La reapertura total de la frontera supone un alivio para los cerca de 2,5 millones de venezolanos que huyeron a Colombia por cuenta de la crisis, muchos de los cuales recibieron el Estatuto Temporal de Protección y ahora tendrán más facilidades para mantener los lazos con su país.
Sin embargo, las dinámicas migratorias ya no son las mismas de antes de la pandemia y la reapertura fronteriza, programada para el próximo 26 de septiembre, trae consigo nuevos retos.
Uno de ellos es garantizar la seguridad y los derechos humanos de los migrantes en una frontera con problemas de seguridad, así como articular acciones para enfrentar el reto que supone el creciente paso de venezolanos por el inhóspito Tapón del Darién, en la frontera colombo-panameña, en su camino hacia EE.UU.
La frontera con Venezuela fue cerrada en 2015 por el Gobierno de Nicolás Maduro con la excusa de combatir a bandas criminales colombianas y fue reabierta para el tránsito de personas en 2016.
La circulación de personas quedó suspendida, de nuevo, tras la ruptura de relaciones ordenada por Maduro el 23 de febrero de 2019, cuando el líder opositor Juan Guaidó intentó ingresar desde Cúcuta al frente de una caravana de ayuda.
Eso propició el tránsito de personas por pasos ilegales, las llamadas trochas, aunque el año pasado se normalizó la circulación peatonal por el puente internacional Simón Bolívar.
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El alivio lo sienten principalmente los habitantes de la frontera, migrantes pendulares que se mueven entre ambos países y para quienes el cierre del paso vehicular desde hace siete años supuso un problema al que han tenido que adaptarse.
Uno de ellos es Eduardo Casanova, que se mueve entre Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander, y Rubio, ciudad del estado venezolano de Táchira.
«Esperamos que sea una realidad, hemos esperado tanto que ya esperaremos lo poco», dice a Efe Casanova, quien debe cruzar la frontera a pie, de Cúcuta a San Antonio del Táchira, y ahí buscar un transporte que lo lleve a Rubio, a 30 kilómetros de la ciudad fronteriza.
Casanova no oculta su ilusión y vislumbra con optimismo las decisiones tomadas por Maduro y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de reabrir la frontera «para el bien de todos».
«Nosotros vivimos en Cúcuta, pero vamos a Rubio constantemente y nos parecería muy bien el libre paso, sin obstáculo alguno, tranquilamente, con confianza, que sería lo mejor para todos», asegura.
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Las cifras más recientes de Migración Colombia, con corte a junio pasado, señalan que en el país hay 2.477.588 venezolanos, de los cuales 333.806 están regularizados; 617.069, autorizados a permanecer; 1.231.675, en proceso de acogimiento al Estatuto Temporal de Protección, y 295.038 están irregulares.
El Estatuto permite a los venezolanos que se acojan a él acceder a beneficios sociales del Estado colombiano, entre ellos la vacunación contra la covid-19 o sacar una licencia de conducción, así como más facilidad para tener contratos laborales o servicios bancarios.
Para Donna Cabrera, especialista en migración de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia cuenta «con cuerpo para que las personas que han accedido al Estatuto de Protección Temporal puedan desarrollar su proyecto de vida en el país superando las barreras que existen de acceso a servicios».
La experta recuerda que Petro dijo que va a mantener la política de integración migratoria y que su Gobierno flexibilizará algunos procesos, como la convalidación de títulos universitarios para facilitar su entrada al mercado laboral.
«Creo que en este contexto normativo y discursivo, contamos con una serie de posibilidades de trabajo (…) Es un panorama que sigue siendo alentador para facilitar ese reto de integración», expresa.
En los primeros ocho meses del año, 102.067 personas atravesaron el Darién rumbo a Norteamérica, de las cuales 68.575, el 67 %, fueron venezolanos, según la Defensoría del Pueblo colombiana.
Para Cabrera, Colombia y Venezuela deben unirse para enfrentar este problema como un asunto regional, pues ahora «el flujo migratorio de venezolanos se redefine a partir de las condiciones sociales, económicas, políticas y de regularización migratoria en los países de la región».
«La normalización de las relaciones de Colombia y Venezuela puede tener un impacto en garantizar que quienes están aquí avancen en sus procesos de integración (…) pero la percepción que hay con el Gobierno de Joe Biden, con medidas más abiertas a la migración de Venezuela (…) ha incrementado su cruce por el Darién», explica.
En ese sentido, Cabrera considera que la normalización de relaciones «puede tener un impacto en el aumento de este tránsito«, pero aclara que no es el único factor, ni el más determinante, y «hay que analizarlo en conjunto con otras medidas de Colombia y otros países de la región».
Así pues, la reapertura total de la frontera y la eventual normalización del tránsito en los próximos meses facilitará la vida a los migrantes pendulares, principalmente.
Además pondrá a prueba la cooperación entre los dos países, garantizando el respeto de los derechos humanos de quienes crucen los pasos fronterizos y de aquellos que pasan por Colombia en su camino hacia Norteamérica.
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La reapertura total de la frontera supone un alivio para los cerca de 2,5 millones de venezolanos que huyeron a Colombia por cuenta de la crisis, muchos de los cuales recibieron el Estatuto Temporal de Protección y ahora tendrán más facilidades para mantener los lazos con su país.
Sin embargo, las dinámicas migratorias ya no son las mismas de antes de la pandemia y la reapertura fronteriza, programada para el próximo 26 de septiembre, trae consigo nuevos retos.
Uno de ellos es garantizar la seguridad y los derechos humanos de los migrantes en una frontera con problemas de seguridad, así como articular acciones para enfrentar el reto que supone el creciente paso de venezolanos por el inhóspito Tapón del Darién, en la frontera colombo-panameña, en su camino hacia EE.UU.
La frontera con Venezuela fue cerrada en 2015 por el Gobierno de Nicolás Maduro con la excusa de combatir a bandas criminales colombianas y fue reabierta para el tránsito de personas en 2016.
La circulación de personas quedó suspendida, de nuevo, tras la ruptura de relaciones ordenada por Maduro el 23 de febrero de 2019, cuando el líder opositor Juan Guaidó intentó ingresar desde Cúcuta al frente de una caravana de ayuda.
Eso propició el tránsito de personas por pasos ilegales, las llamadas trochas, aunque el año pasado se normalizó la circulación peatonal por el puente internacional Simón Bolívar.
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El alivio lo sienten principalmente los habitantes de la frontera, migrantes pendulares que se mueven entre ambos países y para quienes el cierre del paso vehicular desde hace siete años supuso un problema al que han tenido que adaptarse.
Uno de ellos es Eduardo Casanova, que se mueve entre Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander, y Rubio, ciudad del estado venezolano de Táchira.
«Esperamos que sea una realidad, hemos esperado tanto que ya esperaremos lo poco», dice a Efe Casanova, quien debe cruzar la frontera a pie, de Cúcuta a San Antonio del Táchira, y ahí buscar un transporte que lo lleve a Rubio, a 30 kilómetros de la ciudad fronteriza.
Casanova no oculta su ilusión y vislumbra con optimismo las decisiones tomadas por Maduro y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de reabrir la frontera «para el bien de todos».
«Nosotros vivimos en Cúcuta, pero vamos a Rubio constantemente y nos parecería muy bien el libre paso, sin obstáculo alguno, tranquilamente, con confianza, que sería lo mejor para todos», asegura.
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Las cifras más recientes de Migración Colombia, con corte a junio pasado, señalan que en el país hay 2.477.588 venezolanos, de los cuales 333.806 están regularizados; 617.069, autorizados a permanecer; 1.231.675, en proceso de acogimiento al Estatuto Temporal de Protección, y 295.038 están irregulares.
El Estatuto permite a los venezolanos que se acojan a él acceder a beneficios sociales del Estado colombiano, entre ellos la vacunación contra la covid-19 o sacar una licencia de conducción, así como más facilidad para tener contratos laborales o servicios bancarios.
Para Donna Cabrera, especialista en migración de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia cuenta «con cuerpo para que las personas que han accedido al Estatuto de Protección Temporal puedan desarrollar su proyecto de vida en el país superando las barreras que existen de acceso a servicios».
La experta recuerda que Petro dijo que va a mantener la política de integración migratoria y que su Gobierno flexibilizará algunos procesos, como la convalidación de títulos universitarios para facilitar su entrada al mercado laboral.
«Creo que en este contexto normativo y discursivo, contamos con una serie de posibilidades de trabajo (…) Es un panorama que sigue siendo alentador para facilitar ese reto de integración», expresa.
En los primeros ocho meses del año, 102.067 personas atravesaron el Darién rumbo a Norteamérica, de las cuales 68.575, el 67 %, fueron venezolanos, según la Defensoría del Pueblo colombiana.
Para Cabrera, Colombia y Venezuela deben unirse para enfrentar este problema como un asunto regional, pues ahora «el flujo migratorio de venezolanos se redefine a partir de las condiciones sociales, económicas, políticas y de regularización migratoria en los países de la región».
«La normalización de las relaciones de Colombia y Venezuela puede tener un impacto en garantizar que quienes están aquí avancen en sus procesos de integración (…) pero la percepción que hay con el Gobierno de Joe Biden, con medidas más abiertas a la migración de Venezuela (…) ha incrementado su cruce por el Darién», explica.
En ese sentido, Cabrera considera que la normalización de relaciones «puede tener un impacto en el aumento de este tránsito«, pero aclara que no es el único factor, ni el más determinante, y «hay que analizarlo en conjunto con otras medidas de Colombia y otros países de la región».
Así pues, la reapertura total de la frontera y la eventual normalización del tránsito en los próximos meses facilitará la vida a los migrantes pendulares, principalmente.
Además pondrá a prueba la cooperación entre los dos países, garantizando el respeto de los derechos humanos de quienes crucen los pasos fronterizos y de aquellos que pasan por Colombia en su camino hacia Norteamérica.