—Llegamos en la noche y en la mañana nos levantamos y fuimos a vacunar. Todos eran adultos. Había gente renuente a vacunarse contra el COVID-19 porque escuchan tantas cosas… pero nos hicieron falta vacunas de rutina —dice la doctora Hidalgo—. Está tan lejos que no hay luz y las cavas para conservar la cadena de frío no son adecuadas para una jornada de tres días.

Ana María Fernández, excoordinadora del Servicio de Atención y Orientación al Indígena (Saoi) con sede en el hospital de Machiques, nativa de Yaza y actual facilitadora intercultural bilingüe (traductora), acompañó la jornada como parte de su trabajo. Tenía un año sin ir a esa comunidad. En su experiencia desde Salud Indígena, uno de los principales problemas es la falta de suficiente orientación sobre las nuevas vacunas entre sus paisanos.

—La información no ha llegado como tiene que llegar. 

Ana María ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de los derechos indígenas, entre ellos el derecho a la salud. Recuerda que una década antes de la pandemia de COVID-19 había decenas de defensores de salud indígena, quienes se desplegaban por las comunidades a brindar charlas sobre vacunas y enfermedades. Sin embargo, indica que todo ha decaído, principalmente por falta de recursos.

Al inicio de la pandemia, cuando ella todavía era coordinadora del Saoi, las autoridades sanitarias publicaron folletos sobre prevención y medidas de bioseguridad dirigidos a los yukpas, pero no han emitido materiales de comunicación sobre la vacunación contra COVID-19 pensados para ellos.

—Salud Indígena tiene 17 años y trabajamos con las uñas. No nos apoyan. Nosotros los indígenas estamos sufriendo mucho —expresa Yohana Ávila, actual coordinadora del Saoi, quien dirige un equipo de 10 personas—. ¿Cómo vamos a tener un solo tapabocas para una semana? Tampoco nos apoyan con combustible.

En consecuencia, la responsabilidad de la vacunación ha recaído en su mayoría en el poder de convencimiento de líderes indígenas y de los yukpas que, como Ana María y Yohana, trabajan en áreas de salud y son dolientes de sus comunidades.

Felipe Romero, promotor del Ministerio de Pueblos Indígenas y uno de los caciques de Yaza, se vacunó en la jornada de Wasama, apenas la primera intervención que se hacía en esa cuenca en 2022. Afirma que desde el 2021 buscaban llevar jornadas de atención médica enfocadas en desnutrición y COVID-19. Destaca que su deber como cacique lo llevó a superar su miedo sobre la vacuna y lo motivó a dar el ejemplo, pero aún asegura que faltan muchos por vacunar.

—Yo me vacuné y di un mensaje a los demás caciques para que también se inyecten por mayor seguridad ante la afectación que con el nuevo virus que está dando. Yo personalmente me he encargado de llevar ese mensaje de que no hay problema, que no tengan desconfianza y que se inyecten contra el COVID-19.

En representación de la comunidad de Chaktapa, el cacique mayor Sabino Romero (hijo) señala que desde que empezó 2022 han visto muchos indígenas con síntomas como fiebre, tos y dolor de cabeza. Como líder, Sabino llama a las autoridades a desplegarse para responder a las enfermedades y a no olvidar las comunidades más lejanas.

—No caminan la Sierra. De vez en cuando la caminan y después te olvidan. En salud hay que enfocarnos bastante. Tenemos dos años de pandemia y veo que se quiere pegar ese virus en la Sierra de Perijá. Se requiere que haya ayuda.

Este reportaje contó con la mentoría y edición de Tania Valbuena (IWMF) y el apoyo de Johandry Montiel.