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Las autoridades de Venezuela informaron este jueves que, en cumplimiento de la Constitución, no extraditarán a Gabriel Salinas, detenido esta semana en Caracas y solicitado en Colombia por el sasesinato del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci, un hecho ocurrido en mayo pasado.

«El artículo 69 de la Constitución prohíbe taxativamente la extradición de los venezolanos. Por tanto, estos ciudadanos serán juzgados en el sistema judicial venezolano», explicó el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, en una rueda de prensa en la que anunció la captura de otro sujeto, de nombre Carlos Gómez, relacionado con Salinas.

Aseguró que Venezuela irá «aportando» a los Gobiernos de Colombia y Paraguay «toda la información necesaria de estos individuos de alta peligrosidad».

El ministro presentó un video en el que Salinas -quien conducía la moto acuática en la que se movilizó el homicida de Pecci- confiesa su responsabilidad en este asesinato por el que recibió, afirmó, un pago de 8.000 dólares estadounidenses.

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Francisco Correa, a quien la Fiscalía colombiana considera el articulador del crimen, dictó las órdenes para este caso y entregó el arma con que Wendret Carrillo (detenido en Colombia, donde confesó su culpa) disparó al fiscal en una isla cercana a Cartagena de Indias, según el relato de Salinas.

El joven aseguró haber estado preso en Venezuela por homicidio y secuestro hasta que este año se trasladó a Colombia -aunque no explicó cómo salió de prisión-, donde conoció a Correa y se sumó al plan homicida, sin revelar detalles sobre los autores materiales de este crimen, algo que la Justicia colombiana todavía no tiene claro.

Por su parte, Gómez confesó en su declaración que posee registros policiales en Venezuela y que se trasladaba junto a Salinas por Caracas este martes, cuando ambos fueron detenidos, sin mencionar ninguna relación con el asesinato de Pecci.