Seis hombres que estaban privados de libertad en cárceles de Venezuela murieron en los últimos cuatro meses de 2022, cinco de ellos por tuberculosis y uno a causa de un infarto, informó este lunes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La ONG indicó en un comunicado que los reos, naturales del estado Mérida, fallecieron en cárceles ubicadas en los estados Anzoátegui y Bolívar, a unos mil kilómetros de distancia de sus lugares de origen.
Todos fueron trasladados a estos centros de reclusión en 2012, tras un motín en la penitenciaría en la que cumplían sus condenas en Mérida.
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El OVP explicó que la cárcel ubicada en Bolívar, donde se encontraban la mayoría de los presos fallecidos, no cuenta con servicio médico ni ofrece una alimentación balanceada a los internos.
Además, los detenidos consumen «agua contaminada» de un río cercano que les ha causado diversas enfermedades, siempre según la organización.
«El traslado de privados de libertad de un penal a otro es una medida que aplica el Ministerio de Servicio Penitenciario a modo de castigo cada vez que se registra un motín, una huelga o un alzamiento por parte de los internos», señaló la ONG.
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En julio pasado, el OVP denunció que las condiciones de higiene e infraestructura de los centros penitenciarios de Venezuela son «precarias» y que, además, existe un «problema de alimentación grave».
La directora de la ONG, Carolina Girón, afirmó en ese momento que desde 1999, cuando la revolución bolivariana llegó al poder, hasta el cierre de 2021, murieron 7.792 personas en prisión, y que a partir de 2018 el «porcentaje de muertes por desnutrición y tuberculosis superaron las muertes violentas».
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La ONG indicó en un comunicado que los reos, naturales del estado Mérida, fallecieron en cárceles ubicadas en los estados Anzoátegui y Bolívar, a unos mil kilómetros de distancia de sus lugares de origen.
Todos fueron trasladados a estos centros de reclusión en 2012, tras un motín en la penitenciaría en la que cumplían sus condenas en Mérida.
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Además, los detenidos consumen «agua contaminada» de un río cercano que les ha causado diversas enfermedades, siempre según la organización.
«El traslado de privados de libertad de un penal a otro es una medida que aplica el Ministerio de Servicio Penitenciario a modo de castigo cada vez que se registra un motín, una huelga o un alzamiento por parte de los internos», señaló la ONG.
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La directora de la ONG, Carolina Girón, afirmó en ese momento que desde 1999, cuando la revolución bolivariana llegó al poder, hasta el cierre de 2021, murieron 7.792 personas en prisión, y que a partir de 2018 el «porcentaje de muertes por desnutrición y tuberculosis superaron las muertes violentas».