Caracas.- La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro tiene como propósito crear una sociedad civil a la medida del gobierno de Maduro, advirtió este viernes, 16 de agosto, el codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
Este reglamento busca regular la constitución, registro, funcionamiento y financiamiento de las ONG y las organizaciones sociales sin fines de lucro de carácter privado en el país, según señala su artículo 1.
“No es verdad que los métodos de la ley sean solamente crear un registro cuando en realidad de lo que se habla es de sanciones", señaló Daniels durante una rueda de prensa virtual.
El abogado y defensor de los derechos humanos detalló que hay al menos cuatro sanciones que establece este nuevo documento:
-. Medida de suspensión preventiva, que para Daniels se traduce en un cierre.
-. Penalizaciones de 100 a 1.000 veces la unidad más alta del Banco Central de Venezuela (BCV), que podría ser el dólar americano o el euro.
Asamblea Nacional oficialista aprueba la Ley de Fiscalización de las ONG
“Hay dos niveles de multa, pero ambos son confiscatorios", señaló el defensor de derechos humanos. Asimismo, ejemplificó que si la multa fuera de 500 dólares, esa cantidad es impagable para el 90 % de las ONG venezolanas, lo que se traduciría en el cierre de todas.
“Este tipo de multas se impone por el incumplimiento de deberes formales, es decir, al entregar algún documento y hay una fotocopia que salió mal. Por ello, me pueden sancionar bajo este concepto", añadió.
Daniels recalcó que estas medidas son graves, pues no pagar las multas llevaría directamente a la disolución de la organización. Para la ONG Acceso a la Justicia, esta ley es llamada antisociedad.
-. El segundo incumplimiento es sancionado con una penalización de 500 a 10.000 dólares, lo que para el abogado significa una confiscación de facto. “Ninguna organización en Venezuela puede pagar una multa, suponiendo que sea de término medio, de 5.000 dólares", afirmó.
-. La expulsión del país de las personas naturales extranjeras que formen parte de una ONG que haya incumplido con los requisitos que exige la ley es otra de las medidas que establece este instrumento legal y que fue calificada por Daniels de desproporcionada.
A su vez, el abogado destacó que este reglamento también cuenta con una carga porque se establecen disposiciones transitorias, de 90 y 180 días, que se imponen a organizaciones ya existentes. Estas deberán entregar 9 recaudos, según la ley.
Daniels mostró su preocupación en torno a la respuesta que el Estado pueda dar a las miles de ONG que consignarán estos requisitos y esperarán una respuesta. Advirtió que se verá abrumado con la cantidad de solicitudes que se van a entregar.
“Mientras tanto, las ONG estarán pendiendo de un hilo porque si no cumplen con ese requisito pueden ser objeto de multa y sabemos que la imposición de multa es el paso previo a la disolución", destacó.
Por su parte, la ONG Provea indicó que con esa ley se legaliza la persecución a la sociedad civil, que denuncia los abusos y ofrece acompañamiento a miles de víctimas de la represión, el hostigamiento y violación de derechos humanos.
“Un golpe que busca finalmente controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y el país. Violentando la independencia (fundamental) de la sociedad civil y amenazando con disoluciones y multas millonarias a las ONG que ya estamos consolidadas y cumplimos decenas de leyes e impuestos", puntualizó Provea.
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